Judicial
Cinco policías y cuatro soldados son condenados a 6 años de prisión acusados de torturas
Cinco elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) fueron condenados a seis años de prisión tras ser encontrados culpables de los delitos de tortura, privación de libertad y amenazas en contra de una mujer.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
Según narró la mujer, ese 22 de enero estaba en una parada de bus junto con otra persona y el grupo de policías y soldados le cuestionaron qué estaba haciendo en el lugar, la subieron a un vehículo para llevarla a un terreno sobre la calle El Perical, que conduce al cantón Aguacayo.
La víctima dijo que la interrogaron y le exigían que les entregara armas y droga, de no hacerlo la iban a matar. Luego la bajaron del vehículo y la obligaron a bajarse los pantalones y la ropa interior, acto seguido le colocaron un fusil en la frente.
Uno los nueve elementos la tocó a través de la blusa y sostén, mientras otro le puso una navaja a la altura del cuello. “Azucena” suplicó que no la mataran y otro más sacó su arma y se la colocó en la sien.
Luego de subirla de nuevo al vehículo, uno le dio una nalgada, otro le agarró la boca con la intención de besarla y en resto del camino la fueron tocando de sus piernas encima del pantalón. Luego fue liberada y advertida de que si denunciaba “ya sabía lo que le iba a pasar”.
Los elementos de la PNC fueron identificados como Néstor Edgardo Reynosa Mejía, José Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Alvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexander Rivera Palacios.
Mientras que los de la FAES: el cabo José Joaquín Rivas Morales y los soldados Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexander Mendoza Reyes.
Por los hechos, los cinco policías y cuatro soldados fueron condenados a seis años de prisión y fueron obligados a pagar $1,000 cada uno en concepto de responsabilidad civil.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
