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Arquitecto Mauricio Arrieta solicita al fiscal general, que investigue a su fiscal auxiliar Giovvana Melina Jimenez y la notario Karla Escamilla por otorgar poder falso
El Arquitecto Mauricio Arrieta por medio de su apoderado legal amplió la denuncia interpuesta contra la Notario Karla Ivette Escamilla López, quien se encuentra procesada en el Caso Corruptela en el Juzgado 4o de Instrucción de San Salvador y que también fue denunciada anteriormente por delito de Falsedad Documental Agravada; y contra el abogado René Alberto Medrano, quien representa a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
La denuncia interpuesta en septiembre del año recién pasado contra la abogada Karla Escamilla por emitir un poder falso a favor del abogado Rene Medrano quien lo utilizó, para denunciar falsamente al reconocido Arquitecto Mauricio Arrieta; tiene a criterio del apoderado judicial de la víctima un interés principal, pues se vuelve un llamado a Fiscalía y a la Unidad de Auditoría Fiscal, para investigar la actuacion de estos profecionales del derecho y que deben tener la debida atención y diligencia, pues la fiscal Giovvana Melina Jimenez, también denunciada por actos arbitrarios, pues ni en lo más mínimo analizó ese falso poder.
El poder sobre el que recae la denuncia, según el apoderado del Arquitecto Arrieta, fue fabricado para presentarse, el abogado René Medrano como representante de la Sociedad Tradesal INC de nacionalidad de Barbados, ante los Tribunales, lo grave es que fiscalía sin mostrar poder alguno lo tienen por parte en calidad de víctima, y cuando se descubre la falsedad con la que actúa René Medrano, presenta un Poder otogado ante la notario Karla Escamilla, el cual es falso pues cita a unos directores de esa sociedad que son inexistentes . Se le hace ver esta situación al Juez y de nuevo los denunciados intentan cubrir la falsedad, diciendo que se trata de un mero error material, cuando en realidad lo que han cometido es una falsedad ratificó el Apoderado.
Veamos cómo otorga burdamente este falso poder, lo identificamos para que otras víctimas no sean sorpredidas con estos juegos de poderes extranjeros:
El abogado René Merdano fabrica un poder en El Salvador, utilizando a la notario Karla Escamilla, donde Medrano aparenta ser el representante de la empresa extranjera Tradesal, supuestamente con amplias facultades para querellar, con dicho poder inexistente, otorga poder especial a tres abogados quienes son: Edgardo Ventura, Lic. Carlos Daniel Ayala Turcios y Licenciado Jose Carlos Barrientos Diaz, curiosamente el abogado Edgardo Ventura le emite poder de regreso a Rene Medrano, quien no tenia necesidad pues en el poder original supuestamente tenía amplio poder para representar a la compañía, (Ven cómo es el juego de malabares para intentar engañar a las autoridades.)
¿Si ya tenía facultades para actuar por qué otoga un poder para que luego se lo deleguen? Esto más suena a fraude acotó el apoderado, quien no descartó que también se investigue al abogado Edgardo Ventura que se prestó para hacer la delegación fraudulenta.
Al abogado que usó los poderes y a quienes colaboraron en su elaboración se les está denunciando por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA y FRAUDE PROCESAL y la Notario Karla Iveth Escamilla por el delito de FALSEDAD DOCUMENTAL AGRAVADA vía el cometimiento del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA.
El apoderado solicitó a Fiscalía que sean citados los abogados Ayala Turcios y Barrientos Diaz para explicar su participación en ese falso poder y si estaban enterados de como sucedió la de la Falsedad Documental.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
