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Envían a cuarentena a ministra Michelle Sol y viceministro Saúl Castelar por proceder de países con coronavirus
La ministra de Vivienda, Michelle Sol y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, fueron puestos en cuarentena por haber retornado a El Salvador, de México, uno de los países con alta incidencia de personas contagiadas con la mortal enfermedad de coronavirus o covid-19.
La ministra Sol confirmó que ella junto a dos miembros de su equipo de trabajo retornaron recientemente de una reunión de la OEA realizada en México, por lo que de inmediato, sin ninguna distinción o excepción, fueron llevados a cuarentena como todos.
«No les puedo decir que es una situación fácil para mí, pero es una medida necesaria para estar en vigilancia por las autoridades del ministerio de Salud y evitar el contagio de personas, si fuere el caso que diéramos positivo al coronavirus», aseveró la funcionaria.
Hace unos días viaje a México con 2 miembros de mi equipo para participar en una reunión de la OEA.
A nuestro regreso a El Salvador, ingresamos a cuarentena, como todos. No les puedo decir que es una situación fácil, pero sí que es una medida necesaria. pic.twitter.com/wsGCxwB6Uj— Michelle Sol (@misol140) March 16, 2020
Sin revelar el lugar donde se encuentra, también detalló que desde ahí da indicaciones sobre el trabajo que deben realizar en esa cartera de Estado para apoyar la emergencia por el coronavirus, «Dios bendiga nuestro país y no hay dudar que el presidente Nayib Bukele está tomando las mejores decisiones», dijo.
Otro de los funcionarios que se encuentra en cuarentena es el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, según lo dio a conocer el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
Otro que también se encuentra en cuarentena domiciliar es el cardenal, Gregorio Rosa Chávez, quien junto a una de sus colaboradoras retornaron a El Salvador procedentes de Italia.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
