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Empresarios costarricenses interesados en proyectos de construcción del Gobierno
El sector de la construcción de Costa Rica respondió al llamado del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para conocer sobre más de 200 proyectos de infraestructura que ejecutará en el 2024 la Dirección de Obras Municipales, con la cooperación internacional.
En un encuentro realizado este lunes 4 de diciembre, en San José, delegados de la DOM presentaron un portafolio de proyectos de cooperación que se ejecutarán el próximo año que beneficiará a miles de salvadoreños.
Los costarricenses felicitaron al Gobierno por este tipo de iniciativas ya que no solo fomentan la participación de empresarios internacionales sino también evidencia “la apertura e inteligencia que tiene el Presidente Bukele” por impulsar el desarrollo a El Salvador.
“Sumando esfuerzos, sobre todo de empresarios internacionales, de alguna manera uno puede tratar de garantizar una mejor calidad y una mejor eficiencia en los procesos de licitación y de ejecución de proyectos”, resaltó el empresario Miguel Díaz.
Llegamos a nuestra hermana República de Costa Rica, donde este día presentaremos a empresarios de la construcción nuestro portafolio de proyectos de cooperación que ejecutaremos en 2024.🇸🇻🇨🇷
¡Juntos transformamos realidades #EnLaDirecciónCorrecta!😀 pic.twitter.com/dEGrJxxzU0
— Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) December 4, 2023
El arquitecto Víctor Jiménez, representante de la DOM, expuso sobre los más de 200 proyectos de infraestructura que serán ejecutados próximamente con fondos de préstamos otorgados por organismos de cooperación como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Alemana-KfW.
La DOM, creada hace menos de dos años por el Presidente Nayib Bukele, tiene presencia territorial en los 262 municipios del país con obras de desarrollo que están cambiando la vida de miles de salvadoreños.
Entre otros, se ejecutan obras de infraestructura como mercados, escuelas, unidades de salud, construcción de pozos de agua potable, el Plan Nacional de Bacheo y el programa de mejoramiento de calles rurales de manera transparente y eficaz.
En alianza con los organismos de cooperación internacional y cumpliendo normativas, también se están realizando procesos de licitación para la construcción de mercados regionales y escuelas públicas, proyectos de agua potable y saneamiento con el objetivo de impulsar el comercio, turismo, educación y convivencia ciudadana, una oportunidad de inversión para empresas de la construcción en América Latina.
Bajo el Préstamo No 8948-SV del Banco Mundial, se licitan dos grandes mercados municipales ubicados en los departamentos de Santa Ana (zona occidental) y San Miguel (zona oriental). Además, 193 proyectos están en camino de licitación para que las empresas puedan presentar ofertas bajo los lineamientos de dicha entidad financiera.
En cuanto al BID, más de 60 centros escolares públicos serán remodelados, reconstruidos y se ampliarán para beneficiar a más niños, niñas y adolescentes realicen sus clases en excelentes instalaciones e insumos educativos.
Finalmente, con fondos de KfW-Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, se desarrollarán Centros Integrales de Convivencia Ciudadana (CICC) y centros deportivos en otros departamentos de El Salvador
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
