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Comisión de Antejuicio espera para próxima sesión a ex alcalde de San Salvador y a la Perito del centro de escuchas de FGR
El Ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y la Perito de la FGR, Ena Granados Ponce fueron citados por la Comisión para el 2 de diciembre del presente año
Después de haber rendido sus declaración entre otros, el periodista y miembro de la mesa editorial de El Diario de Hoy, Paolo Lüers, durante la sesión de este día, en seguimiento de las entrevistas a los testigos que fueron propuestos por la diputada fiscal de la Comisión, Rebeca Santos, para el 2 de diciembre del presente año han sido citados para rendir declaraciones, entre otros, el Ex alcalde Muyshondt y la perito de Fiscalía General de la República (FGR) Ena Maricela Granados Ponce. La fiscal de la Comisión espera que de sus testimonios se puedan extraer abundante información que sirva para que el pleno tome una decisión sobre la solicitud de desafuero que fue planteada por Fiscalía.
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En el caso de Ernesto Muyshondt, quien actualmente guarda prisión en el Centro Penal “La Esperanza” (Mariona) tiene abierto un proceso penal por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en el que también se acusa a Benito Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado. A la fecha está pendiente de celebrarse audiencia preliminar ante al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que no la ha programado pese a que fiscalía presentó el Dictamen de Acusación el 26 de junio de este año.
La otra testigo que debe comparecer es la Perito de la FGR Ena Maricela Granados Ponce, prima del Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz Ponce; quien está señalada por haber alterado información de escuchas telefónicas extraídas del servidor del Centro de Escuchas, para elaborar un dictamen pericial que fue utilizado como prueba en la acusación penal contra el ex fiscal general Luis Martínez. Tanto la Perito Granados Ponce, como el Ex Jefe, Ruiz Ponce fueron separados del Centro de Escuchas por instrucciones del entonces Fiscal General Luis Martínez, lo que una fuente interna califica como la causa por la cual le fabricaron la causa penal basada en “escuchas telefónicas” que a pesar de estar vencidas fueron extraídas del Servidor que registra las comunicaciones intervenidas y editadas para fundar la acusación.
El Peritaje presentado en la referida acusación contra el Ex fiscal Martínez y otros, contenía hechos falsos que fueron detectados por la defensa de los acusados y ante lo evidente, la fiscal Mayra Raquel Guerra, de la Unidad de Crimen Organizado tuvo que aceptar que unos números telefónicos no coincidían con las personas señaladas, ni con las comunicaciones que supuestamente se suscitaron entre los acusados. Por este hecho la mencionada Perito se encuentra imputada por el delito de Fraude Procesal, ante la Sala de lo Penal pendiente de resolver en Casación.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
