Nacionales
Cancillería publica resolución de Naciones Unidas que dictaminó que detención y persecución penal de Enrique Rais son arbitrarias
Foto/corsaria
En la página oficial del sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, se ha publicado este día el Dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en el que decretó que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la Fiscalía en contra del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se trata de la Opinión No. 76/2020 relativa a José Aquiles Enrique Rais López pronunciada por el GTDA, en su 89º periodo de sesiones (23 a 27 de noviembre de 2020) en la cual declaró principalmente que:
- En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:
La privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III.
Y como efectos directos de esa situación el GTDA instó al Estado Salvadoreño lo siguiente:
- El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de El Salvador que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rais sin dilación alguna y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
- El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso analizado, el remedio adecuado sería garantizar al señor José Aquiles Enrique Rais López su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional,16 las cuales han de tomar en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais.
- El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
Una de las primeras reparaciones que fueron solicitadas por el GTDA al Gobierno de El Salvador, consistió en difundir la Opinión No. 76/2020 por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible, de manera que la publicación efectuada por Cancillería es reflejo directo del cumplimiento de la resolución emanada por el citado organimos de Naciones Unidas, especializado precisamente en dictaminar los casos en que se advierte que se ha suscitado una detención arbitraria a la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El GTDA en la misma opinión le solicitó al Gobierno de El Salvador, informar en el plazo de seis meses, contados desde que éste fue notificado de la resolución, respecto:
- Las garantías adoptadas para garantizarle al Sr. Enrique Rais el goce de su libertad plena, que incluya la finalización inmediata de los procesos penales iniciados con prueba ilícita en su contra y las indemnizaciones correspondientes conforme con el Derecho Internacional .
- Las investigaciones promovidas para deducir y establecer a los responsables de la violación de los derechos fundamentales del Sr. Enrique Rais y el resultado de esas investigaciones que deben ser serias, exhaustivas e independientes.
- Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República de El Salvador con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión, lo que incluye cambios entre otras, respecto a las prácticas en intervenciones telefónicas, uso de testigos “sin rostro” y testigos criteriados como única o decisiva prueba para establecer prisiones preventivas y condenas contra los acusados.
El GTDA, manifiesta finalmente en su opinión que informará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acerca del progreso en el cumplimiento de la Opinión No. 76/2020 dictada a favor del Sr. Enrique Rais e igualmente sobre las deficiencias que sean observadas en su acatamiento.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.
La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.
Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.
Internacionales
Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña
Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.
“El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.
La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.
Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.
El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.
En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
