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Cuerpo de joven raptada y asesinada es encontrado 5 meses después en una fosa séptica
Rafael Alexander Villalta Nerio, un vigilante privado, es el principal acusado del asesinato y desaparición de Katherine Beatriz Funes Clavel, de 27 años, informó la Fiscalía General.
Ayer, el juzgado Sexto de Paz resolvió que Villalta Nerio tiene que seguir detenido porque consideró que hay suficiente prueba de su supuesta participación en el homicidio de la joven.
Ella desapareció el 4 de diciembre de 2019, cuando caminaba a su trabajo en un hotel de la calle Los Sisimiles de la colonia Miramonte, de San Salvador.
Katherine Beatríz, quien deja en la orfandad a un niño de cinco años, salió a las 5:00 de la mañana para dirigirse a su trabajo. La última vez que sus familiares supieron de ella fue cuando estaba en el bulevar de Los Héroes.
Las investigaciones fiscales establecieron que Villalta Nerio trabajaba cerca del hotel donde Katherine Beatríz estaba empleada.
El acusado habría raptado a la joven hacia el predio que cuidaba, la habría asesinado y luego desapareció el cuerpo.
Las investigaciones fiscales revelaron que Villalta Nerio utilizó el aparato celular de la joven, el 5 y 6 de diciembre de ese año, pero con el número telefónico que tenía asignado de la empresa donde laboraba.
Después de más de cinco meses de estar desaparecida, el cuerpo de Katherine Beatriz fue hallado el 21 de mayo pasado en una fosa séptica de un predio, en la intersección de la calle Los Sisimiles y bulevar de Los Héroes, según Fiscalía.
Ella fue identificada a través del examen de ADN que cotejaron con un familiar. Las autoridades fiscales informaron que tenía signos de violencia.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
