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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
Una mujer de la tercera edad que participaba en el Viacrucis de este viernes en el centro de San Salvador sufrió un desmayo por lo que fue atendida por los cuerpos de socorro que daban cobertura al evento religioso.
Al parecer, la ancianita sufrió un golpe de calor por lo que se desvaneció. Inmediatamente fue atendida y estabilizada en el lugar.
El personal de rescate recomienda a la feligresía que participa en los eventos religiosos, mantenerse debidamente hidratados y consumir suficientes alimentos antes de participar en las procesiones.
La Policía Nacional Civil (PNC) procesa la escena de un homicidio ocurrido entre la 20 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador Centro, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba heridas graves en el pecho que le causaron la muerte. En el mismo incidente, una segunda persona también fue agredida con un arma cortopunzante, resultando con lesiones severas en el rostro y permaneciendo con vida, aunque en estado crítico.
El hecho, según informes preliminares, ocurrió durante una discusión entre personas en estado de ebriedad. La PNC logró capturar al presunto responsable, identificado como Moisés Acosta Lemus, de 44 años de edad, quien fue puesto bajo custodia pocas horas después del ataque.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del detenido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó fuertemente al senador demócrata Chris Van Hollen por su visita a El Salvador para mostrar su apoyo a Kilmar Ábrego, señalado de pertenecer a la pandilla MS13 y deportado desde EE. UU.
Tribunales en Estados Unidos han determinado la pertenencia de Ábrego al grupo terrorista. Dentro de su historial también está una orden de alejamiento en su contra, la cual fue otorgada para protección de su esposa. Medios de comunicación en Estados Unidos han consultado a la pareja de Ábrego sobre esta situación, pero ella ha evitado responder el motivo por el que se emitió dicha orden.
Desde la red social Truth Social, Trump señaló que Van Hollen ha quedado como «un tonto» al mostrar su apoyo e interceder por el regreso de Ábrego a Estados Unidos. «El senador Chris Van Hollen de Maryland parecía un tonto ayer parado en El Salvador rogando por la atención de los medios de comunicación falsos, o de cualquiera. ¡¡¡UN GRAN ESTILO DE VIDA!!!», publicó Trump.
En esa misma línea, el subjefe de gabinete de Estados Unidos, Stephen Miller, también señaló la acción del senador y cuestionó al partido demócrata por no respaldar la seguridad de la ciudadanía norteamericana.
«Tenemos un partido que defiende a los estadounidenses… y otro que defiende a ilegales, golpeadores de mujeres y hasta terroristas. Es un ilegal y pertenece a una organización terrorista», comentó Miller.
Anteriormente, Miller también había enfatizado que la Casa Blanca no tiene pensado solicitar la repatriación de Ábrego y que se mantendrá en su postura de enviar criminales de organizaciones de pandillas o del Tren de Aragua a El Salvador.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele también señaló la visita de Van Hollen y detalló que Ábrego continuará bajo custodia en El Salvador y que no será devuelto a Estados Unidos, respetando la soberanía del país norteamericano en su política migratoria.
«Ahora que se ha confirmado su salud, le corresponde el honor de permanecer bajo custodia de El Salvador», publicó Bukele ayer desde la red social X, en referencia al encuentro que Van Hollen sostuvo con Ábrego.
