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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
Con el objetivo de mantener la excelencia técnica y consolidar una fiscalización pública de alto nivel, la Corte de Cuentas de la República (CCR) firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA).
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa; el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek; y el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, junto a la directora presidenta del CVPCPA, Cecilia Pereira.
Durante el evento, el presidente Walter Salvador Sosa destacó la importancia de esta cooperación como un paso decisivo hacia una administración pública más sólida y confiable. “Avanzamos con firmeza hacia una gestión pública más profesional, más transparente y cercana a la ciudadanía. Este acto constituye un
peldaño más hacia la formación continua y el desarrollo del talento humano”, expresó.
Uno de los principales beneficios para los auditores de la Corte de Cuentas consiste en facilitar la formación especializada que será impartida en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, para cumplir las 40 horas anuales de actualización requeridas por la Norma de Educación Continuada del CVPCPA.
La misión del CVPCPA es regular y supervisar el desempeño profesional de quienes ejercen la contaduría pública, promoviendo la ética, las buenas prácticas de control de calidad, la educación continua y el cumplimiento regulatorio.
Esta alianza interinstitucional contribuye a la coordinación de
cursos técnicos especializados desarrollados de manera conjunta por ambas instituciones; al cumplimiento del artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas y al avance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, reafirmando
el compromiso de la CCR con la modernización y el fortalecimiento de la gestión pública.
La Corte de Cuentas de la República reafirma su apuesta por la profesionalización como eje fundamental de una fiscalización innovadora, fortaleciendo la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de El Salvador.
El acto oficial se desarrolló en las instalaciones del CINCAP de la CCR
Dos personas resultaron lesionadas este miércoles, durante un percance vial ocurrido sobre el km 25 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, en las cercanías del desvío al Distrito de Zaragoza.
La Policía Nacional Civil informó que un camión que transportaba tierra chocó contra los separadores de la carretera, dejando escombros sobre la vía.
La tierra esparcida sobre la carretera también provocó que un motociclista que transitaba por el lugar derrapara y también resultó lesionado.
Tanto el conductor del conductor del camión como el motociclista fueron trasladados a un centro hospitalario.
El comercio de bienes salvadoreños cerró el 2025 con cifras positivas. Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país comercializó $6,428.5 millones en los distintos mercados internacionales, cifras superiores a las de 2024.
En ese sentido, el flujo comercial representó un crecimiento del 1.9 % comparado con lo registrado en 2024. En detalle, los datos indican que el año pasado, las exportaciones sumaron $117 millones más que en 2024, cuando fueron de $6,311.5 millones.
En el caso del volumen, las exportaciones registraron un crecimiento del 2.9 %, totalizando 3,560.7 millones de kilogramos, lo que representa 99.8 millones de kilogramos más que en 2024.
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de bienes salvadoreños, con $2,086 millones.
Sin embargo, Centroamérica también se posiciona entre los principales destinos, en los que destacan Guatemala, con $1,262.9 millones (+2.5 %); Honduras, con $1,076.2 millones (+5.6 %); Nicaragua con $586.1 millones (+3.9 %) y Costa Rica con $286.3 millones.
A estos mercados se les une también México, con $251.9 millones; Panamá, con $123.5 millones; República Dominicana, con $109.8 millones; España, con $71.6 millones; Bélgica, con $54.8 millones, y el resto del mundo con $519.5 millones.
El BCR indicó que las exportaciones de café alcanzaron los $167.7 millones en 2024, mientras que en el azúcar $161 millones.
Las exportaciones de maquila totalizaron $880.7 millones, con un crecimiento del $0.4 %, mientras que las corrientes fueron $5,447.8 % millones, un 2.1 % más.
Por otra parte, entre los productos más comercializados destacan: «T-shirts» y camisetas, de punto (7.7 %); Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto (6.1 %); los artículos para el transporte o envasado, de plástico (4.9 %), así como hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad (3.4 %).
