Judicial
Cinco policías y cuatro soldados son condenados a 6 años de prisión acusados de torturas
Cinco elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) fueron condenados a seis años de prisión tras ser encontrados culpables de los delitos de tortura, privación de libertad y amenazas en contra de una mujer.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
Según narró la mujer, ese 22 de enero estaba en una parada de bus junto con otra persona y el grupo de policías y soldados le cuestionaron qué estaba haciendo en el lugar, la subieron a un vehículo para llevarla a un terreno sobre la calle El Perical, que conduce al cantón Aguacayo.
La víctima dijo que la interrogaron y le exigían que les entregara armas y droga, de no hacerlo la iban a matar. Luego la bajaron del vehículo y la obligaron a bajarse los pantalones y la ropa interior, acto seguido le colocaron un fusil en la frente.
Uno los nueve elementos la tocó a través de la blusa y sostén, mientras otro le puso una navaja a la altura del cuello. “Azucena” suplicó que no la mataran y otro más sacó su arma y se la colocó en la sien.
Luego de subirla de nuevo al vehículo, uno le dio una nalgada, otro le agarró la boca con la intención de besarla y en resto del camino la fueron tocando de sus piernas encima del pantalón. Luego fue liberada y advertida de que si denunciaba “ya sabía lo que le iba a pasar”.
Los elementos de la PNC fueron identificados como Néstor Edgardo Reynosa Mejía, José Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Alvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexander Rivera Palacios.
Mientras que los de la FAES: el cabo José Joaquín Rivas Morales y los soldados Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexander Mendoza Reyes.
Por los hechos, los cinco policías y cuatro soldados fueron condenados a seis años de prisión y fueron obligados a pagar $1,000 cada uno en concepto de responsabilidad civil.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
