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«Deberán enfrentar la justicia salvadoreña»: Presidente Bukele sobre colombianos que se dedican a actividades ilícitas
El Presidente de la República, Nayib Bukele, enfatizó este lunes que el grupo de colombianos señalados de actividades ilícitas deberán enfrentar la justicia salvadoreña como cualquier persona que no cumpla con lo establecido en la ley dentro del territorio nacional.
Estas palabras de Bukele llegaron luego de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalara que se ha dado un plazo de 72 horas para abandonar al país a más de 400 colombianos señalados de efectuar actividades para estructuras del lavado de dinero, de carteles de narcotráfico internacional.
Además, hizo énfasis en que El Salvador considera a Colombia como una nación hermana, pero que todos los que estén dentro del territorio salvadoreño deben respetar la ley o, caso contrario, enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
«Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame», publicó el mandatario tras la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.
El presidente reiteró su invitación al país a los «colombianos de bien», enfatizando los lazos de hermandad entre ambas naciones. «Invitamos a los colombianos de bien a que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Aquí tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física para ustedes y sus seres queridos; además de un país hermoso con gente amable y trabajadora. Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados “gestores de paz”, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan», publicó el mandatario.
Las autoridades de Seguridad Pública señalaron que este grupo de colombianos realiza acciones a favor del sistema «Gota a Gota», una organización criminal transnacional emergente que nació en los carteles colombianos en 1998 y que se ha colocado en diversas partes de América Latina y El Caribe.
Estos centenares de colombianos han sido señalados de cometer diversas acciones ilícitas en el país, tales como estafas, lavado de dinero, coacción y estafas informáticas. Las autoridades destacaron también que continuarán las investigaciones para determinar los hechos criminales en que estos sujetos han participado.
Ante este tipo de acciones criminales de carácter internacional, el presidente Bukele se ha expresado tajantemente condenando la forma en cómo algunos gobiernos deciden no combatir a estas estructuras, ya sea por beneficiarse de ellas o por mantener vínculos directos con las mismas.
«Casi todos los gobiernos del mundo son entre 10 y 1000 veces más fuertes que todos sus criminales combinados. La razón por la que no acaban con el crimen es porque están coludidos con él o porque se benefician de él. Tú eliges el motivo», publicó el presidente vía Twitter el pasado domingo.
El mandatario añadió: «Algunos podrían argumentar que aunque los Gobiernos son más poderosos, en realidad son más débiles porque deben respetar los derechos humanos… ¡Sí, seguro! Dígales eso a las docenas de familias asesinadas en cada edificio en Irak porque había la posibilidad de que un terrorista estuviera dentro», indicó.
Bajo el mandato de Bukele, El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a convertirse en uno de los más seguros de América, algo que se ha logrado gracias a iniciativas como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción aún vigente en El Salvador.
Durante el mandato del presidente Bukele se han contabilizado más de 400 días con cero homicidios, lo que equivale a más de un año sin asesinatos o muertes provocadas por la violencia en todo el territorio salvadoreño.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
