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Comisión de Antejuicio espera para próxima sesión a ex alcalde de San Salvador y a la Perito del centro de escuchas de FGR
El Ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y la Perito de la FGR, Ena Granados Ponce fueron citados por la Comisión para el 2 de diciembre del presente año
Después de haber rendido sus declaración entre otros, el periodista y miembro de la mesa editorial de El Diario de Hoy, Paolo Lüers, durante la sesión de este día, en seguimiento de las entrevistas a los testigos que fueron propuestos por la diputada fiscal de la Comisión, Rebeca Santos, para el 2 de diciembre del presente año han sido citados para rendir declaraciones, entre otros, el Ex alcalde Muyshondt y la perito de Fiscalía General de la República (FGR) Ena Maricela Granados Ponce. La fiscal de la Comisión espera que de sus testimonios se puedan extraer abundante información que sirva para que el pleno tome una decisión sobre la solicitud de desafuero que fue planteada por Fiscalía.
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En el caso de Ernesto Muyshondt, quien actualmente guarda prisión en el Centro Penal “La Esperanza” (Mariona) tiene abierto un proceso penal por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en el que también se acusa a Benito Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado. A la fecha está pendiente de celebrarse audiencia preliminar ante al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que no la ha programado pese a que fiscalía presentó el Dictamen de Acusación el 26 de junio de este año.
La otra testigo que debe comparecer es la Perito de la FGR Ena Maricela Granados Ponce, prima del Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz Ponce; quien está señalada por haber alterado información de escuchas telefónicas extraídas del servidor del Centro de Escuchas, para elaborar un dictamen pericial que fue utilizado como prueba en la acusación penal contra el ex fiscal general Luis Martínez. Tanto la Perito Granados Ponce, como el Ex Jefe, Ruiz Ponce fueron separados del Centro de Escuchas por instrucciones del entonces Fiscal General Luis Martínez, lo que una fuente interna califica como la causa por la cual le fabricaron la causa penal basada en “escuchas telefónicas” que a pesar de estar vencidas fueron extraídas del Servidor que registra las comunicaciones intervenidas y editadas para fundar la acusación.
El Peritaje presentado en la referida acusación contra el Ex fiscal Martínez y otros, contenía hechos falsos que fueron detectados por la defensa de los acusados y ante lo evidente, la fiscal Mayra Raquel Guerra, de la Unidad de Crimen Organizado tuvo que aceptar que unos números telefónicos no coincidían con las personas señaladas, ni con las comunicaciones que supuestamente se suscitaron entre los acusados. Por este hecho la mencionada Perito se encuentra imputada por el delito de Fraude Procesal, ante la Sala de lo Penal pendiente de resolver en Casación.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos.
: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
