Judicial
Envían a juicio a exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Hernández, por actos arbitrarios
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Envían a juicio a exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Hernández, por actos arbitrarios
Luego de desarrollar la audiencia preliminar, el Juzgado 4° de Instrucción decidió enviar a juicio a los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta supuestamente cometidos en el periodo que ambos fungieron como funcionarios de esa institución.
Rauda fungió como director desde el ocho de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013; mientras que Hernández, desde junio del año 2013 hasta junio del año 2017.
Ante esto, ambos pasaran a manos de uno de los Tribunales de Sentencia de San Salvador, en donde se determinará la culpabilidad o no de lo que se les imputa.
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, quienes se encuentran bajo régimen de protección con clave “Kiler” y “Ruso”, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Ambos exfuncionarios continuarán siendo procesados bajo las medidas sustitutivas con las que cuentan, es decir bajo libertad condicional.
Con respecto al delito de actos arbitrarios, la Fiscalía acusa a Rauda y a Hernández de rebasar sus facultades valiéndose de su cargo y autoridad, cada uno en sus respectivas gestiones, para dar órdenes al coordinador de la tienda institucional de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para distribuir fondos proveniente de las tiendas penitenciarias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del país.
El ministerio público les atribuyen que utilizaron en concepto del rubro de inteligencia $200,193 entre los años 2012 y 2014 para pagos que no estaban comprendidos en la ley penitenciaria, que establece que los fondos provenientes de las 21 tiendas institucionales van a ser destinados al beneficio de la población reclusa no para personas particulares.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.
«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.
Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
