Judicial
Cinco policías y cuatro soldados son condenados a 6 años de prisión acusados de torturas
Cinco elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) fueron condenados a seis años de prisión tras ser encontrados culpables de los delitos de tortura, privación de libertad y amenazas en contra de una mujer.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
Según narró la mujer, ese 22 de enero estaba en una parada de bus junto con otra persona y el grupo de policías y soldados le cuestionaron qué estaba haciendo en el lugar, la subieron a un vehículo para llevarla a un terreno sobre la calle El Perical, que conduce al cantón Aguacayo.
La víctima dijo que la interrogaron y le exigían que les entregara armas y droga, de no hacerlo la iban a matar. Luego la bajaron del vehículo y la obligaron a bajarse los pantalones y la ropa interior, acto seguido le colocaron un fusil en la frente.
Uno los nueve elementos la tocó a través de la blusa y sostén, mientras otro le puso una navaja a la altura del cuello. “Azucena” suplicó que no la mataran y otro más sacó su arma y se la colocó en la sien.
Luego de subirla de nuevo al vehículo, uno le dio una nalgada, otro le agarró la boca con la intención de besarla y en resto del camino la fueron tocando de sus piernas encima del pantalón. Luego fue liberada y advertida de que si denunciaba “ya sabía lo que le iba a pasar”.
Los elementos de la PNC fueron identificados como Néstor Edgardo Reynosa Mejía, José Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Alvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexander Rivera Palacios.
Mientras que los de la FAES: el cabo José Joaquín Rivas Morales y los soldados Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexander Mendoza Reyes.
Por los hechos, los cinco policías y cuatro soldados fueron condenados a seis años de prisión y fueron obligados a pagar $1,000 cada uno en concepto de responsabilidad civil.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
