Lujosas propiedades en zonas exclusivas, automóviles de colección, ostentosos ranchos en la playa y avionetas son algunos de los bienes con los que el expresidente Mauricio Funes, allegados y testaferros blanquearon más de $27,248,000, según las investigaciones del caso «Saqueo Público».

Desde 2018 a la fecha, la Fiscalía General de la República ha incautado más de 130 bienes a Funes, a su socio Miguel Menéndez conocido como Mecafé, su actual pareja Ada Michel Guzmán, a la exprimera dama Vanda Pignato, al exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, al ex piloto presidencial asignado a Funes, Luis García, al ex secretario de comunicaciones, David Rivas y al exdirector ejecutivo, Manuel Ayala.

El ministerio público acusa a Funes, quien huyó y se asiló en Nicaragua y tiene seis órdenes de captura, y a 31 personas más, de sustraer $351,035,400 de fondos públicos durante su mandato en 2009-2014.

El ministerio público señala que el expresidente junto a sus más cercanos colaboradores, presuntamente creo una compleja red para extraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir las propiedades, vehículos, entre otros.

En junio del 2018, la Fiscalía intervino los primeros 24 inmuebles ubicados en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, La Paz, La Unión, Usulután y San Miguel, los cuales estaban bajo los nombres de familiares y empleados de confianza de Funes. La Fiscalía detalló que entre lo incautado estaban casas, ranchos de playa, terrenos y 20 manzanas cultivadas con caña de azúcar.

Durante ese año también se decomisó dos aeronaves, vinculadas a Mecafé y a uno de los hijos de Funes. La Fiscalía dijo que tenía documentos de que una de las avionetas era de una sociedad del socio de Funes y la vendió en $30,000 a una escuela de aviación. Luego de la venta le cambió el número de matrícula.

Funes además de utilizar el dinero del Estado para adquirir bienes personales, aprovechó para complacer a sus parejas y darles bienes, «por capricho», según el fiscal general Rodolfo Delgado. Las investigaciones lograron ubicar una vivienda en Sierra Alta, Santa Elena ligada a Guzmán; una lujosa casa donde vivía Pignato en Lomas de Altamira.

Meses después, en abril del 2019, el ministerio público materializó otras 61 propiedades valuadas en $23,883.000 ubicadas en exclusivas zonas del país. Entre lo decomisado había empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas, entre ellos, Latin American Spa, negocio con el que Funes complació a Michel Guzmán, además, Cosase y Mecafé, empresas de Menéndez.

En el procedimiento se incautó ranchos de playa situados en cantón Cangrejera y otro en Tamanique, en La Libertad; además de tres terrenos rústicos. Otra propiedad incautada fue la finca Altamira en el departamento de Sonsonate, y un lujoso rancho en el estero de Jaltepeque, La Paz.

Hasta entonces la Fiscalía ya había materializado 85 propiedades vinculadas a Funes y demás exfuncionarios o amigos a través de la Ley de Extinción de Dominio.

El año pasado a los empleados de Capres: David Rivas, exsecretario de Comunicaciones; y Manuel Ayala, ex director ejecutivo, quienes también son acusados en «Saqueo Público», la Fiscalía les incautó 9 propiedades, 6 vehículos y 3 productos financieros, que adquirieron con fondos públicos. El valor de los bienes asciende a $1,300,000.

La última destacada incautación fue la del pasado 18 de agosto. La Fiscalía intervino 46 bienes al exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, que están valoradas en $1,670,000.

Los más de 130 bienes, valuados en más de $27 millones, que la Fiscalía ha confiscado a Funes y su red de corrupción han pasado a manos del Consejo Nacional de la Administración de Bienes (CONAB).