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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
El Salvador continúa recibiendo visitantes internacionales atraídos por la residencia centroamericana de la artista colombiana Shakira, que se desarrolla en el país y ha generado un flujo constante de viajeros en el Aeropuerto Internacional.
Autoridades destacaron que, desde el inicio de la residencia, turistas provenientes de distintos países han arribado al territorio nacional con el objetivo de asistir a los conciertos, posicionando al país como un punto de referencia regional para eventos musicales de gran relevancia.
«Iniciamos el fin de semana manteniendo una atención fluida y controlada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Nuestro personal migratorio continúa facilitando el ingreso de viajeros que llegan al país sede de la residencia centroamericana de Shakira», informó Migración y Extranjería en su cuenta de X.
Según los datos oficiales, cada concierto reúne a 30 mil personas, quienes forman parte del público que ha viajado específicamente para presenciar el espectáculo en territorio salvadoreño.
El incremento en la llegada de visitantes internacionales refleja el impacto de este tipo de eventos en la proyección turística y cultural de El Salvador, que continúa posicionándose como un destino atractivo para espectáculos de talla internacional.
Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, impulsa una campaña en redes sociales para que la población denuncie cobros por la «reserva» de espacios en la vía pública que son utilizados como parqueo.
«La ciudad es de todos. Recuerden que si ven personas cobrando parqueo en la vía pública, denúncienlas. Nosotros seguimos vigentes 24/7», fue su llamado a los ciudadanos a través de su cuenta personal en X.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ejecuta operativos para garantizar que se cumpla lo establecido en el artículo 75 de la ordenanza para la convivencia ciudadana, el cual prohíbe cobros por estacionarse en espacios públicos habilitados.
La alcaldía informó que dichas infracciones son catalogadas como faltas graves y conllevan a multas de hasta $900.
Durante la última semana el CAM ha intensificado los operativos, principalmente en los alrededores del Estadio Nacional Jorge «el Mágico» González, donde la cantante colombiana Shakira brinda una serie de conciertos como parte de su residencia centroamericana.
San Salvador Centro puso a disposición de los ciudadanos parqueo gratuito en las instalaciones del Complejo Chapupo Rodríguez y el parque El Talapo de 2 de la tarde a 1 de la madrugada, solo para los días en que se realicen los conciertos.
Otros sectores en la capital intervenidos por el CAM para retirar llantas inservibles, conos, bandejas y estructuras metálicas son desde la 15.ª a la 19.ª calle poniente.
El viernes 13 de febrero finalizó sin registrar homicidios en El Salvador, de acuerdo con datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), como parte del seguimiento diario que realizan las autoridades sobre la incidencia criminal en el país.
«Finalizamos el viernes 13 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad lanzada en 2019 y reforzada posteriormente con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Estas medidas han permitido, incrementar la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como desarticular estructuras criminales.
