Judicial
«Artis» el testigo criteriado que confesó cómo operaba la estructura criminal ligada a Pamela Posada
Con la ausencia de la exlocutora Pamela Posada, un testigo criteriado detalló la forma en la que operaba una estructura de narcotráfico que operaba desde el mar salvadoreño hasta las tierras guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) dice que Posada sigue en la lista de acusados.
El testigo con régimen de protección «Artis” describió la forma cómo se movilizaba cocaína y grandes sumas de dinero entre Guatemala y El Salvador por la estructura “Los Cheros”, quienes se hacían pasar por pescadores en La Libertad.
A preguntas de la FGR y la defensa, el testigo alegó que había trabajado para la organización por las sumas de dinero que estos narcotraficantes pagaban a cambio de su colaboración entre los años 2015 y 2016.
¿Cómo ingresó a la estructura?
Según la declaración, una mujer de nombre Ana Lucrecia fue quien se contactó con “Artis” para ofrecerle dinero a cambio de llevar dinero o ser un simple vigía de la estructura en la que aprovechó sus condiciones para forjar un lazo de amistad y negocios con las esposas de estos.
En agosto del 2015, Marlon Monroy Meono, un exmilitar mejor conocido como “El teniente”, le encomendó al delator mover de Guatemala a El Salvador $5,500 para que Milton Ernesto Cuellar Valencia, alias “Pepe”, comprara motores de lancha para mover droga.
La confianza de los narcos con el testigo creció y para el 4 de noviembre de 2015 fueron $70,000 los que transportó a playas de La Libertad, siempre con el mismo objetivo: Mover droga.
“Artís” señaló que sus jefes aprovecharon sus rasgos físicos para que se hiciera pasar como turista, además, montaba fiestas estridentes en ranchos privados a los que llevaba prostitutas para no levantar sospechas.
El trabajo para la estructura le permitió ascender al rango de “bandera”, paso a ser los ojos de los capos y avisaba cualquier movimiento extraño durante los traslados de armas y drogas.
La desarticulación de la estructura
El 23 de diciembre de 2015, la esposa del cabecilla de la organización fue capturada junto con otras siete personas cuando trasladaban cocaína de Guatemala a El Salvador.
Para abril de 2016, “Artis” logró escapar de un fuerte operativo realizado en Antigua Guatemala, donde “El Teniente” –que fue capturado en ese momento- le entregó $120,000 para que lo sacara de la cárcel.
Sin embargo, esta última orden no fue cumplida ya que el 7 de febrero de 2017, “Artis” también fue detenido junto con otros vinculados al Cartel de Sinaloa, estructura con la que Posada ha sido ligada como la coordinadora de logística de 10 operativos por los cuales recibió $20,000.
Fiscalía sin dar razón de Posada
Durante la audiencia, la representación del ministerio público explicó que Posada aún es uno de los imputados del caso pero se limitaron a explicar su paradero.»Ella está en un proceso abierto atado a este mismo proceso», declaró la representación fiscal tras finalizar la vista pública.
Al cuestionarlo el paradero de la expresentadora puntualizó que no daría más detalles porque «tiene reserva sobre ese punto, no le puedo dar más información».
La imputada estaba resguardada en Cárcel de Mujeres, en Ilopanago; sin embargo, a finales de noviembre de 2018 fue trasladada a las bartolinas de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los pescadores se declaran inocentes
Luego de dos días de vista pública, los 10 imputados en el caso, entre ellos Cuellar Valencia, se declararon inocentes de los cargos que se le acusan. Con sus uniformes blancos y esposados de pies y manos se excusaron frente al juez al momento de hacer uso de su última palabra.
Junto a «Pepe» caminó su hermano, Jaime Cuellar, quien remarcó que se había entregado voluntariamente el 24 de marzo del 2017. «Yo no debo nada. Aquí (en la sala de audiencias) se han dicho muchas cosas que no son ciertas», señaló molesto.
La representación fiscal consideró que es normal que cada imputado diga que es inocente; pero puntualizan que tienen las suficientes pruebas para darles una condena máxima a los imputados.
Al filo de las 5:00 de la tarde, el juez dio por cerrado los debates entre las partes y fijo el 30 de enero como fecha para dar el fallo del caso.
NOTA DE El Salvador TIMES
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
