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Amigos y testaferros de Funes lavaron $27 millones en bienes inmuebles, armas y vehículos
Lujosas propiedades en zonas exclusivas, automóviles de colección, ostentosos ranchos en la playa y avionetas son algunos de los bienes con los que el expresidente Mauricio Funes, allegados y testaferros blanquearon más de $27,248,000, según las investigaciones del caso «Saqueo Público».
Desde 2018 a la fecha, la Fiscalía General de la República ha incautado más de 130 bienes a Funes, a su socio Miguel Menéndez conocido como Mecafé, su actual pareja Ada Michel Guzmán, a la exprimera dama Vanda Pignato, al exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, al ex piloto presidencial asignado a Funes, Luis García, al ex secretario de comunicaciones, David Rivas y al exdirector ejecutivo, Manuel Ayala.
El ministerio público acusa a Funes, quien huyó y se asiló en Nicaragua y tiene seis órdenes de captura, y a 31 personas más, de sustraer $351,035,400 de fondos públicos durante su mandato en 2009-2014.
El ministerio público señala que el expresidente junto a sus más cercanos colaboradores, presuntamente creo una compleja red para extraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir las propiedades, vehículos, entre otros.
En junio del 2018, la Fiscalía intervino los primeros 24 inmuebles ubicados en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, La Paz, La Unión, Usulután y San Miguel, los cuales estaban bajo los nombres de familiares y empleados de confianza de Funes. La Fiscalía detalló que entre lo incautado estaban casas, ranchos de playa, terrenos y 20 manzanas cultivadas con caña de azúcar.
Durante ese año también se decomisó dos aeronaves, vinculadas a Mecafé y a uno de los hijos de Funes. La Fiscalía dijo que tenía documentos de que una de las avionetas era de una sociedad del socio de Funes y la vendió en $30,000 a una escuela de aviación. Luego de la venta le cambió el número de matrícula.
Funes además de utilizar el dinero del Estado para adquirir bienes personales, aprovechó para complacer a sus parejas y darles bienes, «por capricho», según el fiscal general Rodolfo Delgado. Las investigaciones lograron ubicar una vivienda en Sierra Alta, Santa Elena ligada a Guzmán; una lujosa casa donde vivía Pignato en Lomas de Altamira.
Meses después, en abril del 2019, el ministerio público materializó otras 61 propiedades valuadas en $23,883.000 ubicadas en exclusivas zonas del país. Entre lo decomisado había empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas, entre ellos, Latin American Spa, negocio con el que Funes complació a Michel Guzmán, además, Cosase y Mecafé, empresas de Menéndez.
En el procedimiento se incautó ranchos de playa situados en cantón Cangrejera y otro en Tamanique, en La Libertad; además de tres terrenos rústicos. Otra propiedad incautada fue la finca Altamira en el departamento de Sonsonate, y un lujoso rancho en el estero de Jaltepeque, La Paz.
Hasta entonces la Fiscalía ya había materializado 85 propiedades vinculadas a Funes y demás exfuncionarios o amigos a través de la Ley de Extinción de Dominio.
El año pasado a los empleados de Capres: David Rivas, exsecretario de Comunicaciones; y Manuel Ayala, ex director ejecutivo, quienes también son acusados en «Saqueo Público», la Fiscalía les incautó 9 propiedades, 6 vehículos y 3 productos financieros, que adquirieron con fondos públicos. El valor de los bienes asciende a $1,300,000.
La última destacada incautación fue la del pasado 18 de agosto. La Fiscalía intervino 46 bienes al exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, que están valoradas en $1,670,000.
Los más de 130 bienes, valuados en más de $27 millones, que la Fiscalía ha confiscado a Funes y su red de corrupción han pasado a manos del Consejo Nacional de la Administración de Bienes (CONAB).
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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