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Al menos 25 denuncias por casos de fraudes bancarios al mes registran en la FGR
La pandemia disparó el uso de sistemas de banca digital en el país, pero con un mayor acceso también se incrementaron los riesgos para los usuarios.
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), cada mes se presentan de 20 a 25 denuncias de casos de fraudes sufridos por usuarios de banca digital o de tarjetas de crédito, pero también hay una preocupación por casos fuera de registro.
Los estafadores están recurriendo a llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por personal de bancos y mediante la suplantación de identidad, correos falsos o trucos les sirven para ganar la confianza de los usuarios y argumentos necesarios para cometer ilícitos.
Según la FGR y la SSF, los criminales tienen como objetivo principal a usuarios con poco conocimiento de plataformas digitales (incluyendo personas mayores) a quienes les piden depósitos, nombres de usuarios y claves de acceso a cuentas bancarias y tarjetas.
«Bajo ningún punto de vista o circunstancia un empleado bancario va a llamarle para pedirle su contraseña o usuario”, dijo Raúl Cardenal, presidente Abansa.
El superintendente del Sistema Financiero, Gustavo Villatoro, recordó que ninguna entidad está autorizada para pedir ese tipo de información por llamada telefónica o por ningún servicios de mensajería en dispositivos móviles como WhatsApp u otras aplicaciones.
“Ninguna entidad del sistema financiero está autorizada para pedir depósitos, dinero o claves de acceso por ninguna red de mensajería o red social”, Gustavo Villatoro, Superintendente del Sistema Financiero.
Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), dijo que pondrán en marcha una campaña educativa para frenar esas nuevas modalidades de fraude. “Por la pandemia los servicios electrónicos han ido popularizando y es bueno hacer un recordatorio sobre las mejores prácticas para evitar este tipo de actividades (fraudes)”, dijo.
El fiscal general, Raúl Melara, añadió que, aunque los montos no son significativos, hay una afectación para las personas, partiendo que es poco o mucho dependiendo de los recursos que cada quien tenga. Agregó que hay una coordinación de la FGR, los bancos y la SSF para atajar el problema.
“No se ha identificado a personal de banco involucrado. Los criminales sacan información de redes sociales y hacen que ellos caigan en el error”, Raúl Melara, Fiscal General de la República.
“Es importante hacer un llamado a la población para que no caiga en ninguna trampa. Ningún banco les va a pedir información a través de medios no oficiales”, puntualizó.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
