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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
El mercado de valores salvadoreño concluyó el 2025 con un desempeño positivo que refleja una mayor utilización de los instrumentos bursátiles por parte de inversionistas y agentes económicos. Durante el año, se realizaron 7,992 transacciones que sumaron $6,031.6 millones, superando los $5,429.4 millones negociados en 2024 y marcando un crecimiento interanual de 11.1 %, según el Boletín de Mercado de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El aumento en el monto negociado estuvo acompañado por una participación activa de distintos segmentos del mercado, lo que evidenció un mayor volumen promedio por operación y una consolidación del mercado de capitales como mecanismo para canalizar inversiones y gestionar liquidez. Solo en el último tramo del año se reportaron 507 operaciones por $586.7 millones, contribuyendo al cierre positivo del ejercicio.
Por tipo de mercado, los reportos se mantuvieron como el principal motor de la actividad bursátil. Este segmento, donde se realizan operaciones de recompra de valores para obtener liquidez de corto plazo, transó $2,832.7 millones, equivalente al 47 % del total negociado. La mayoría de estas operaciones se pactaron a plazos de uno a cuatro días, por un monto de $1,269.2 millones, con un rendimiento promedio ponderado de 4.34 %.
En este mercado, las personas naturales concentraron el 61.3 % de la demanda de liquidez, mientras que los fondos de inversión abiertos aportaron el 57.7 % de los recursos, reflejando el papel de estos vehículos como proveedores clave de financiamiento dentro del sistema financiero.
El mercado primario de renta fija y variable, donde se colocan por primera vez los valores emitidos por empresas y el sector público, registró un monto acumulado de $1,005 millones. Aunque esta cifra fue inferior a los $1,514.2 millones de 2024, el segmento continuó siendo relevante para el financiamiento de proyectos y necesidades de inversión de los emisores.
Por su parte, el mercado secundario, en el que se compran y venden valores ya emitidos, transó $249.3 millones y representó el 4.1 % del total negociado, contribuyendo a la liquidez del mercado y permitiendo a los inversionistas ajustar sus portafolios.
Las operaciones internacionales mostraron un comportamiento dinámico a lo largo del año. Las compras y ventas de instrumentos internacionales sumaron $1,668.3 millones, con una mayor presencia de deuda soberana extranjera y local. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $276.4 millones, impulsado principalmente por instrumentos de origen extranjero, reflejando una mayor diversificación de las opciones de inversión disponibles.
Fondos de inversión fortalecen su presencia
El crecimiento del mercado también se reflejó en el desempeño de los fondos de inversión. Al cierre de 2025, el patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,893.6 millones. De este total, los fondos abiertos concentraron $552.4 millones, mientras que los fondos cerrados alcanzaron $1,341.2 millones, consolidándose como vehículos relevantes para inversiones de mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó avanzando. Durante 2025, la bolsa integrada registró 867 operaciones por un monto de $272.9 millones. Desde el inicio de este mecanismo en 2017 y hasta el cierre de 2025, el monto acumulado negociado ascendió a $879.8 millones, con la participación de 12 intermediarios bursátiles autorizados, seis salvadoreños y seis panameños.
En conjunto, los resultados del cierre de 2025 confirman un mayor dinamismo y profundidad del mercado de valores salvadoreño, reflejado en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de los reportos, la actividad del mercado primario y el fortalecimiento de los fondos de inversión, consolidando al mercado de capitales como un componente clave del sistema financiero nacional.
El falso importador de vehículos Raúl Alberto C., comenzó a enfrentar un proceso penal por el delito de estafa, en el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango.
En la audiencia inicial, se ordenó que el expediente pase a la segunda etapa procesal y que sea el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, el que continue conociendo de la fase de investigación.
En la acusación presentada por la Fiscalía General de la República y que nace de una denuncia interpuesta, se detalla que el imputado publicó en redes sociales su negocio de importación de vehículos.
La víctima dijo que en junio del año pasado lo contactó a través de redes sociales y que al contactarlo acordó adquirir dos vehículos por la cantidad de $19,781.46.
El afectado le entregó el dinero, pero con el paso del tiempo los automotores no se los entregaba, cuando le preguntaba el imputado siempre salía con excusas para justificar los motivos por los cuales no cumplía con el acuerdo.
Al final, la víctima pidió a la Fiscalía que iniciara acciones legales con el fin de recuperar los más de $19,000, hasta la fecha no ha recibido los fondos entregados.
El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles que, tras sostener una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizará una inversión de $1,300 millones en cuatro importantes áreas sociales, para el seguimiento del programa Crece.
A través de X, el mandatario indicó: «$1,300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación», y acompañó el mensaje con fotos del encuentro con el representante del Grupo BID en Casa Presidencial.
Por su parte, Goldfajn calificó de «muy buena» la reunión con el mandatario salvadoreño, la cual tuvo el objetivo de continuar fortaleciendo las alianzas con el Grupo BID.
«Conversamos sobre los avances de El Salvador Crece, un programa de apoyo al crecimiento de El Salvador a través de @el_BID y @BIDInvest, en sectores como vivienda, turismo, entre otros, y el apoyo del Grupo BID de $1,300 millones al país en 2026», detalló Goldfajn.
El BID ya apoya al país en diferentes proyectos, como el «Programa para la continuidad educativa postsecundaria de los jóvenes estudiantes salvadoreños en situación de vulnerabilidad», que se encuentra en preparación. Este tiene como propósito «mejorar la continuidad educativa postsecundaria (vocacional, técnica y universitaria) de los jóvenes estudiantes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, para facilitar su posterior inserción en el mercado laboral formal», explica el banco regional en su sitio web.
También está en etapa de preparación el «Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador», cuyo objetivo es «fortalecer las trayectorias de los jóvenes en El Salvador, mejorando la continuidad educativa postsecundaria y facilitando su inserción exitosa y pertinente en el mercado laboral».
Además, el Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) – Segunda Operación. En noviembre de 2025, el BID aprobó un crédito de $195 millones para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES).
