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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.

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Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la  Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.

El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.

En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”

 Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.

Los testigos «torturados» y el caso corruptela.

 El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.

La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.

La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.

Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.

De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.

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La Comisión Nacional de Activos Digitales recibió certificación internacional antisoborno

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La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su marco institucional al recibir oficialmente la certificación del sistema de gestión antisoborno basada en la norma internacional ISO 37001, otorgada por AENOR Centroamérica, durante un acto institucional celebrado este martes.

La certificación ISO 37001 acredita que la CNAD cuenta con procesos formales, controles internos y una cultura organizacional orientada a la prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con el soborno, alineados con estándares internacionales de transparencia, ética y buenas prácticas de gobernanza. Este reconocimiento adquiere especial relevancia en un contexto donde El Salvador busca consolidarse como un hub regional para los activos digitales y la innovación financiera.

Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión, destacó que la certificación no es un simple trámite administrativo, sino una decisión estratégica coherente con la naturaleza de la tecnología blockchain y con la visión institucional del regulador.

«Desde que asumí la presidencia de la Comisión dije que nuestro enfoque debía ser transparente, justo y el mismo para todos. Esa es precisamente la tecnología con la que trabajamos: blockchain, que es inmutable, transparente y trazable. Hoy celebramos un éxito colectivo que demuestra ese compromiso», afirmó Reyes.

El titular de la CNAD subrayó que el proceso implicó un esfuerzo integral de todo el equipo, incluyendo evaluaciones individuales, auditorías externas y la adopción rigurosa de procedimientos internos. «Todos en la Comisión tuvimos que estudiar, evaluarnos y pasar pruebas específicas sobre antisoborno. No es algo sencillo ni automático, pero lo tomamos con seriedad porque creemos en estos estándares», señaló.

Por su parte, Arnulfo Pino Figueroa, director general de AENOR Centroamérica, explicó que la certificación es el resultado de una decisión institucional de alto nivel y de un proceso técnico exigente. «Más que un acto protocolario, esto es la celebración de una decisión estratégica de cumplir con estándares internacionales como la norma ISO 37001. La CNAD se posiciona como una institución que gestiona activos digitales con responsabilidad, ética y apego a las mejores prácticas internacionales», afirmó.

Pino Figueroa detalló que el proceso de certificación se desarrolla en varias etapas, que incluyen evaluaciones de conformidad, auditorías internas y externas, análisis de riesgos y verificación de la aplicación práctica de los controles definidos. «El cumplimiento normativo no debe quedarse en el papel. La verdadera cultura antisoborno se construye cuando los procesos se aplican en el día a día y evolucionan junto con los riesgos y los contextos nacionales e internacionales», explicó.

El representante de AENOR también destacó que la certificación tiene validez internacional y está respaldada por una firma con presencia en más de 80 países, lo que refuerza su credibilidad ante actores globales. «Este certificado no solo tiene validez nacional y regional, sino también internacional, con la solidez de una marca reconocida a nivel mundial», puntualizó.

Durante el acto estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo de la Comisión, entre ellos César Alejandro Córdova y Carlos David Aguilar, así como personal técnico y administrativo de la institución, quienes participaron activamente en el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno.

En declaraciones posteriores, Reyes enfatizó que la certificación tendrá un impacto directo en la confianza del mercado y en la relación con las empresas que buscan operar bajo el marco regulatorio salvadoreño. «Este sello envía un mensaje claro: la Comisión es transparente, no se presta a sobornos y aplica procesos rigurosos e iguales para todos. Es una garantía para quienes quieren invertir y desarrollar proyectos serios en El Salvador», afirmó.

Asimismo, adelantó que la certificación será incorporada como un elemento relevante dentro del marco regulatorio y de los procesos de evaluación de los solicitantes. «Esperamos que las empresas entiendan que aquí se trabaja con reglas claras y estándares internacionales. La transparencia no es negociable», concluyó.

Con esta certificación, la CNAD refuerza su papel como un regulador joven pero técnicamente sólido, alineado con las mejores prácticas globales y comprometido con la construcción de un ecosistema de activos digitales basado en la confianza, la integridad y la transparencia institucional.

 

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Primera infancia inicia año escolar con una nueva forma de aprender

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La primera infancia salvadoreña inicio el lunes su año escolar 2026 con el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia «una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender», impulsado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.

El lunes, la primera dama destacó en las redes sociales el inicio del año escolar para la primera infancia del sector educativo público y afirmó que los alumnos comenzarán esta etapa escolar con las herramientas materiales y pedagógicas necesarias para su desarrollo integral.

«Estamos listos para que el aprendizaje se viva y se convierta en una experiencia significativa para cada niño. Este nuevo año escolar comienza con una nueva forma de aprender, paquetes escolares completos, escuelas renovadas, tablets, computadoras y maestros que los esperan con entusiasmo», aseguró la primera dama de la República.

Desde el lunes pasado, la primera infancia del país cuenta con el nuevo currículo nacional que está basado en experiencias de aprendizaje y que sustituye el enfoque tradicional centrado únicamente en contenidos y reconoce que el aprendizaje ocurre cuando los niños viven, sienten y comparten.

«En este nuevo El Salvador nos estamos asegurando de que cada niño tenga más oportunidades para alcanzar su máximo potencial de desarrollo», indicó la primera dama.

El Despacho de la Primera Dama explicó que el nuevo modelo pedagógico que se aplica desde el lunes en los centros escolares del país está centrado en cuatro pilares fundamentales:

El juego, como lenguaje natural de la niñez y motor del aprendizaje; la participación, que reconoce a los niños como protagonistas de sudesarrollo: el aprendizaje activo, que integra cuerpo, emoción y exploración; y la calidad de las interacciones, entendidas como vínculos cálidos, respetuosos y significativos que favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje.

Este nuevo currículo no se trata solo de la creación de un documento, sino de acciones y nuevas formas de enseñar y experimentar en las aulas, afirmó el Despacho de la Primera Dama.

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CIEX El Salvador supera 375 mil trámites en línea en 2025 y refuerza digitalización del comercio exterior

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El Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador), administrado por el Banco Central de Reserva (BCR), autorizó en 2025 más de 165,300 exportaciones y más de 209,700 importaciones en línea, cifras que reflejan el crecimiento del comercio exterior y el avance en la digitalización de los procesos, según datos institucionales difundidos por la entidad.

CIEX funciona como la ventanilla única de comercio exterior del país, encargada de centralizar, agilizar y simplificar los trámites para operaciones de importación y exportación mediante la gestión de permisos, certificados, documentos aduaneros y pagos electrónicos en coordinación con distintas instituciones del Estado.

El sistema forma parte de la estrategia nacional de facilitación comercial, apoyada en el uso de plataformas electrónicas interconectadas que permiten la tramitación digital de autorizaciones sanitarias, certificados y documentos de transporte, contribuyendo a reducir tiempos y costos para el sector productivo.

De acuerdo con reportes económicos recientes, el dinamismo del comercio exterior también se refleja en el volumen de operaciones autorizadas, como el registro de más de 14 mil exportaciones en un solo mes de 2025, noviembre, lo que evidencia una actividad comercial sostenida y en expansión en el país.

 

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