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Autoridades buscan el cadáver de la agente Carla Ayala en supuesto cementerio clandestino del GRP
Autoridades fiscales y policiales estarían tras la búsqueda de un cementerio clandestino en diferentes puntos del municipio de Jiquilisco en el que estarían enterrados los restos de la agente Carla Ayala.
El procedimiento se realiza luego de que el juez del 6° de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño diera a conocer que se tienen fuertes indicios sobre la ubicación del cuerpo.
“Es bien probable de que el cuerpo de la agente esté ahí, sobre todo porque el GPS de su celular marcaba cerca de la zona”, indicó Arévalo Ortuño, quien explicó que pobladores de la zona habrían comentado que presuntamente elementos del GRP llegaban a lanzar cadáveres en el área.
Las autoridades han señalado que las pruebas que han logrado recopilar indican que la agente Ayala murió tras recibir un disparo del exagente prófugo, Juan Josué Castillo Arévalo, a quien se le responsabiliza.
Hasta el momento, el caso de la agente no ha podido ser esclarecido, pero para ello se han detenido a varios supuestos implicados, entre exelementos del grupo policial y personas civiles. Castillo Arévalo no ha logrado ser capturado, pero sí familiares de este y excompañeros.
Este viernes, en el Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador recibió al exagente Carlos Alberto Flores Fernández, requerido por los delitos de incumplimiento de deberes e encubrimiento en el caso de la desaparición de Ayala.
El exagente fue deportado este jueves procedente de Estados Unidos y arrestado por la policía en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por lo que se le hizo saber los delitos que le atribuyen y el derecho que tiene a nombrar un abogado.
Flores Fernández fue remitido a unas bartolinas policiales en espera de que centros penales le asigne un lugar en una penitenciaria del territorio salvadoreño.
Según la investigación de las autoridades, el exagente huyó hacia Estados Unidos luego que presuntamente ayudara a escapar a su compañero Castillo Arévalo.
La alcaldía de La Libertad Norte se encuentra desarrollando diversos proyectos sociales en beneficio de la población, aseguró el jefe municipal Jorge Escamilla.
Explicó que algunos de esos proyectos son destinados a las personas de la tercera edad, así como a jóvenes y niños a través de actividades en educación musical y baile. Además, sigue el otorgamiento de becas.
«Uno de los programas sociales es el programa municipal de becas, en el que tengo a cerca de 120 chicos becados, entre jóvenes de bachillerato y universidades privadas. También podemos destacar está la creación de la banda municipal, en donde tenemos un semillero de talentos, y la escuela de ballet que tiene un poco más de 100 niñas formándose. Y las atenciones médicas a domicilio a personas de la tercera edad», detalló Escamilla.
En cuanto al otorgamiento de becas, señaló que muchos jóvenes de bachillerato que son beneficiarios viven en zonas alejadas, por lo que se les brinda apoyo que cubre los pasajes, documentos y alimentación.
Respecto a la escuela de música, explicó que los niños y jóvenes que la integran posteriormente pasan a ser miembros de la banda municipal, en la que «no solamente les enseñamos a hacer sonar un instrumento, sino que les enseñamos solfeo, leer notas musicales».
Con el programa del médico a domicilio se brinda atención a aquellos residentes de La Libertad Norte que ya no pueden salir de casa.
«Tenemos comités de adulto mayor en cada comunidad; ellos identifican casos de vulneración de derechos, que necesitan víveres o que necesitan atención médica», indicó.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
