Nacionales
En 2024, solo 18 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego
Durante la presentación del informe final de las acciones ejecutadas por el Gabinete de Seguridad Ampliado en el 2024, las autoridades detallaron que gracias a la detención de los más de 84,260 pandilleros a quienes les han decomisado 4,548 armas de fuego, durante toda la ejecución del régimen de excepción, los homicidios cometidos con este tipo de arma registraron una baja considerable en todo el año.
Según los reportes de las autoridades, de los 114 homicidios registrados durante todo el 2024 solo el 18 % (21) fueron ejecutados con armas de fuego, cifra que contrasta a la de años anteriores cuando entre un 80 % y un 90 % eran cometidos con este tipo de armas.
«La implementación del régimen de excepción cambió el arma que utilizaban para cometer los homicidios y en el pasado lo que más utilizaban, más del 80 % de los homicidios se cometían con armas de fuego, a partir del régimen de excepción les hemos capturado 4,548 armas de fuego a los delincuentes y ahora vemos como los homicidios que se han cometido, esos 114 homicidios que se cometieron el año recién pasado ya no son mayormente cometidos con armas de fuego», señaló el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Las estadísticas, presentadas por el Gabinete de Seguridad Ampliado detallan que el arma más utilizada para cometer homicidios en el 2024 fue el arma blanca con 40 % (46 asesinatos), seguida del arma contundente, 24 % (27), y en tercer lugar las armas de fuego con 18 % (21 homicidios), mientras que otro 18 % (20) fueron ejecutados con otro tipo de arma.
Al comparar con otros años, la baja de homicidios cometidos con armas de fuego es más notoria. Por ejemplo, en el 2023, de los 154 asesinatos registrados, el 35 % (54) fueron cometidos con arma de fuego, el 34 % (52) fueron ejecutados con arma blanca, mientras que, el 20 % (31) con arma contundente, el 4 % (6) con otro tipo de arma y el 7 % (11) no se determinó el tipo de arma que se utilizó para ser ejecutado.
Por su parte, de los 495 homicidios reportados en el 2022, el 61 % (302) fueron cometidos con arma de fuego, el 24 % (120) fueron ejecutados con arma blanca, el 9 % (44) fueron cometidos con arma contundente, el 5 % (26) con otro tipo de arma y el 1 % (3) no se determinó con que tipo de arma fue ejecutado.
«Esto, nos indica, que la eficacia del régimen de excepción ha sido tal, que ha permitido a nuestro país, ubicarnos ya, como el país más seguro en el hemisferio occidental con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 1.9 y que también las aspiraciones de nuestro señor presidente y de todo el Gabinete de Seguridad es, convertir a nuestro país en el país más seguro del mundo», señaló Merino Monroy.
DIFERENCIA ABISMAL
Al comparar el uso de las armas de fuego para cometer homicidios entre 2024 con años en los que gobernaba ARENA y el FMLN entre 1999 y 2016, la diferencia entre las estadísticas es abismal.
De acuerdo con los informes de la Policía Nacional Civil, entre 1999 y 2009, en más del 76 % de los homicidios cometidos se utilizaron armas de fuego. En esos años, diversos estudios también indican que entre el 70 y el 80% de los crímenes contra la vida eran cometidos por pandilleros.
Las estadísticas del ministerio de Defensa, dan cuenta que para el 2009 se estimaba que en el país circulaban entre 450,000 y 500,000 armas de fuego, más del 60 % eran ilegales. Estas armas habrían sido utilizadas durante el periodo 1999-2009 para cometer más del 76 % del total de homicidios reportados para el 2009.
Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), en el 2010 se reportaron un total de 3,985 muertes a causa de la violencia, de estos, el 73.35 % (2,906) fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego. La edad de la mayoría de las víctimas osciló entre los 18 y los 30 años; 3,420 eran hombres y 562 mujeres, lo que arroja porcentajes del 85.82 % y el 14.10 % respectivamente, el resto, fueron menores de edad.
En el 2015, durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, las autoridades reportaron un total de 6,650 homicidios, más del 90 % de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. En 2015, El Salvador fue catalogado como el más peligroso del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Para el 2016, la cifra de homicidios cometidos con arma de fuego se redujo en un 10 %, con respecto a 2015, de las 5,280 muertes a causa de la violencia, el 80.9 % (4,274) fueron ejecutados con arma de fuego.
MÁS DE 21 MIL CELULARES HAN SIDO DECOMISADOS A LAS PANDILLAS
Desde marzo del 2022 al 31 de diciembre de 2024, durante el régimen de excepción, las autoridades han logrado debilitar a las pandillas con la incautación de 10,438 vehículos, más de 21,616 celulares y 4,548 armas de fuego.
«Los 84,260 pandilleros que andaban en las calles, utilizaban vehículos para cometer los delitos, y a partir del régimen de excepción a la fecha se les han decomisado 10,438, los cuales ya, no pueden utilizar para seguir cometiendo sus fechorías y esto, obviamente es lo que vino a mejorar la situación de seguridad en los salvadoreños», detalló el ministro de Defensa.
El funcionario de Defensa agregó «todos sabemos que a través del uso de los teléfonos celulares también ordenaban los asesinatos, coordinaban para cometer asesinatos y por esa razón también, nos enfocamos en quitarle todo aquello que los hiciera fuertes a los pandilleros y de esa manera les hemos decomisado 21,616 teléfonos celulares, con los cuales dejaron ya, de hacer esas coordinaciones».
El régimen inició el 27 de marzo de 2022 cuando, el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a los legisladores aprobar la medida constitucional tras una ola de homicidios perpetrados por pandilleros entre el 25 y el 27 de marzo de dicho año, que ascendió a 87 crímenes contra la vida, en tres años, la medida ha contribuido a la baja sostenida de asesinatos.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
