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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El proyecto de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 40 %, informó el director del Fovial, Alex Beltrán, en una entrevista que brindó a canal 10 este jueves.
De acuerdo con el funcionario, antes de iniciar la obra se llevaron a cabo estudios técnicos que incluyeron análisis de suelos, drenaje e hidrología, además del diseño de ingeniería necesario para ejecutar el proyecto.
Beltrán detalló que, hasta la fecha, ya se han pavimentado 2.5 kilómetros de los 12 que contempla la intervención total de la vía.
Además, destacó la importancia estratégica de esta carretera, al señalar que el cantón Los Toles se ubica a solo dos kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que abre oportunidades para el desarrollo comercial y turístico en la zona.
Asimismo, subrayó que la ejecución del proyecto ha generado empleos para los habitantes del sector.
«Estamos muy satisfechos, porque más allá de la pavimentación, aportamos a la economía de la zona, comercio, accesos a centros escolares, y por supuesto, la plusvalía de los terrenos», afirmó Beltrán.
Estos trabajos continuaran con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica en esta zona fronteriza.
