Judicial
«Artis» el testigo criteriado que confesó cómo operaba la estructura criminal ligada a Pamela Posada
Con la ausencia de la exlocutora Pamela Posada, un testigo criteriado detalló la forma en la que operaba una estructura de narcotráfico que operaba desde el mar salvadoreño hasta las tierras guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) dice que Posada sigue en la lista de acusados.
El testigo con régimen de protección «Artis” describió la forma cómo se movilizaba cocaína y grandes sumas de dinero entre Guatemala y El Salvador por la estructura “Los Cheros”, quienes se hacían pasar por pescadores en La Libertad.
A preguntas de la FGR y la defensa, el testigo alegó que había trabajado para la organización por las sumas de dinero que estos narcotraficantes pagaban a cambio de su colaboración entre los años 2015 y 2016.
¿Cómo ingresó a la estructura?
Según la declaración, una mujer de nombre Ana Lucrecia fue quien se contactó con “Artis” para ofrecerle dinero a cambio de llevar dinero o ser un simple vigía de la estructura en la que aprovechó sus condiciones para forjar un lazo de amistad y negocios con las esposas de estos.
En agosto del 2015, Marlon Monroy Meono, un exmilitar mejor conocido como “El teniente”, le encomendó al delator mover de Guatemala a El Salvador $5,500 para que Milton Ernesto Cuellar Valencia, alias “Pepe”, comprara motores de lancha para mover droga.
La confianza de los narcos con el testigo creció y para el 4 de noviembre de 2015 fueron $70,000 los que transportó a playas de La Libertad, siempre con el mismo objetivo: Mover droga.
“Artís” señaló que sus jefes aprovecharon sus rasgos físicos para que se hiciera pasar como turista, además, montaba fiestas estridentes en ranchos privados a los que llevaba prostitutas para no levantar sospechas.
El trabajo para la estructura le permitió ascender al rango de “bandera”, paso a ser los ojos de los capos y avisaba cualquier movimiento extraño durante los traslados de armas y drogas.
La desarticulación de la estructura
El 23 de diciembre de 2015, la esposa del cabecilla de la organización fue capturada junto con otras siete personas cuando trasladaban cocaína de Guatemala a El Salvador.
Para abril de 2016, “Artis” logró escapar de un fuerte operativo realizado en Antigua Guatemala, donde “El Teniente” –que fue capturado en ese momento- le entregó $120,000 para que lo sacara de la cárcel.
Sin embargo, esta última orden no fue cumplida ya que el 7 de febrero de 2017, “Artis” también fue detenido junto con otros vinculados al Cartel de Sinaloa, estructura con la que Posada ha sido ligada como la coordinadora de logística de 10 operativos por los cuales recibió $20,000.
Fiscalía sin dar razón de Posada
Durante la audiencia, la representación del ministerio público explicó que Posada aún es uno de los imputados del caso pero se limitaron a explicar su paradero.»Ella está en un proceso abierto atado a este mismo proceso», declaró la representación fiscal tras finalizar la vista pública.
Al cuestionarlo el paradero de la expresentadora puntualizó que no daría más detalles porque «tiene reserva sobre ese punto, no le puedo dar más información».
La imputada estaba resguardada en Cárcel de Mujeres, en Ilopanago; sin embargo, a finales de noviembre de 2018 fue trasladada a las bartolinas de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los pescadores se declaran inocentes
Luego de dos días de vista pública, los 10 imputados en el caso, entre ellos Cuellar Valencia, se declararon inocentes de los cargos que se le acusan. Con sus uniformes blancos y esposados de pies y manos se excusaron frente al juez al momento de hacer uso de su última palabra.
Junto a «Pepe» caminó su hermano, Jaime Cuellar, quien remarcó que se había entregado voluntariamente el 24 de marzo del 2017. «Yo no debo nada. Aquí (en la sala de audiencias) se han dicho muchas cosas que no son ciertas», señaló molesto.
La representación fiscal consideró que es normal que cada imputado diga que es inocente; pero puntualizan que tienen las suficientes pruebas para darles una condena máxima a los imputados.
Al filo de las 5:00 de la tarde, el juez dio por cerrado los debates entre las partes y fijo el 30 de enero como fecha para dar el fallo del caso.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
