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«Deberán enfrentar la justicia salvadoreña»: Presidente Bukele sobre colombianos que se dedican a actividades ilícitas
El Presidente de la República, Nayib Bukele, enfatizó este lunes que el grupo de colombianos señalados de actividades ilícitas deberán enfrentar la justicia salvadoreña como cualquier persona que no cumpla con lo establecido en la ley dentro del territorio nacional.
Estas palabras de Bukele llegaron luego de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalara que se ha dado un plazo de 72 horas para abandonar al país a más de 400 colombianos señalados de efectuar actividades para estructuras del lavado de dinero, de carteles de narcotráfico internacional.
Además, hizo énfasis en que El Salvador considera a Colombia como una nación hermana, pero que todos los que estén dentro del territorio salvadoreño deben respetar la ley o, caso contrario, enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
«Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame», publicó el mandatario tras la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.
El presidente reiteró su invitación al país a los «colombianos de bien», enfatizando los lazos de hermandad entre ambas naciones. «Invitamos a los colombianos de bien a que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Aquí tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física para ustedes y sus seres queridos; además de un país hermoso con gente amable y trabajadora. Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados “gestores de paz”, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan», publicó el mandatario.
Las autoridades de Seguridad Pública señalaron que este grupo de colombianos realiza acciones a favor del sistema «Gota a Gota», una organización criminal transnacional emergente que nació en los carteles colombianos en 1998 y que se ha colocado en diversas partes de América Latina y El Caribe.
Estos centenares de colombianos han sido señalados de cometer diversas acciones ilícitas en el país, tales como estafas, lavado de dinero, coacción y estafas informáticas. Las autoridades destacaron también que continuarán las investigaciones para determinar los hechos criminales en que estos sujetos han participado.
Ante este tipo de acciones criminales de carácter internacional, el presidente Bukele se ha expresado tajantemente condenando la forma en cómo algunos gobiernos deciden no combatir a estas estructuras, ya sea por beneficiarse de ellas o por mantener vínculos directos con las mismas.
«Casi todos los gobiernos del mundo son entre 10 y 1000 veces más fuertes que todos sus criminales combinados. La razón por la que no acaban con el crimen es porque están coludidos con él o porque se benefician de él. Tú eliges el motivo», publicó el presidente vía Twitter el pasado domingo.
El mandatario añadió: «Algunos podrían argumentar que aunque los Gobiernos son más poderosos, en realidad son más débiles porque deben respetar los derechos humanos… ¡Sí, seguro! Dígales eso a las docenas de familias asesinadas en cada edificio en Irak porque había la posibilidad de que un terrorista estuviera dentro», indicó.
Bajo el mandato de Bukele, El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a convertirse en uno de los más seguros de América, algo que se ha logrado gracias a iniciativas como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción aún vigente en El Salvador.
Durante el mandato del presidente Bukele se han contabilizado más de 400 días con cero homicidios, lo que equivale a más de un año sin asesinatos o muertes provocadas por la violencia en todo el territorio salvadoreño.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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