ENTREGA ESPECIAL
Justicia Española condena a excoronel salvadoreño a 133 años de cárcel por matanza de jesuitas
El Tribunal Supremo de España ha confirmado la condena a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, lo que califica de “crimen de Estado”.
Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la sentencia sobre lo que denomina “auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado”.
De 78 años y con un delicado estado de salud, Montano fue condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista, los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.
A más de 31 años de la matanza
La sentencia, que llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, al que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.
Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.
Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides -único condenado en El Salvador- de ejecutar al jesuita “sin dejar testigos vivos de ello”, y pusieron bajo su mando a cuarenta soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.
Fue, deja claro el Supremo, una decisión “tan grave” como la de “ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado”, es decir, se adoptó “desde el poder establecido y utilizando ‘las armas del poder’ frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública” y que “nada pudieron hacer para defenderse”.
En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil, que les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocó especialmente en la figura de Ellacuría.
Como ocurrió con la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha dictado una contundente sentencia donde afirma que el Alto Mando utilizó “el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado”.
Pero en realidad -prosigue- lo que se perpetró fue “un auténtico asesinato con modalidad amparada en el ‘terrorismo de Estado’ para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo ‘crímenes de Estado’”.
Fue “un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa” desde el mismo momento en que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas “participó en la decisión de ordenar” asesinar tanto a Ellacuría como a los que se encontrasen allí, sin importar quienes, para que no hubiera testigos.
Las víctimas, que se encontraban durmiendo cuando fueron a asesinarlas, no tuvieron ninguna capacidad de defensa. No eran parte del conflicto armado, subraya el Supremo, de modo que el crimen “fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado” contra su vida “pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna”.
El tribunal destaca que Montano, en prisión desde 2017, estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos y señala que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él, al tiempo que rechaza que concurra la eximente de estado de necesidad o miedo insuperable.
Mientras, en El Salvador la Corte Suprema ha cerrado recientemente la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española -dictada en virtud del principio de justicia universal-. La Fiscalía ha recurrido la decisión y ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Rute Cardoso, la esposa del futbolista Diogo Jota y madre de sus tres hijos: así fue su historia de amor
Rute Cardoso, esposa del futbolista portugués Diogo Jota y madre de sus tres hijos, ha sido una figura clave en la vida del jugador del Liverpool, con quien compartió más de una década de relación. La pareja comenzó su historia de amor en 2013, cuando ambos eran estudiantes en Portugal, y desde entonces construyeron una sólida relación basada en el apoyo mutuo.
En 2017, Rute se trasladó con Jota a Inglaterra tras su fichaje por el Wolverhampton Wanderers, acompañándolo en su carrera profesional. Tras nueve años de relación, el futbolista le propuso matrimonio en 2022 y, finalmente, se casaron en junio de 2025, apenas unas semanas antes de la tragedia que acabó con su vida.
La pareja ya había formado una familia: su primer hijo nació en 2021, el segundo en 2023 y una hija en noviembre de 2024. A pesar de sus compromisos deportivos, Diogo Jota se destacó por su dedicación como padre y esposo. En una de sus últimas publicaciones, compartió un video con imágenes de su boda, acompañado por el mensaje: “Un día que nunca olvidaremos”.
El futbolista falleció este jueves 3 de julio, a los 28 años, en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Zamora, España, donde también perdió la vida su hermano menor, André Silva. La noticia ha conmocionado al mundo del deporte y ha dejado un vacío profundo en su familia y seguidores.
ENTREGA ESPECIAL
FOTOS | Se cumplen 17 años de la tragedia de la Málaga que cobró la vida de 32 personas de la iglesia Elim
Este 3 de julio se conmemoran 17 años de una de las tragedias más dolorosas provocadas por la naturaleza en la historia reciente de El Salvador: el arrastre de un autobús por la repunta del río Arenal de Monserrat, en las cercanías de la colonia La Málaga, que dejó 32 víctimas mortales.
El suceso ocurrió la noche del jueves 3 de julio de 2008, cuando un autobús con 33 miembros de la Iglesia Misión Cristiana Elim retornaba a sus hogares tras una actividad religiosa. Cerca de las 8:00 p. m., la repentina crecida del río alcanzó al vehículo, provocando que el motor se apagara y quedara a merced de la corriente.
En el bus viajaban niños, mujeres y adultos mayores. En medio del caos, dos jóvenes intentaron escapar trepando al techo del autobús, pero solo uno de ellos, Fabricio Montoya, logró sobrevivir gracias a un lazo que un vecino le lanzó desde un punto seguro.
