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Judicial

Condenan a 10 años de cárcel a un sanguinario niño marero por asesinar a un jornalero en La Paz

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Una penalidad de 10 años de internamiento, deberá cumplir un adolescente, quien fue declarado responsable judicialmente, por haber establecido su participación en un homicidio, según lo confirmó esta tarde la Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidios.

El informe detalla que se trata de Henry M., quien fue llevado a la vista de la causa que desarrolló el Juzgado de Menores de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

El fiscal de la causa, confirmó que durante la audiencia presentó abundantes elementos de prueba con los cuales demostró ante el juzgador, que efectivamente el encausado fue parte de un grupo de sujetos ligados a una estructura, que cometió el crimen a finales de abril del año 2015.

El delito que se le atribuyó fue Homicidio Agravado, en perjuicio de a víctima, identificada como Margarito Jaime Cruz.

Parte de la prueba aportada, fue el relato del testigo protegido con clave “Verónica” y quien describió la forma en que atacaron a la víctima hasta causarle la muerte y finalmente lo enterraron en una fosa clandestina. Con lesiones de arma cortante y múltiples disparos de arma de fuego, fue privado de la vida Cruz, un hombre que trabajaba como corralero en esa jurisdicción.

La escena del crimen fue ubicada en terreno rústico, ubicado en el lugar conocido como “La Montaña Ayala”, del cantón San José La Zorra, en el municipio de Zacatecoluca.

Al finalizar la audiencia, el aplicador de justicia declaró la responsabilidad penal del joven en conflicto con la ley y procedió a imponerle la sanción antes descrita y la cual cumplirá en el Centro de Cumplimiento de Penas de Ilobasco.

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Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.

Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.

Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

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Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.

Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.

A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.

Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

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Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.

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