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APES pendiente de proceso judicial contra presidente del Firpo por despido de periodista

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José Modesto Segovia Torres, presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo es vigilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) durante el proceso judicial por el despido del periodista Diego Alemán, quien cumplió las funciones de vocero, jefe de prensa, tesorero, secretario y miembro del personal administrativo del club en 2018.

Luego de que el periodista interpuso la demanda hace 51 días en el Juzgado de los Civil de Usulután no se ha notificado la admisión de la denuncia por despido indirecto o encubierto contra su exjefe para dirimir.

A fin de agilizar el proceso judicial Alemán denunció públicamente el caso a través de una conferencia de prensa que tuvo el apoyo de APES en conjunto con la Mesa de Protección a Periodistas.

Este proceso cuenta con la asistencia jurídica de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entidad que forma parte de la Mesa.

“El 21 de febrero de este año, se me notificó del Juzgado de lo Civil de Usulután, que aclarará algunas circunstancias sobre la forma de cancelación del pago del señor Diego, así como cuál era su día de descanso, por lo que el 26 de febrero, presenté un escrito a dicho juzgado, subsanando las prevenciones hechas, hasta la fecha no se me ha notificado nada de parte de dicho juzgado sobre el último escrito presentado”, afirmó  Teresa Delgado Cerón, abogada de FESPAD.

El 20 de noviembre de 2018, se interpuso la demanda en el Ministerio de Trabajo, ya que el presidente del club le adeuda $3,150 equivalentes a tres meses de trabajo.

Además, el comunicador manifestó que a dicha cantidad se agrega el pago de tres cuentas de teléfono que se dejaron a su nombre, las cuales utiliza por un monto superior a los $230.  

Asimismo, Diego Alemán sostuvo una reunión con su ex patrono José Segovia, en donde recibió $700, y se acordó que el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018 cancelaría $725 adicionales para saldar la deuda, acuerdo que incumplió.

“Es una burla la que el presidente del club está haciendo”, reitera Alemán quien también trató de localizarlo y no respondió, y cuando lo hizo recurrió a insultos.

Es por ello que el comunicador solicitó el apoyo de APES, ya que su caso busca sentar un precedente.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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