El resto de los ocupantes fueron arrastrados por la fuerte corriente. El primer día solo se recuperaron la mitad de los cuerpos, mientras que las demás víctimas fueron encontradas en los días siguientes, en distintos puntos a lo largo del cauce del río y sus afluentes.
La tragedia de La Málaga se convirtió en un símbolo del riesgo que representan las lluvias intensas para comunidades asentadas cerca de ríos y quebradas. Años después, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante emergencias de origen natural.
Foto: Cortesía
Este 20 de junio se cumplen 15 años de la masacre del microbús en Mejicanos, uno de los ataques más atroces perpetrados por las pandillas en la historia moderna de El Salvador. En la tarde de 2010, miembros de la Mara 18 secuestraron la ruta 47, la desviaron hacia la colonia Jardín, dispararon contra los pasajeros y luego incendiaron el vehículo con gasolina, dejando a decenas atrapados.
Carlos Oswaldo Alvarado, uno de los pandilleros que incendió el microbús de la ruta 47 para vengar el asesinato de uno de sus hermanos, fue condenado a 410 años de prisión, en marzo de 2016. Foto EDH/ Archivo
La tarde se tiñó de horror: al menos 17 personas murieron calcinadas, 15 quedaron heridas —muchas con quemaduras severas de tercer grado— y otras huyeron baleadas mientras intentaban escapar. Testimonios desgarradores narran el sacrificio de madres intentando salvar a sus hijos, solo para que los agresores les dispararan impunemente .
En septiembre de 2013, el pandillero Gustavo Ernesto López Huezo fue condenado a 66 años por ser el autor intelectual de la quema del microbús con 17 personas adentro. Foto EDH/ Archivo
Foto: Cortesía
El presidente de entonces, Mauricio Funes, calificó los hechos como “terrorismo puro” y subrayó la necesidad de reforzar la seguridad nacional. Las autoridades apresaron a ocho pandilleros, incluido el autor intelectual, y tras largos juicios fueron condenados a penas mayores de 66 a 400 años de cárcel.
Foto: Cortesía
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Foto: Cortesía
Este ataque no ocurrió en el vacío, sino dentro de un ciclo de violencia entre pandillas —Mara 18 y MS‑13— que marcó a El Salvador desde los años 90, cuando esos grupos se afianzaron tras la guerra civil y las deportaciones desde Estados Unidos.
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
En los últimos 30 años, las pandillas han dejado una enorme huella de dolor: se estima que entre 1992 y 2022, El Salvador sufrió cientos de miles de asesinatos violentos, muchos directamente relacionados con estas estructuras criminales. La tasa de homicidios alcanzó un pico de más de 140 por cada 100 000 habitantes en 1995 y luego un segundo pico en 2015 con 105 por cada 100 000, sumando alrededor de 7 977 y 6 656 homicidios en esos años, respectivamente.
Hoy se cumplen 15 años de uno de los peores atentados terroristas de las maras. Les dejo el testimonio de este milagro de vida de 3 sobrevivientes. 💙
Porque hoy es tiempo de ver, oír y hablar para nunca regresar al pasado.
🔗 Video completo 👇https://t.co/J0s5znBt9b pic.twitter.com/vxsx980QE6
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) June 20, 2025
Foto: Cortesía
Desde 2019, bajo la gestión de Nayib Bukele con el Plan de Control Territorial y regímenes de excepción, las cifras de homicidios se desplomaron: de 52 por 100 000 en 2018 a menos de 8 en 2022, y un récord histórico de 114 homicidios totales en 2024 (1.9 por 100 000), el menor nivel desde los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, el contraste entre la actualidad y aquel pasado atroz no debe ocultar que la violencia estructural persiste. La imposición de Estados de excepción ha implicado arrestos masivos (más de 78 000 sospechosos detenidos entre 2022 y 2024), y ha habido denuncias por derechos humanos . La derrota visible de las pandillas plantea ahora el desafío de una seguridad sostenible y respetuosa del Estado de Derecho.
Hoy, la conciencia social exige recordar el horror de Mejicanos no como un capítulo aislado, sino como una advertencia: sin inversión en educación, reconciliación comunitaria y oportunidades, la estructura delincuencial podría resurgir. El dolor de aquellas familias –en algunos casos apelando al perdón, en otros pidiendo justicia– vive en nuestra memoria colectiva .
A 15 años, las heridas siguen abiertas. Los rostros de los 17 muertos y de sus seres cercanos piden nuevas generaciones de salvadoreños que no se acostumbren a un ambiente de miedo. La esperanza radica en un país que vea la seguridad no solo como la ausencia de violencia, sino como la presencia de oportunidades para todos.
Que este aniversario renueve el compromiso: no solo con la memoria, sino con una sociedad que impida que hechos iguales o peores vuelvan a repetirse.
