Judicial
Envían a juicio a exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Hernández, por actos arbitrarios
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Envían a juicio a exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Hernández, por actos arbitrarios
Luego de desarrollar la audiencia preliminar, el Juzgado 4° de Instrucción decidió enviar a juicio a los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta supuestamente cometidos en el periodo que ambos fungieron como funcionarios de esa institución.
Rauda fungió como director desde el ocho de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013; mientras que Hernández, desde junio del año 2013 hasta junio del año 2017.
Ante esto, ambos pasaran a manos de uno de los Tribunales de Sentencia de San Salvador, en donde se determinará la culpabilidad o no de lo que se les imputa.
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, quienes se encuentran bajo régimen de protección con clave “Kiler” y “Ruso”, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Ambos exfuncionarios continuarán siendo procesados bajo las medidas sustitutivas con las que cuentan, es decir bajo libertad condicional.
Con respecto al delito de actos arbitrarios, la Fiscalía acusa a Rauda y a Hernández de rebasar sus facultades valiéndose de su cargo y autoridad, cada uno en sus respectivas gestiones, para dar órdenes al coordinador de la tienda institucional de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para distribuir fondos proveniente de las tiendas penitenciarias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del país.
El ministerio público les atribuyen que utilizaron en concepto del rubro de inteligencia $200,193 entre los años 2012 y 2014 para pagos que no estaban comprendidos en la ley penitenciaria, que establece que los fondos provenientes de las 21 tiendas institucionales van a ser destinados al beneficio de la población reclusa no para personas particulares.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
