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El Salvador sin registro de homicidios en el Día Internacional de la Mujer
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ayer, 8 de marzo, el país no registró homicidios a escala nacional, un logro atribuido siempre al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
«Finalizamos el miércoles 8 de marzo con 0 homicidios en el país», reiteró la policía desde sus redes sociales.
Finalizamos el miércoles 08 de marzo, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/DjH0FGwQ59
— PNC El Salvador (@PNCSV) March 9, 2023
Tras cumplirse ocho días del presente mes, El Salvador suma cinco con cero homicidios.
El 2023 se perfila como uno de los años más seguros, según con la PNC. En específico, enero del presente año destaca como el más seguro en 201 años de historia de El Salvador, cerrando con 11 homicidios.
Mientras que febrero presenta una reducción del 70 % en el índice de homicidios en comparación al mismo período (primera quincena del mes) del año pasado en donde se registraron cifras de hasta 14 muertes a causa de la violencia al día.
Cabe mencionar que luego de la implementación de ambas estrategias, por parte del Gobierno de El Salvador, el promedio diario de homicidios de enero de este año fue de 0.3, en tanto que en nueve meses del régimen de excepción fue entre 0.5 y 0.6, lo que significa cerca de un 50 % en la reducción diaria sostenida a escala nacional.
De igual forma, más de 65,000 terroristas ya fueron capturados gracias al PCT y al régimen de excepción, de acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública al solicitar ante la Asamblea una nueva prórroga del régimen de excepción.
Asimismo, el Gobierno de El Salvador implementó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad que desde 2019 ha logrado una reducción sostenible e histórica, además de la disminución de otros delitos de alto impacto que por décadas agobiaron a la población honrada.
Hasta el momento, un total de 2,000 terroristas ya fueron trasladados de diferentes penales a la megacárcel situada en Tecoluca, San Vicente.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
