ENTREGA ESPECIAL
Justicia Española condena a excoronel salvadoreño a 133 años de cárcel por matanza de jesuitas
El Tribunal Supremo de España ha confirmado la condena a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, lo que califica de “crimen de Estado”.
Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la sentencia sobre lo que denomina “auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado”.
De 78 años y con un delicado estado de salud, Montano fue condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista, los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.
A más de 31 años de la matanza
La sentencia, que llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, al que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.
Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.
Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides -único condenado en El Salvador- de ejecutar al jesuita “sin dejar testigos vivos de ello”, y pusieron bajo su mando a cuarenta soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.
Fue, deja claro el Supremo, una decisión “tan grave” como la de “ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado”, es decir, se adoptó “desde el poder establecido y utilizando ‘las armas del poder’ frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública” y que “nada pudieron hacer para defenderse”.
En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil, que les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocó especialmente en la figura de Ellacuría.
Como ocurrió con la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha dictado una contundente sentencia donde afirma que el Alto Mando utilizó “el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado”.
Pero en realidad -prosigue- lo que se perpetró fue “un auténtico asesinato con modalidad amparada en el ‘terrorismo de Estado’ para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo ‘crímenes de Estado’”.
Fue “un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa” desde el mismo momento en que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas “participó en la decisión de ordenar” asesinar tanto a Ellacuría como a los que se encontrasen allí, sin importar quienes, para que no hubiera testigos.
Las víctimas, que se encontraban durmiendo cuando fueron a asesinarlas, no tuvieron ninguna capacidad de defensa. No eran parte del conflicto armado, subraya el Supremo, de modo que el crimen “fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado” contra su vida “pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna”.
El tribunal destaca que Montano, en prisión desde 2017, estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos y señala que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él, al tiempo que rechaza que concurra la eximente de estado de necesidad o miedo insuperable.
Mientras, en El Salvador la Corte Suprema ha cerrado recientemente la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española -dictada en virtud del principio de justicia universal-. La Fiscalía ha recurrido la decisión y ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo.
Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “El Viejo Lin”, nació en El Salvador y pasó gran parte de su juventud en Estados Unidos, hasta ser deportado en la década de los 90.
A su regreso, se convirtió en figura clave de la pandilla Barrio 18, importando desde Los Ángeles las estrategias y la cultura marera.
A inicios del siglo XXI, se posicionó como uno de los líderes más temidos, con un historial marcado por crímenes atroces, como torturas y desmembramientos, incluyendo el asesinato de una joven de 16 años, que evidenció su control brutal sobre la estructura criminal.
Desde prisión, ascendió a palabrero de los Sureños, una de las facciones más poderosas de Barrio 18, y mantuvo el mando coordinando finanzas, homicidios y extorsiones.
Incluso llegó a compartir escenario con líderes de la MS-13 al anunciar una reducción de homicidios durante la tregua entre pandillas
En ese periodo, su discurso dejó entrever una ambición inusual: el deseo de incursionar en la política.
Se presentó ante medios y mediadores como un actor dispuesto a “redimirse”, expresando su sueño de convertirse en político y representar un cambio, aunque esa aspiración nunca se concretó.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Rute Cardoso, la esposa del futbolista Diogo Jota y madre de sus tres hijos: así fue su historia de amor
Rute Cardoso, esposa del futbolista portugués Diogo Jota y madre de sus tres hijos, ha sido una figura clave en la vida del jugador del Liverpool, con quien compartió más de una década de relación. La pareja comenzó su historia de amor en 2013, cuando ambos eran estudiantes en Portugal, y desde entonces construyeron una sólida relación basada en el apoyo mutuo.
En 2017, Rute se trasladó con Jota a Inglaterra tras su fichaje por el Wolverhampton Wanderers, acompañándolo en su carrera profesional. Tras nueve años de relación, el futbolista le propuso matrimonio en 2022 y, finalmente, se casaron en junio de 2025, apenas unas semanas antes de la tragedia que acabó con su vida.
La pareja ya había formado una familia: su primer hijo nació en 2021, el segundo en 2023 y una hija en noviembre de 2024. A pesar de sus compromisos deportivos, Diogo Jota se destacó por su dedicación como padre y esposo. En una de sus últimas publicaciones, compartió un video con imágenes de su boda, acompañado por el mensaje: “Un día que nunca olvidaremos”.
El futbolista falleció este jueves 3 de julio, a los 28 años, en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Zamora, España, donde también perdió la vida su hermano menor, André Silva. La noticia ha conmocionado al mundo del deporte y ha dejado un vacío profundo en su familia y seguidores.
ENTREGA ESPECIAL
FOTOS | Se cumplen 17 años de la tragedia de la Málaga que cobró la vida de 32 personas de la iglesia Elim
Este 3 de julio se conmemoran 17 años de una de las tragedias más dolorosas provocadas por la naturaleza en la historia reciente de El Salvador: el arrastre de un autobús por la repunta del río Arenal de Monserrat, en las cercanías de la colonia La Málaga, que dejó 32 víctimas mortales.
El suceso ocurrió la noche del jueves 3 de julio de 2008, cuando un autobús con 33 miembros de la Iglesia Misión Cristiana Elim retornaba a sus hogares tras una actividad religiosa. Cerca de las 8:00 p. m., la repentina crecida del río alcanzó al vehículo, provocando que el motor se apagara y quedara a merced de la corriente.
En el bus viajaban niños, mujeres y adultos mayores. En medio del caos, dos jóvenes intentaron escapar trepando al techo del autobús, pero solo uno de ellos, Fabricio Montoya, logró sobrevivir gracias a un lazo que un vecino le lanzó desde un punto seguro.
El resto de los ocupantes fueron arrastrados por la fuerte corriente. El primer día solo se recuperaron la mitad de los cuerpos, mientras que las demás víctimas fueron encontradas en los días siguientes, en distintos puntos a lo largo del cauce del río y sus afluentes.
La tragedia de La Málaga se convirtió en un símbolo del riesgo que representan las lluvias intensas para comunidades asentadas cerca de ríos y quebradas. Años después, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante emergencias de origen natural.
