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Comisión de Antejuicio espera para próxima sesión a ex alcalde de San Salvador y a la Perito del centro de escuchas de FGR
El Ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y la Perito de la FGR, Ena Granados Ponce fueron citados por la Comisión para el 2 de diciembre del presente año
Después de haber rendido sus declaración entre otros, el periodista y miembro de la mesa editorial de El Diario de Hoy, Paolo Lüers, durante la sesión de este día, en seguimiento de las entrevistas a los testigos que fueron propuestos por la diputada fiscal de la Comisión, Rebeca Santos, para el 2 de diciembre del presente año han sido citados para rendir declaraciones, entre otros, el Ex alcalde Muyshondt y la perito de Fiscalía General de la República (FGR) Ena Maricela Granados Ponce. La fiscal de la Comisión espera que de sus testimonios se puedan extraer abundante información que sirva para que el pleno tome una decisión sobre la solicitud de desafuero que fue planteada por Fiscalía.
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En el caso de Ernesto Muyshondt, quien actualmente guarda prisión en el Centro Penal “La Esperanza” (Mariona) tiene abierto un proceso penal por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en el que también se acusa a Benito Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado. A la fecha está pendiente de celebrarse audiencia preliminar ante al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que no la ha programado pese a que fiscalía presentó el Dictamen de Acusación el 26 de junio de este año.
La otra testigo que debe comparecer es la Perito de la FGR Ena Maricela Granados Ponce, prima del Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz Ponce; quien está señalada por haber alterado información de escuchas telefónicas extraídas del servidor del Centro de Escuchas, para elaborar un dictamen pericial que fue utilizado como prueba en la acusación penal contra el ex fiscal general Luis Martínez. Tanto la Perito Granados Ponce, como el Ex Jefe, Ruiz Ponce fueron separados del Centro de Escuchas por instrucciones del entonces Fiscal General Luis Martínez, lo que una fuente interna califica como la causa por la cual le fabricaron la causa penal basada en “escuchas telefónicas” que a pesar de estar vencidas fueron extraídas del Servidor que registra las comunicaciones intervenidas y editadas para fundar la acusación.
El Peritaje presentado en la referida acusación contra el Ex fiscal Martínez y otros, contenía hechos falsos que fueron detectados por la defensa de los acusados y ante lo evidente, la fiscal Mayra Raquel Guerra, de la Unidad de Crimen Organizado tuvo que aceptar que unos números telefónicos no coincidían con las personas señaladas, ni con las comunicaciones que supuestamente se suscitaron entre los acusados. Por este hecho la mencionada Perito se encuentra imputada por el delito de Fraude Procesal, ante la Sala de lo Penal pendiente de resolver en Casación.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
