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En 2024, solo 18 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego
Durante la presentación del informe final de las acciones ejecutadas por el Gabinete de Seguridad Ampliado en el 2024, las autoridades detallaron que gracias a la detención de los más de 84,260 pandilleros a quienes les han decomisado 4,548 armas de fuego, durante toda la ejecución del régimen de excepción, los homicidios cometidos con este tipo de arma registraron una baja considerable en todo el año.
Según los reportes de las autoridades, de los 114 homicidios registrados durante todo el 2024 solo el 18 % (21) fueron ejecutados con armas de fuego, cifra que contrasta a la de años anteriores cuando entre un 80 % y un 90 % eran cometidos con este tipo de armas.
«La implementación del régimen de excepción cambió el arma que utilizaban para cometer los homicidios y en el pasado lo que más utilizaban, más del 80 % de los homicidios se cometían con armas de fuego, a partir del régimen de excepción les hemos capturado 4,548 armas de fuego a los delincuentes y ahora vemos como los homicidios que se han cometido, esos 114 homicidios que se cometieron el año recién pasado ya no son mayormente cometidos con armas de fuego», señaló el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Las estadísticas, presentadas por el Gabinete de Seguridad Ampliado detallan que el arma más utilizada para cometer homicidios en el 2024 fue el arma blanca con 40 % (46 asesinatos), seguida del arma contundente, 24 % (27), y en tercer lugar las armas de fuego con 18 % (21 homicidios), mientras que otro 18 % (20) fueron ejecutados con otro tipo de arma.
Al comparar con otros años, la baja de homicidios cometidos con armas de fuego es más notoria. Por ejemplo, en el 2023, de los 154 asesinatos registrados, el 35 % (54) fueron cometidos con arma de fuego, el 34 % (52) fueron ejecutados con arma blanca, mientras que, el 20 % (31) con arma contundente, el 4 % (6) con otro tipo de arma y el 7 % (11) no se determinó el tipo de arma que se utilizó para ser ejecutado.
Por su parte, de los 495 homicidios reportados en el 2022, el 61 % (302) fueron cometidos con arma de fuego, el 24 % (120) fueron ejecutados con arma blanca, el 9 % (44) fueron cometidos con arma contundente, el 5 % (26) con otro tipo de arma y el 1 % (3) no se determinó con que tipo de arma fue ejecutado.
«Esto, nos indica, que la eficacia del régimen de excepción ha sido tal, que ha permitido a nuestro país, ubicarnos ya, como el país más seguro en el hemisferio occidental con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 1.9 y que también las aspiraciones de nuestro señor presidente y de todo el Gabinete de Seguridad es, convertir a nuestro país en el país más seguro del mundo», señaló Merino Monroy.
DIFERENCIA ABISMAL
Al comparar el uso de las armas de fuego para cometer homicidios entre 2024 con años en los que gobernaba ARENA y el FMLN entre 1999 y 2016, la diferencia entre las estadísticas es abismal.
De acuerdo con los informes de la Policía Nacional Civil, entre 1999 y 2009, en más del 76 % de los homicidios cometidos se utilizaron armas de fuego. En esos años, diversos estudios también indican que entre el 70 y el 80% de los crímenes contra la vida eran cometidos por pandilleros.
Las estadísticas del ministerio de Defensa, dan cuenta que para el 2009 se estimaba que en el país circulaban entre 450,000 y 500,000 armas de fuego, más del 60 % eran ilegales. Estas armas habrían sido utilizadas durante el periodo 1999-2009 para cometer más del 76 % del total de homicidios reportados para el 2009.
Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), en el 2010 se reportaron un total de 3,985 muertes a causa de la violencia, de estos, el 73.35 % (2,906) fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego. La edad de la mayoría de las víctimas osciló entre los 18 y los 30 años; 3,420 eran hombres y 562 mujeres, lo que arroja porcentajes del 85.82 % y el 14.10 % respectivamente, el resto, fueron menores de edad.
En el 2015, durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, las autoridades reportaron un total de 6,650 homicidios, más del 90 % de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. En 2015, El Salvador fue catalogado como el más peligroso del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Para el 2016, la cifra de homicidios cometidos con arma de fuego se redujo en un 10 %, con respecto a 2015, de las 5,280 muertes a causa de la violencia, el 80.9 % (4,274) fueron ejecutados con arma de fuego.
MÁS DE 21 MIL CELULARES HAN SIDO DECOMISADOS A LAS PANDILLAS
Desde marzo del 2022 al 31 de diciembre de 2024, durante el régimen de excepción, las autoridades han logrado debilitar a las pandillas con la incautación de 10,438 vehículos, más de 21,616 celulares y 4,548 armas de fuego.
«Los 84,260 pandilleros que andaban en las calles, utilizaban vehículos para cometer los delitos, y a partir del régimen de excepción a la fecha se les han decomisado 10,438, los cuales ya, no pueden utilizar para seguir cometiendo sus fechorías y esto, obviamente es lo que vino a mejorar la situación de seguridad en los salvadoreños», detalló el ministro de Defensa.
El funcionario de Defensa agregó «todos sabemos que a través del uso de los teléfonos celulares también ordenaban los asesinatos, coordinaban para cometer asesinatos y por esa razón también, nos enfocamos en quitarle todo aquello que los hiciera fuertes a los pandilleros y de esa manera les hemos decomisado 21,616 teléfonos celulares, con los cuales dejaron ya, de hacer esas coordinaciones».
El régimen inició el 27 de marzo de 2022 cuando, el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a los legisladores aprobar la medida constitucional tras una ola de homicidios perpetrados por pandilleros entre el 25 y el 27 de marzo de dicho año, que ascendió a 87 crímenes contra la vida, en tres años, la medida ha contribuido a la baja sostenida de asesinatos.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
Principal
Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
