Judicial
Cinco policías y cuatro soldados son condenados a 6 años de prisión acusados de torturas
Cinco elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) fueron condenados a seis años de prisión tras ser encontrados culpables de los delitos de tortura, privación de libertad y amenazas en contra de una mujer.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
Según narró la mujer, ese 22 de enero estaba en una parada de bus junto con otra persona y el grupo de policías y soldados le cuestionaron qué estaba haciendo en el lugar, la subieron a un vehículo para llevarla a un terreno sobre la calle El Perical, que conduce al cantón Aguacayo.
La víctima dijo que la interrogaron y le exigían que les entregara armas y droga, de no hacerlo la iban a matar. Luego la bajaron del vehículo y la obligaron a bajarse los pantalones y la ropa interior, acto seguido le colocaron un fusil en la frente.
Uno los nueve elementos la tocó a través de la blusa y sostén, mientras otro le puso una navaja a la altura del cuello. “Azucena” suplicó que no la mataran y otro más sacó su arma y se la colocó en la sien.
Luego de subirla de nuevo al vehículo, uno le dio una nalgada, otro le agarró la boca con la intención de besarla y en resto del camino la fueron tocando de sus piernas encima del pantalón. Luego fue liberada y advertida de que si denunciaba “ya sabía lo que le iba a pasar”.
Los elementos de la PNC fueron identificados como Néstor Edgardo Reynosa Mejía, José Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Alvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexander Rivera Palacios.
Mientras que los de la FAES: el cabo José Joaquín Rivas Morales y los soldados Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexander Mendoza Reyes.
Por los hechos, los cinco policías y cuatro soldados fueron condenados a seis años de prisión y fueron obligados a pagar $1,000 cada uno en concepto de responsabilidad civil.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
