Nacionales
El Salvador, en el nivel más bajo de percepción sobre corrupción en Latinoamérica
Solo un 4 % de la población salvadoreña ve la corrupción como el principal problema que afecta actualmente al país, reveló ayer la firma encuestadora CID Gallup, que colocó a El Salvador en el último puesto de 13 naciones latinoamericanas donde se desarrolló el sondeo sobre percepción ciudadana.
Actualmente, expresidentes de los partidos ARENA y FMLN son investigados y procesados por actos de corrupción cometidos durante sus administraciones, ya sea por ellos o sus funcionarios, constituyéndose en uno de los principales problemas de sus gobiernos, que en algunos casos se tradujeron en pérdidas millonarias para el Estado salvadoreño.
Los expresidentes areneros Francisco Flores y Antonio Saca fueron acusados por la Fiscalía de actos de corrupción en sus gobiernos, al igual que los exgobernantes efemelenistas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Estos dos últimos son prófugos. Pero bajo la administración del presidente Nayib Bukele el escenario es distinto, a pesar de que la oposición política busca desestimar los avances en esta materia, queriendo tapar la corrupción cometida en los gobiernos anteriores.
Al conocer los resultados de la en cuesta, el mandatario salvadoreño publicó en Twitter: «El dinero alcanza cuando nadie roba».
Es Perú, envuelto en una crisis política y social, el país que encabeza la lista sobre percepción de la corrupción como principal problema, con 61 % de opinión ciudadana que así lo considera.
Le siguen Colombia, con 44 %, y Guatemala, con 40 %, para completar los primeros tres lugares. Mientras que en los últimos tres lugares se ubican México (21 %), Chile (14 %) y El Salvador, con un lejano 4 %.
El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, valoró positivamente que la corrupción en El Salvador ya no sea una problemática, como destaca el sondeo de CID Gallup.
«Sin comentarios», escribió ayer Ulloa en Twitter, y acompañó el mensaje con la tabulación de los datos de los 13 países evaluados.
El dinero alcanza cuando nadie roba. https://t.co/glJNaHc5Qr
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 23, 2023
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, retomó los datos de la encuesta para hacer un recuento: «Sin Fodes, sin maletines negros, sin pesos ni contrapesos, sin sobresueldos, sin treguas, sin plazas fantasmas, sin Lorena Peña, sin Rodolfo Párker, sin Margarita Escobar…».
El comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, comentó: «Erradicando los lastres que nos limitaban aspirar al desarrollo. Ya salimos de la lista de los países más peligrosos del mundo y ahora también en corrupción».
En audiencia única abierta realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República solicito 60 años de prisión para Carlos Javier Vásquez Amaya, máximo cabecilla de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que delinquía en tres distritos del municipio Cuscatlán Sur.
Vásquez Amaya, era corredor de esa célula territorial que se desprende del denominado programa Cabañas de la Mara Salvatrucha, tenía bajo su mando a 65 pandilleros considerados «homeboys» para quienes el ministerio público solicitó en los alegatos finales que sean sentenciados a 40 años de cárcel.
El ministerio público ha pedido que se les aplique la reformada Ley contra el Crimen Organizado que ordena a los jueces condenar hasta con 60 años a los cabecillas y financistas de las pandillas y penas de 30 y 40 años a los miembros activos.
Los 66 terroristas enfrentaron la audiencia única por agrupaciones ilícitas, la normativa salvadoreña establece que ese delito aplica a quienes sean parte de una pandilla.
Durante una semana la Fiscalía incorporó prueba documental, testimonial y pericial. Un testigo con régimen de protección tras llegar a rendir su declaración confirmó la función y rol que desempañaba cada uno de los mareros para ejecutar hechos delictivos.
Para acreditar la pertenencia a la Mara Salvatrucha, el fiscal del caso dijo que se ofreció análisis de interpretación de tatuajes, que vincula a los imputados a la Mara Salvatrucha.
En las pesquisas que policías y fiscales efectuaron quedó acreditado que los enjuiciados estuvieron delinquiendo en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario, municipio de Cuscatlán Sur.
Todos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022.
Durante un patrullaje de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil fue capturado Edson Vladimir Méndez Cubías, de 30 años, quien llevaba consigo 47 porciones de cocaína.
De acuerdo a la versión policial en la red social X, el sujeto fue intervenido en el cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este.
La corporación detalla que el sujeto fue abordado «al notarlo con apariencia sospechosa» y durante el registro se le encontraron «las porciones de cocaína en una bolsa trasera del short».
La PNC indicó que esta acción fue ejecutada dentro del Plan Control Territorial y el ahora detenido será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, condenó a seis años de cárcel a Kevin Stanley Bonilla Sánchez por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El vendedor de droga fue arrestado la noche del 18 de enero de 2025 en el parqueo de un centro comercial localizado en Lourdes, Colón, municipio La Libertad Oeste.
El imputado fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada, quienes al verlo de forma sospechosa lo abordaron y al regístrarlo le hallaron 26 gramos de marihuana, con un precio de $98.
En el fallo emitido por el tribunal se estableció que además de los gramos de droga incautados, en el teléfono celular confiscado, le hallaron audios, imágenes y mensajes que evidenciaron su participación en la venta de estupefacientes.
La obtención de esos elementos de prueba se logró mediante un vaciado de información, esa pericia complementó la acusación por el decomiso de la droga.
Al final el tribunal resolvió que las pruebas testimoniales y digitales eran suficientes para emitir un fallo condenatorio para el vendedor de droga capturado cometiendo el delito.
