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«Deberán enfrentar la justicia salvadoreña»: Presidente Bukele sobre colombianos que se dedican a actividades ilícitas
El Presidente de la República, Nayib Bukele, enfatizó este lunes que el grupo de colombianos señalados de actividades ilícitas deberán enfrentar la justicia salvadoreña como cualquier persona que no cumpla con lo establecido en la ley dentro del territorio nacional.
Estas palabras de Bukele llegaron luego de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalara que se ha dado un plazo de 72 horas para abandonar al país a más de 400 colombianos señalados de efectuar actividades para estructuras del lavado de dinero, de carteles de narcotráfico internacional.
Además, hizo énfasis en que El Salvador considera a Colombia como una nación hermana, pero que todos los que estén dentro del territorio salvadoreño deben respetar la ley o, caso contrario, enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
«Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame», publicó el mandatario tras la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.
El presidente reiteró su invitación al país a los «colombianos de bien», enfatizando los lazos de hermandad entre ambas naciones. «Invitamos a los colombianos de bien a que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Aquí tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física para ustedes y sus seres queridos; además de un país hermoso con gente amable y trabajadora. Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados “gestores de paz”, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan», publicó el mandatario.
Las autoridades de Seguridad Pública señalaron que este grupo de colombianos realiza acciones a favor del sistema «Gota a Gota», una organización criminal transnacional emergente que nació en los carteles colombianos en 1998 y que se ha colocado en diversas partes de América Latina y El Caribe.
Estos centenares de colombianos han sido señalados de cometer diversas acciones ilícitas en el país, tales como estafas, lavado de dinero, coacción y estafas informáticas. Las autoridades destacaron también que continuarán las investigaciones para determinar los hechos criminales en que estos sujetos han participado.
Ante este tipo de acciones criminales de carácter internacional, el presidente Bukele se ha expresado tajantemente condenando la forma en cómo algunos gobiernos deciden no combatir a estas estructuras, ya sea por beneficiarse de ellas o por mantener vínculos directos con las mismas.
«Casi todos los gobiernos del mundo son entre 10 y 1000 veces más fuertes que todos sus criminales combinados. La razón por la que no acaban con el crimen es porque están coludidos con él o porque se benefician de él. Tú eliges el motivo», publicó el presidente vía Twitter el pasado domingo.
El mandatario añadió: «Algunos podrían argumentar que aunque los Gobiernos son más poderosos, en realidad son más débiles porque deben respetar los derechos humanos… ¡Sí, seguro! Dígales eso a las docenas de familias asesinadas en cada edificio en Irak porque había la posibilidad de que un terrorista estuviera dentro», indicó.
Bajo el mandato de Bukele, El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a convertirse en uno de los más seguros de América, algo que se ha logrado gracias a iniciativas como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción aún vigente en El Salvador.
Durante el mandato del presidente Bukele se han contabilizado más de 400 días con cero homicidios, lo que equivale a más de un año sin asesinatos o muertes provocadas por la violencia en todo el territorio salvadoreño.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
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Capturados durante el régimen de excepción son condenados hasta con 60 años por ser pandilleros
En San Salvador, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso hasta 60 años de prisión a 57 terroristas de la Mara Salvatrucha de Chalatenango, en el inicio de un expediente colectivo iniciado contra cientos de integrantes de esa estructura que durante los próximos dos años, serán llevados ante el juez dos de esa sede para enfrentar la audiencia única abierta.
Los mareros de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de ese departamento enfrentaron los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
Según la Fiscalía General de la República, entres los condenados hay homeboys y colaboradores, quienes consumaron los delitos ejerciendo funciones que la jerarquía superior de la pandilla les asignó.
Los perfiles criminales elaborados por agentes especializados en investigación de estructuras terroristas, sirvió para ilutar al juez que durante años formaron parte de la célula criminal Hollywood.
La mayor condena fue para Carlos Antonio Chacón, alias «Discreto», por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», recibieron 45 años por agrupaciones ilícitas, ambos eran cabecillas dentro de la pandilla.
Otros 54 mareros fueron condenados a penas que van de 15 a 30 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas, posesión y tenencia de droga, así como agrupaciones ilícitas.
En el fallo el juez dijo que para emitir la condena tuvo acceso a prueba que demostró la participación criminal colectiva e individual. Por ejemplo, los tatuajes eran más que evidentes para concluir que son miembros activos de la MS, además colectivamente se dedicaban a trasladar droga y estaban bajo el mando de cabecillas de esa organización delictiva.
Hubo también herramientas especiales de investigación, entre ellas escuchas telefónicas y perfiles delincuenciales que científicamente probó que la pertenencia a la Mara Salvatrucha.
En enero de 2026, más de seis condenas de estructuras han sido emitidas por los tribunales contra el crimen organizado que abrieron audiencias únicas para comenzar a depurar los expedientes de aquellos pandilleros que según informes de la Fiscalía ya estaban listos para ser enjuiciados.
Una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2025, ordena a los jueces habilitar audiencias únicas abierta, en contra de estructuras de pandillas acusados de agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
En El Salvador, esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso junto a la Fiscalía General de la República para agilizar y depurar los expedientes iniciados la segunda semana de abril de 2022, luego de instaurarse el régimen de excepción, el 27 de marzo de ese año y que ha sido prorrogado en 47 ocasiones.
Entre el 1 16 de enero, dos tribunales contra el Crimen Organizado de San Salvador y uno de Santa Ana, han iniciado audiencias únicas abiertas y hasta han dictado condenas de hasta más de 100 años para terroristas que cometieron homicidios, privaron de libertad y desaparecieron personas. También como un delito de crimen organizado han condenado en esos expedientes masivos por el delito de extorsión agravada.
