Judicial
«Artis» el testigo criteriado que confesó cómo operaba la estructura criminal ligada a Pamela Posada
Con la ausencia de la exlocutora Pamela Posada, un testigo criteriado detalló la forma en la que operaba una estructura de narcotráfico que operaba desde el mar salvadoreño hasta las tierras guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) dice que Posada sigue en la lista de acusados.
El testigo con régimen de protección «Artis” describió la forma cómo se movilizaba cocaína y grandes sumas de dinero entre Guatemala y El Salvador por la estructura “Los Cheros”, quienes se hacían pasar por pescadores en La Libertad.
A preguntas de la FGR y la defensa, el testigo alegó que había trabajado para la organización por las sumas de dinero que estos narcotraficantes pagaban a cambio de su colaboración entre los años 2015 y 2016.
¿Cómo ingresó a la estructura?
Según la declaración, una mujer de nombre Ana Lucrecia fue quien se contactó con “Artis” para ofrecerle dinero a cambio de llevar dinero o ser un simple vigía de la estructura en la que aprovechó sus condiciones para forjar un lazo de amistad y negocios con las esposas de estos.
En agosto del 2015, Marlon Monroy Meono, un exmilitar mejor conocido como “El teniente”, le encomendó al delator mover de Guatemala a El Salvador $5,500 para que Milton Ernesto Cuellar Valencia, alias “Pepe”, comprara motores de lancha para mover droga.
La confianza de los narcos con el testigo creció y para el 4 de noviembre de 2015 fueron $70,000 los que transportó a playas de La Libertad, siempre con el mismo objetivo: Mover droga.
“Artís” señaló que sus jefes aprovecharon sus rasgos físicos para que se hiciera pasar como turista, además, montaba fiestas estridentes en ranchos privados a los que llevaba prostitutas para no levantar sospechas.
El trabajo para la estructura le permitió ascender al rango de “bandera”, paso a ser los ojos de los capos y avisaba cualquier movimiento extraño durante los traslados de armas y drogas.
La desarticulación de la estructura
El 23 de diciembre de 2015, la esposa del cabecilla de la organización fue capturada junto con otras siete personas cuando trasladaban cocaína de Guatemala a El Salvador.
Para abril de 2016, “Artis” logró escapar de un fuerte operativo realizado en Antigua Guatemala, donde “El Teniente” –que fue capturado en ese momento- le entregó $120,000 para que lo sacara de la cárcel.
Sin embargo, esta última orden no fue cumplida ya que el 7 de febrero de 2017, “Artis” también fue detenido junto con otros vinculados al Cartel de Sinaloa, estructura con la que Posada ha sido ligada como la coordinadora de logística de 10 operativos por los cuales recibió $20,000.
Fiscalía sin dar razón de Posada
Durante la audiencia, la representación del ministerio público explicó que Posada aún es uno de los imputados del caso pero se limitaron a explicar su paradero.»Ella está en un proceso abierto atado a este mismo proceso», declaró la representación fiscal tras finalizar la vista pública.
Al cuestionarlo el paradero de la expresentadora puntualizó que no daría más detalles porque «tiene reserva sobre ese punto, no le puedo dar más información».
La imputada estaba resguardada en Cárcel de Mujeres, en Ilopanago; sin embargo, a finales de noviembre de 2018 fue trasladada a las bartolinas de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los pescadores se declaran inocentes
Luego de dos días de vista pública, los 10 imputados en el caso, entre ellos Cuellar Valencia, se declararon inocentes de los cargos que se le acusan. Con sus uniformes blancos y esposados de pies y manos se excusaron frente al juez al momento de hacer uso de su última palabra.
Junto a «Pepe» caminó su hermano, Jaime Cuellar, quien remarcó que se había entregado voluntariamente el 24 de marzo del 2017. «Yo no debo nada. Aquí (en la sala de audiencias) se han dicho muchas cosas que no son ciertas», señaló molesto.
La representación fiscal consideró que es normal que cada imputado diga que es inocente; pero puntualizan que tienen las suficientes pruebas para darles una condena máxima a los imputados.
Al filo de las 5:00 de la tarde, el juez dio por cerrado los debates entre las partes y fijo el 30 de enero como fecha para dar el fallo del caso.
NOTA DE El Salvador TIMES
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
