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Amigos y testaferros de Funes lavaron $27 millones en bienes inmuebles, armas y vehículos
Lujosas propiedades en zonas exclusivas, automóviles de colección, ostentosos ranchos en la playa y avionetas son algunos de los bienes con los que el expresidente Mauricio Funes, allegados y testaferros blanquearon más de $27,248,000, según las investigaciones del caso «Saqueo Público».
Desde 2018 a la fecha, la Fiscalía General de la República ha incautado más de 130 bienes a Funes, a su socio Miguel Menéndez conocido como Mecafé, su actual pareja Ada Michel Guzmán, a la exprimera dama Vanda Pignato, al exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, al ex piloto presidencial asignado a Funes, Luis García, al ex secretario de comunicaciones, David Rivas y al exdirector ejecutivo, Manuel Ayala.
El ministerio público acusa a Funes, quien huyó y se asiló en Nicaragua y tiene seis órdenes de captura, y a 31 personas más, de sustraer $351,035,400 de fondos públicos durante su mandato en 2009-2014.
El ministerio público señala que el expresidente junto a sus más cercanos colaboradores, presuntamente creo una compleja red para extraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir las propiedades, vehículos, entre otros.
En junio del 2018, la Fiscalía intervino los primeros 24 inmuebles ubicados en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, La Paz, La Unión, Usulután y San Miguel, los cuales estaban bajo los nombres de familiares y empleados de confianza de Funes. La Fiscalía detalló que entre lo incautado estaban casas, ranchos de playa, terrenos y 20 manzanas cultivadas con caña de azúcar.
Durante ese año también se decomisó dos aeronaves, vinculadas a Mecafé y a uno de los hijos de Funes. La Fiscalía dijo que tenía documentos de que una de las avionetas era de una sociedad del socio de Funes y la vendió en $30,000 a una escuela de aviación. Luego de la venta le cambió el número de matrícula.
Funes además de utilizar el dinero del Estado para adquirir bienes personales, aprovechó para complacer a sus parejas y darles bienes, «por capricho», según el fiscal general Rodolfo Delgado. Las investigaciones lograron ubicar una vivienda en Sierra Alta, Santa Elena ligada a Guzmán; una lujosa casa donde vivía Pignato en Lomas de Altamira.
Meses después, en abril del 2019, el ministerio público materializó otras 61 propiedades valuadas en $23,883.000 ubicadas en exclusivas zonas del país. Entre lo decomisado había empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas, entre ellos, Latin American Spa, negocio con el que Funes complació a Michel Guzmán, además, Cosase y Mecafé, empresas de Menéndez.
En el procedimiento se incautó ranchos de playa situados en cantón Cangrejera y otro en Tamanique, en La Libertad; además de tres terrenos rústicos. Otra propiedad incautada fue la finca Altamira en el departamento de Sonsonate, y un lujoso rancho en el estero de Jaltepeque, La Paz.
Hasta entonces la Fiscalía ya había materializado 85 propiedades vinculadas a Funes y demás exfuncionarios o amigos a través de la Ley de Extinción de Dominio.
El año pasado a los empleados de Capres: David Rivas, exsecretario de Comunicaciones; y Manuel Ayala, ex director ejecutivo, quienes también son acusados en «Saqueo Público», la Fiscalía les incautó 9 propiedades, 6 vehículos y 3 productos financieros, que adquirieron con fondos públicos. El valor de los bienes asciende a $1,300,000.
La última destacada incautación fue la del pasado 18 de agosto. La Fiscalía intervino 46 bienes al exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, que están valoradas en $1,670,000.
Los más de 130 bienes, valuados en más de $27 millones, que la Fiscalía ha confiscado a Funes y su red de corrupción han pasado a manos del Consejo Nacional de la Administración de Bienes (CONAB).
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
