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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
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Presidente de Uruguay destaca que el gobierno de Bukele «es un ejemplo para analizar»
El presidente Yamandú Orsi participó este miércoles en un desayuno organizado por el semanario Búsqueda, en donde fue consultado por temas de seguridad.
«No me sorprende tanto Bukele, sino el apoyo que tiene», aclaró Yamandú Orsi
El mandatario afirmó que «antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía convivencia. Yo lo dije durante años en campaña: la seguridad es un derecho humano fundamental, y sobre eso hay que trabajar». Además, apuntó que es un tema del que «hay que hablar».
En este sentido, apuntó a al régimen de Nayib Bukele. «Yo creo que el ejemplo es Bukele, en El Salvador. Es ejemplo de un proceso para analizar», apuntó.
Respecto a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, Orsi dijo que «es la persona adecuada» para conducir la intitución en «este período». «Es nuestra fiscal de Corte, si no estuviéramos de acuerdo hubiéramos hecho algo al respecto», afirmó.
Luego, acotó: «Esto no significa que no tengamos que resolver el tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelva los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Asministrativo y la Fiscalía General». Orsi afirmó que sostiene la crítica que ya había hecho: «En el período anterior se perdió tiempo, se debió haber trabajado más en eso».
Respecto a Ferrero, agregó que «no solo se merece todo nuestro apoyo, sino además todo el fortalecimiento para que a ella le vaya bien».
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El foro impulsa nuevas oportunidades de inversión europea en el sector energético salvadoreño
El foro impulsa nuevas oportunidades de inversión europea en el sector energético salvadoreño
El Foro Económico El Salvador–Bélgica sobre Energías Renovables resaltó el potencial del país como destino confiable para la inversión extranjera, especialmente en proyectos de transformación sostenible.
El encuentro se realizó en el marco del fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación entre ambas naciones, reuniendo a representantes públicos y privados de Bélgica, incluidas cámaras de comercio, empresas del sector energético e instituciones de la Unión Europea.
El evento promovió a El Salvador como un punto atractivo para la inversión, destacando su clima de negocios en evolución, mayor estabilidad y una visión de desarrollo sostenible que orienta sus políticas estratégicas. Las delegaciones participantes subrayaron las oportunidades que ofrece el país en sectores claves, con énfasis en energías renovables como motor de crecimiento y modernización económica.
Durante el foro, El Salvador presentó sus avances en la diversificación de la matriz energética, la eficiencia y la transición hacia un modelo sostenible de largo plazo. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas liderada por Daniel Álvarez, expuso el Panorama del Sector Energético en El Salvador y sus principales proyectos, que incluyen iniciativas emblemáticas, oportunidades de inversión y posibilidades de alianzas público-privadas en energías geotérmica, eólica, solar y nuevas tecnologías limpias.
El evento contó con la participación de Olga Baus Gibert, Jefa de Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, quien destacó los avances de la estrategia Global Gateway en el país y su impacto en conectividad, sostenibilidad y transición energética.
El foro fue moderado por Brussels Energy Club, plataforma reconocida a nivel global por su liderazgo en debates sobre energía y clima. El embajador de El Salvador en Bélgica, Javier Helamán Reyes enfatizó la importancia de estos espacios “para dar a conocer las oportunidades que El Salvador ofrece en energías renovables, especialmente en los sectores geotérmico, eólico y solar”. A su vez, la consejera económica Angélica Castillo presentó la exposición país de Invest in El Salvador, centrada en el clima de negocios, la seguridad jurídica y las oportunidades de inversión en sectores prioritarios.
Este encuentro forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele y el CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe para atraer inversión extranjera y consolidar al país como un actor clave en la transición energética de la región.
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Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José David Umanzor Hernández fue condenado a 35 años de prisión por participar en el homicidio agravado de un hombre, ocurrido en 2011.
De acuerdo con las investigaciones, tras una discusión, Umanzor Hernández junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en el distrito de San Miguel.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, destacando el papel de las autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.








