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En 2024, solo 18 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego
Durante la presentación del informe final de las acciones ejecutadas por el Gabinete de Seguridad Ampliado en el 2024, las autoridades detallaron que gracias a la detención de los más de 84,260 pandilleros a quienes les han decomisado 4,548 armas de fuego, durante toda la ejecución del régimen de excepción, los homicidios cometidos con este tipo de arma registraron una baja considerable en todo el año.
Según los reportes de las autoridades, de los 114 homicidios registrados durante todo el 2024 solo el 18 % (21) fueron ejecutados con armas de fuego, cifra que contrasta a la de años anteriores cuando entre un 80 % y un 90 % eran cometidos con este tipo de armas.
«La implementación del régimen de excepción cambió el arma que utilizaban para cometer los homicidios y en el pasado lo que más utilizaban, más del 80 % de los homicidios se cometían con armas de fuego, a partir del régimen de excepción les hemos capturado 4,548 armas de fuego a los delincuentes y ahora vemos como los homicidios que se han cometido, esos 114 homicidios que se cometieron el año recién pasado ya no son mayormente cometidos con armas de fuego», señaló el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Las estadísticas, presentadas por el Gabinete de Seguridad Ampliado detallan que el arma más utilizada para cometer homicidios en el 2024 fue el arma blanca con 40 % (46 asesinatos), seguida del arma contundente, 24 % (27), y en tercer lugar las armas de fuego con 18 % (21 homicidios), mientras que otro 18 % (20) fueron ejecutados con otro tipo de arma.
Al comparar con otros años, la baja de homicidios cometidos con armas de fuego es más notoria. Por ejemplo, en el 2023, de los 154 asesinatos registrados, el 35 % (54) fueron cometidos con arma de fuego, el 34 % (52) fueron ejecutados con arma blanca, mientras que, el 20 % (31) con arma contundente, el 4 % (6) con otro tipo de arma y el 7 % (11) no se determinó el tipo de arma que se utilizó para ser ejecutado.
Por su parte, de los 495 homicidios reportados en el 2022, el 61 % (302) fueron cometidos con arma de fuego, el 24 % (120) fueron ejecutados con arma blanca, el 9 % (44) fueron cometidos con arma contundente, el 5 % (26) con otro tipo de arma y el 1 % (3) no se determinó con que tipo de arma fue ejecutado.
«Esto, nos indica, que la eficacia del régimen de excepción ha sido tal, que ha permitido a nuestro país, ubicarnos ya, como el país más seguro en el hemisferio occidental con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 1.9 y que también las aspiraciones de nuestro señor presidente y de todo el Gabinete de Seguridad es, convertir a nuestro país en el país más seguro del mundo», señaló Merino Monroy.
DIFERENCIA ABISMAL
Al comparar el uso de las armas de fuego para cometer homicidios entre 2024 con años en los que gobernaba ARENA y el FMLN entre 1999 y 2016, la diferencia entre las estadísticas es abismal.
De acuerdo con los informes de la Policía Nacional Civil, entre 1999 y 2009, en más del 76 % de los homicidios cometidos se utilizaron armas de fuego. En esos años, diversos estudios también indican que entre el 70 y el 80% de los crímenes contra la vida eran cometidos por pandilleros.
Las estadísticas del ministerio de Defensa, dan cuenta que para el 2009 se estimaba que en el país circulaban entre 450,000 y 500,000 armas de fuego, más del 60 % eran ilegales. Estas armas habrían sido utilizadas durante el periodo 1999-2009 para cometer más del 76 % del total de homicidios reportados para el 2009.
Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), en el 2010 se reportaron un total de 3,985 muertes a causa de la violencia, de estos, el 73.35 % (2,906) fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego. La edad de la mayoría de las víctimas osciló entre los 18 y los 30 años; 3,420 eran hombres y 562 mujeres, lo que arroja porcentajes del 85.82 % y el 14.10 % respectivamente, el resto, fueron menores de edad.
En el 2015, durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, las autoridades reportaron un total de 6,650 homicidios, más del 90 % de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. En 2015, El Salvador fue catalogado como el más peligroso del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Para el 2016, la cifra de homicidios cometidos con arma de fuego se redujo en un 10 %, con respecto a 2015, de las 5,280 muertes a causa de la violencia, el 80.9 % (4,274) fueron ejecutados con arma de fuego.
MÁS DE 21 MIL CELULARES HAN SIDO DECOMISADOS A LAS PANDILLAS
Desde marzo del 2022 al 31 de diciembre de 2024, durante el régimen de excepción, las autoridades han logrado debilitar a las pandillas con la incautación de 10,438 vehículos, más de 21,616 celulares y 4,548 armas de fuego.
«Los 84,260 pandilleros que andaban en las calles, utilizaban vehículos para cometer los delitos, y a partir del régimen de excepción a la fecha se les han decomisado 10,438, los cuales ya, no pueden utilizar para seguir cometiendo sus fechorías y esto, obviamente es lo que vino a mejorar la situación de seguridad en los salvadoreños», detalló el ministro de Defensa.
El funcionario de Defensa agregó «todos sabemos que a través del uso de los teléfonos celulares también ordenaban los asesinatos, coordinaban para cometer asesinatos y por esa razón también, nos enfocamos en quitarle todo aquello que los hiciera fuertes a los pandilleros y de esa manera les hemos decomisado 21,616 teléfonos celulares, con los cuales dejaron ya, de hacer esas coordinaciones».
El régimen inició el 27 de marzo de 2022 cuando, el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a los legisladores aprobar la medida constitucional tras una ola de homicidios perpetrados por pandilleros entre el 25 y el 27 de marzo de dicho año, que ascendió a 87 crímenes contra la vida, en tres años, la medida ha contribuido a la baja sostenida de asesinatos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
