Judicial
Corte Plena declara que caso contra Enrique Rais, no es de crimen organizado, como sostuvo el Ex Fiscal General Douglas Meléndez
Según lo manifestado por el abogado del empresario Enrique Rais, ahora se podrá demostrar ante el Juez de la causa, cómo se fabricó ilegalmente el proceso contra su cliente.
Este día se conoció que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron a fecha 25 de agosto de 2016, el conflicto de competencia que se había generado entre el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador y el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, confirmando que el caso no es competencia de los Juzgados Especializados, por no tener ninguna relación, vínculo o condición que acredite que se trata de una estructura de crimen organizado, como en su momento fue manifestado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien frecuentemente y contrario a las garantías del debido proceso, como destacaron abogados consultados, faltó a la imparcialidad de su cargo, declarando que Enrique Rais, era un criminal y acusándolo de liderar una red criminal. Motivo por el cual el empresario denunció a Meléndez, ante las autoridades en Suiza por ser víctima de una persecución penal arbitraria.
El Ex Fiscal Meléndez ha sido señalado y denunciado por ordenar a sus subalternos construir procesos penales contra personas en específico por razones políticas o intereses de empresarios competidores -una de estas personas afectadas ha sido según denuncian sus abogados: el empresario Enrique Rais- a través de pruebas falsas, pruebas adulteradas o uso de escuchas ilegales, en las que no existían autorizaciones judiciales para captar comunicaciones del empresario y se alteró un peritaje para presentar un número telefónico de otra persona, como si era el registro telefónico de un número utilizado por el Señor Rais.
La causa por la cual este proceso penal tuvo que llegar a resolverse en un conflicto de competencia, se generó en virtud que el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez; así como los Fiscales Auxiliares de esa Unidad: Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco habían insistido que se trataba de un asunto de “criminalidad organizada” lo que ha sido totalmente desconocido por la Corte Suprema de Justicia.
Con esta resolución el abogado de Enrique Rais, confirma que se va haciendo justicia, porque después de cuatro años de venir insistiendo ante los Tribunales que el caso no es de crimen organizado, ahora la Corte Plena les está dando la razón, lo que ahora facilita poder presentar ante el Juez de la causa, todas las pruebas que demuestran la forma en que se ha manipulado el caso para afectar personal y empresarialmente a Enrique Rais.
“Vamos a demostrar quiénes han estado detrás en términos financieros, en términos de manipulación de la investigación fiscal y en las acciones judiciales que han afectado de forma ilegal a nuestro representado” declaró el profesional del derecho que representa al empresario. También destacó que: “ahora podremos pedir que se indague la forma en que ilegalmente han hecho aparecer a un testigo “sin rostro”para lanzar acusaciones falsas y cómo se ocultó por el Juez 8º de Instrucción de San Salvador: Mario Mira Montes, por más de tres años, a los defensores del Señor Enrique Rais, las declaraciones de este supuesto testigo, que en realidad es un testigo criteriado, sobre el que también se ha ocultado quién fue el Juez que le otorgó el criterio de oportunidad.”
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
