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Corte Plena declara que caso contra Enrique Rais, no es de crimen organizado, como sostuvo el Ex Fiscal General Douglas Meléndez

Según lo manifestado por el abogado del empresario Enrique Rais, ahora se podrá demostrar ante el Juez de la causa, cómo se fabricó ilegalmente el proceso contra su cliente.

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Este día se conoció que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron a fecha 25 de agosto de 2016, el conflicto de competencia que se había generado entre el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador y el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, confirmando que el caso no es competencia de los Juzgados Especializados, por no tener ninguna relación, vínculo o condición que acredite que se trata de una estructura de crimen organizado, como en su momento fue manifestado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien frecuentemente y contrario a las garantías del debido proceso, como destacaron abogados consultados, faltó a la imparcialidad de su cargo, declarando que Enrique Rais, era un criminal y acusándolo de liderar una red criminal. Motivo por el cual el empresario denunció a Meléndez, ante las autoridades en Suiza por ser víctima de una persecución penal arbitraria.

El Ex Fiscal Meléndez ha sido señalado y denunciado por ordenar a sus subalternos construir procesos penales contra personas en específico por razones políticas o intereses de empresarios competidores -una de estas personas afectadas ha sido según denuncian sus abogados: el empresario Enrique Rais- a través de pruebas falsas, pruebas adulteradas o uso de escuchas ilegales, en las que no existían autorizaciones judiciales para captar comunicaciones del empresario y se alteró un peritaje para presentar un número telefónico de otra persona, como si era el registro telefónico de un número utilizado por el Señor Rais.

La causa por la cual este proceso penal tuvo que llegar a resolverse en un conflicto de competencia, se generó en virtud que el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez; así como los Fiscales Auxiliares de esa Unidad: Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco habían insistido que se trataba de un asunto de “criminalidad organizada” lo que ha sido totalmente desconocido por la Corte Suprema de Justicia.

Con esta resolución el abogado de Enrique Rais, confirma que se va haciendo justicia, porque después de cuatro años de venir insistiendo ante los Tribunales que el caso no es de crimen organizado, ahora la Corte Plena les está dando la razón, lo que ahora facilita poder presentar ante el Juez de la causa, todas las pruebas que demuestran la forma en que se ha manipulado el caso para afectar personal y empresarialmente a Enrique Rais.

“Vamos a demostrar quiénes han estado detrás en términos financieros, en términos de manipulación de la investigación fiscal y en las acciones judiciales que han afectado de forma ilegal a nuestro representado” declaró el profesional del derecho que representa al empresario. También destacó que: “ahora podremos pedir que se indague la forma en que ilegalmente han hecho aparecer a un testigo “sin rostro”para lanzar acusaciones falsas y cómo se ocultó por el Juez 8º de Instrucción de San Salvador: Mario Mira Montes, por más de tres años, a los defensores del Señor Enrique Rais, las declaraciones de este supuesto testigo, que en realidad es un testigo criteriado, sobre el que también se ha ocultado quién fue el Juez que le otorgó el criterio de oportunidad.”

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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