Nacionales
El Salvador, en el nivel más bajo de percepción sobre corrupción en Latinoamérica
Solo un 4 % de la población salvadoreña ve la corrupción como el principal problema que afecta actualmente al país, reveló ayer la firma encuestadora CID Gallup, que colocó a El Salvador en el último puesto de 13 naciones latinoamericanas donde se desarrolló el sondeo sobre percepción ciudadana.
Actualmente, expresidentes de los partidos ARENA y FMLN son investigados y procesados por actos de corrupción cometidos durante sus administraciones, ya sea por ellos o sus funcionarios, constituyéndose en uno de los principales problemas de sus gobiernos, que en algunos casos se tradujeron en pérdidas millonarias para el Estado salvadoreño.
Los expresidentes areneros Francisco Flores y Antonio Saca fueron acusados por la Fiscalía de actos de corrupción en sus gobiernos, al igual que los exgobernantes efemelenistas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Estos dos últimos son prófugos. Pero bajo la administración del presidente Nayib Bukele el escenario es distinto, a pesar de que la oposición política busca desestimar los avances en esta materia, queriendo tapar la corrupción cometida en los gobiernos anteriores.
Al conocer los resultados de la en cuesta, el mandatario salvadoreño publicó en Twitter: «El dinero alcanza cuando nadie roba».
Es Perú, envuelto en una crisis política y social, el país que encabeza la lista sobre percepción de la corrupción como principal problema, con 61 % de opinión ciudadana que así lo considera.
Le siguen Colombia, con 44 %, y Guatemala, con 40 %, para completar los primeros tres lugares. Mientras que en los últimos tres lugares se ubican México (21 %), Chile (14 %) y El Salvador, con un lejano 4 %.
El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, valoró positivamente que la corrupción en El Salvador ya no sea una problemática, como destaca el sondeo de CID Gallup.
«Sin comentarios», escribió ayer Ulloa en Twitter, y acompañó el mensaje con la tabulación de los datos de los 13 países evaluados.
El dinero alcanza cuando nadie roba. https://t.co/glJNaHc5Qr
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 23, 2023
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, retomó los datos de la encuesta para hacer un recuento: «Sin Fodes, sin maletines negros, sin pesos ni contrapesos, sin sobresueldos, sin treguas, sin plazas fantasmas, sin Lorena Peña, sin Rodolfo Párker, sin Margarita Escobar…».
El comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, comentó: «Erradicando los lastres que nos limitaban aspirar al desarrollo. Ya salimos de la lista de los países más peligrosos del mundo y ahora también en corrupción».
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
