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«Deberán enfrentar la justicia salvadoreña»: Presidente Bukele sobre colombianos que se dedican a actividades ilícitas
El Presidente de la República, Nayib Bukele, enfatizó este lunes que el grupo de colombianos señalados de actividades ilícitas deberán enfrentar la justicia salvadoreña como cualquier persona que no cumpla con lo establecido en la ley dentro del territorio nacional.
Estas palabras de Bukele llegaron luego de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalara que se ha dado un plazo de 72 horas para abandonar al país a más de 400 colombianos señalados de efectuar actividades para estructuras del lavado de dinero, de carteles de narcotráfico internacional.
Además, hizo énfasis en que El Salvador considera a Colombia como una nación hermana, pero que todos los que estén dentro del territorio salvadoreño deben respetar la ley o, caso contrario, enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
«Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame», publicó el mandatario tras la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.
El presidente reiteró su invitación al país a los «colombianos de bien», enfatizando los lazos de hermandad entre ambas naciones. «Invitamos a los colombianos de bien a que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Aquí tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física para ustedes y sus seres queridos; además de un país hermoso con gente amable y trabajadora. Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados “gestores de paz”, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan», publicó el mandatario.
Las autoridades de Seguridad Pública señalaron que este grupo de colombianos realiza acciones a favor del sistema «Gota a Gota», una organización criminal transnacional emergente que nació en los carteles colombianos en 1998 y que se ha colocado en diversas partes de América Latina y El Caribe.
Estos centenares de colombianos han sido señalados de cometer diversas acciones ilícitas en el país, tales como estafas, lavado de dinero, coacción y estafas informáticas. Las autoridades destacaron también que continuarán las investigaciones para determinar los hechos criminales en que estos sujetos han participado.
Ante este tipo de acciones criminales de carácter internacional, el presidente Bukele se ha expresado tajantemente condenando la forma en cómo algunos gobiernos deciden no combatir a estas estructuras, ya sea por beneficiarse de ellas o por mantener vínculos directos con las mismas.
«Casi todos los gobiernos del mundo son entre 10 y 1000 veces más fuertes que todos sus criminales combinados. La razón por la que no acaban con el crimen es porque están coludidos con él o porque se benefician de él. Tú eliges el motivo», publicó el presidente vía Twitter el pasado domingo.
El mandatario añadió: «Algunos podrían argumentar que aunque los Gobiernos son más poderosos, en realidad son más débiles porque deben respetar los derechos humanos… ¡Sí, seguro! Dígales eso a las docenas de familias asesinadas en cada edificio en Irak porque había la posibilidad de que un terrorista estuviera dentro», indicó.
Bajo el mandato de Bukele, El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a convertirse en uno de los más seguros de América, algo que se ha logrado gracias a iniciativas como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción aún vigente en El Salvador.
Durante el mandato del presidente Bukele se han contabilizado más de 400 días con cero homicidios, lo que equivale a más de un año sin asesinatos o muertes provocadas por la violencia en todo el territorio salvadoreño.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
