Nacionales
Efectividad del Plan Control Territorial concretó histórico decomiso de droga en la costa salvadoreña
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la ejecución del Plan Control Territorial, continúa priorizando la seguridad y la tranquilidad de los salvadoreños con acciones que detienen el accionar de la delincuencia organizada, dedicada al narcotráfico, lo que permite salvaguardar la vida de más ciudadanos.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) verificaron la llegada de los paquetes que contienen 4,156 kilos de cocaína, en la Capitanía del Puerto Concordia, en la Costa del Sol, La Paz; el cargamento está valorado aproximadamente en $103 millones, y fue incautada el pasado 27 de diciembre a más de 400 millas náuticas al sur de Punta Remedios, Acajutla.
La incautación de la droga es histórica para el país, ya que es la de mayor valor y volumen reportada por las autoridades del Gobierno, El ministro Gustavo Villatoro explicó que solo en el territorio nacional, durante el año 2021 se incautó 1,871 kilos de cocaína, sin contar con el cargamento entregado este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR).
El decomiso de la droga fue realizado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de El Salvador, que mantiene el control del mar territorial salvadoreño. La droga era transportada en dos LPV (Low Profile Vessel). Una de las embarcaciones estaba a 406 millas náuticas (751 km) y la otra a 430 millas náuticas (796 km) al sur de Punta Remedios, Acajutla, en la zona occidental del país.
“Estamos ante el decomiso más grande de cocaína que se ha hecho bajo el Plan Control Territorial, que es el resultado del esfuerzo efectivo y eficaz de las distintas instituciones de seguridad, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR). Vamos a seguir resolviendo crímenes y poder construir ese El Salvador que todos nos merecemos”, manifestó el ministro de Seguridad.
Durante la gestión del Presidente Bukele, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 55 extranjeros por cargos relacionados con el narcotráfico. Solo en esta incautación fueron detenidas siete personas, dos de origen ecuatoriano y cinco de nacionalidad colombiana.
Durante el año 2021 se han decomisado 11.7 toneladas de droga con un valor estimado de $273 millones. El ministro de Defensa destacó que esta es la primera vez que como país y Fuerza Naval se ubican dos embarcaciones LPV en un mismo proceso, lo que coloca al país en el top 5 de países que luchan contra el narcotráfico.
“Es importante hacer notar el trabajo extremadamente coordinado e integrado entre varias instituciones, pero en este caso los que más destaca es la Policía Nacional Civil (PNC) y la FGR, que, sin el aporte y apoyo de ellos, y lo que hace la Fuerza Armada, sería imposible tener estos éxitos en que se están teniendo ”, añadió el ministro castrense.
El Gobierno del Presidente Bukele ha triplicado todos los decomisos de droga que se venían haciendo en años anteriores, demostrando su compromiso de combatir esta problemática y garantizar la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños, a través del resultado del Plan Control Territorial que dirige el Presidente de la República.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
