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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
El director del Hospital Veterinario Chivo Pets, Melvyn Rogel, señaló que reforzar la vacunación de los gatos es la principal medida de prevención contra la panleucopenia felina, una enfermedad viral que puede ser controlada si se actúa de manera oportuna.
Rogel enfatizó que la prevención comienza con el cumplimiento del esquema de vacunación. «Hay que hacer un esquema de vacunación completo a cada felino, poner los refuerzos en los tiempos establecidos y evitar que estén propensos a adquirir enfermedades», señaló en la entrevista que brindó a canal 10.
Rogel explicó que el hospital cuenta con las dosis necesarias para proteger a los gatos contra esta enfermedad.
«El hospital cuenta con la vacuna triple felina que es la que necesita el gato para prevenir la panleucopenia», apuntó Rogel. «También tenemos la quíntuple felina que incluye la vacuna de leucemia», añadió.
De acuerdo con el profesional, la panleucopenia es una enfermedad que requiere atención veterinaria inmediata en caso de contagio, aunque subrayó que puede ser controlada si se detecta a tiempo.
Asimismo, detalló que el período de incubación del virus es de entre 10 y 15 días y que los síntomas más comunes en los felinos incluyen falta de apetito, fiebre y diarrea.
«La panleucopenia afecta principalmente a los gatos de 0 a 6 meses, ya que son los que tienen menos defensas y no han sido vacunados», explicó.
Esta enfermedad se transmite por medio de las heces. El contagio ocurre cuando otro gato entra en contacto o ingiere pequeñas partículas contaminadas, lo que puede provocarle la enfermedad.
Rogel informó que recientemente se ha detectado un brote de panleucopenia en el país, el primero reportado en El Salvador, lo que ha llevado a un aumento en la atención de casos en el hospital.
«Empezamos a observar felinos con los mismos síntomas, en el punto más alto del brote atendimos entre 50 y 60 gatos diarios», señala.
Las autoridades veterinarias reiteran que la vacunación completa y a tiempo es la herramienta más efectiva para proteger a los gatos y evitar la propagación de esta enfermedad.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, la ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que brinda dos beneficios fiscales a las empresas que ya operan en el país por más de una década y que amplíen su inversión y producción.
Dicha normativa beneficia a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones con más de $1 millón.
Para ello, el decreto establece una tabla de porcentajes de deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculados sobre la inversión a realizar, de manera que las empresas que consideren invertir entre $1 millón y $10 millones tendrán una deducción del
10 % del ISR; las que inviertan más de $10 millones hasta $20 millones, el 20%; y a las que inviertan más de $20 millones se les deducirá el 30 %.
Este beneficio fiscal podrá ser utilizado en un plazo de 10 años a partir de obtenida la calificación.
Además, el marco legal aprobado por el congreso beneficia a las empresas con la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces en aquellos inmuebles que sean adquiridos para la expansión.
El requisito a cumplir es que los beneficiarios utilicen el bien en un plazo mínimo de cinco años y conservarlo en propiedad en ese mismo plazo
Algunos de los requisitos que deberán cumplir los interesados son comprobar la antigüedad de sus operaciones, no estar amparados a otras leyes que brindan incentivos fiscales, presentar la calificación Invest y no tener obligaciones pendientes con Hacienda.
Los beneficiarios no podrán sustituir activos o reducir las operaciones con las que inician el proceso.
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Tribunales han condenado en enero a 17 extranjeros por traficar más de tres toneladas de cocaína
Entre el 12 y 13 de enero, dos tribunales de sentencia de San Salvador condenaron a 17 extranjeros a quienes la Marina Nacional interceptó en alta mar con grandes cargamentos de cocaína.
La droga incautada entre marzo y julio de 2024, ascendió a 3,032 kilogramos valuados en $76,017,000, según las experticias que hizo la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Desde que fueron detenidos en procedimientos efectuados por equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT), el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura ordenó que en los dos expedientes, los mexicanos, guatemaltecos y ecuatorianos sorprendidos transportando la cocaína en lanchas, quedaran en detención.
Cuando los procesos pasaron a juzgados de instrucción de la capital, se ratificó la medida cautelar de prisión y se ordenó que enfrentaran juicios por el delito de tráfico ilícito.
Al realizarse las vistas públicas, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico acreditaron que los extranjeros participaron en el transporte de la cocaína que procedía desde Suramérica y que el destino final era Estados Unidos.
El pasado lunes, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, condenó a 15 años de cárcel a tres guatemaltecos y seis ecuatorianos detenidos el 19 de marzo de 2024 con 1,482 kg de cocaína valuados en $37,050.000.
Los traficantes de nacionalidad ecuatoriana encontrados responsables por ese caso son: Antony Alexander Castro Mantuano, Jairo Leonardo Lucas Hernández, Víctor Hugo Masillas Castro, Carlos Roberto Cedeño Arsentales, Limber Fabricio Ceballos Loor y Oscar Hernán Mero Sembrán, así como los guatemaltecos Néstor Stiven García Abauta, José Alberto Linares Méndez y Erick Hipólito Centeros Alcántara.
Los extranjeros fueron interceptados por la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 490 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz, con el cargamento de droga.
Mientras que el martes, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital, condenó a 14 años de prisión a seis mexicanos y dos ecuatorianos, arrestados con 1,550 kilos de cocaína valuados en $38,967,000.
Los responsables en ese caso son: Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas de nacionalidad ecuatoriana, así como los mexicanos, Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz. A los últimos tres también les impusieron otros tres años por posesión y tenencia; cumplirán en total, 17 años de prisión.
La Marina Nacional los ubicó el 19 de julio 2024, a 445 millas náuticas (824 kilómetros) al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
