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Agentes policiales se quejan ante el presidente por mal uso de vehículos de sus jefes: “Los utilizan para andar de parranda y jalando bolos”
El Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) envió una carta al presidente de la República, Nayib Bukele, para denunciar que las jefaturas de la institución realizan mal uso de vehículos policiales, ya que señalan que los utilizan fuera de las horas laborales para “andar de parranda”, “jalando bolos” y a pesar de todo piden refuerzo en gastos de combustible.
El MTP pide al presidente que se dé la orden a los oficiales que dejen los vehículos que tienen asignados en las sedes policiales cuando haya terminado la jornada ya que de esa manera se evitaría que hagan mal uso de ellos y poder ahorrar dinero.
Por reglamento de la institución, la mayoría de jefaturas y cargos de alto rango en la Policía tienen asignado un vehículo —sin identificación policial y con placa particular— y personal de seguridad para el mismo, así como una cantidad de vales de combustible para todo el mes, pero el MTP indicó que hay muchas denuncias de mal uso.
“Son demasiadas las denuncias del mal uso que le dan a estos vehículos con placas particulares, que después de horas laborales los utilizan para andar de parranda con sus amigos… Los motoristas y seguridad asignados a ellos, en las noches les toca andar jalando bolos, además tienen que hacerles viajes particulares a los jefes”, dice en MTP en la misiva.
De acuerdo con el movimiento de trabajadores, a las jefaturas se les asignan 90 vales de combustible de $5.71 cada uno, al mes, lo que es equivalente a $513.90. Pero en algunos casos piden refuerzo a la institución y se les concede otros 30 vales más por un valor de $171.30. Sumando ambas cifras se obtiene solo en combustible $685.20.
“Ellos (oficiales) no son especiales, son otros trabajadores más en la institución Policial, consideramos que los únicos que pueden llevar vehículo para sus casas son: Director y Subdirectores, nadie más; porque los otros oficiales han hecho piñata de los vehículos y vales de combustible.”, señaló el movimiento.
Por lo que piden al Presidente que tome cartas en el asunto y que de hacer los ajustes necesarios se podría ahorrar “varios millones de dólares”, que se podrían invertir en el mejoramiento de las condiciones de los policías, puestos, subdelegaciones y delegaciones.
“Si el personal del nivel básico viaja en sus propios vehículos, pagar su propia gasolina y mantenimiento, y si no tienen viajan en transporte público; porque los oficiales no pueden hacer lo mismo si ganar más”, cuestionaron.
También señalaron que algunos jefes se llevan los carros institucionales cuando van de vacaciones anuales.
“Mire, aquí lo que ha pasado es que algunos jefes cuando se van de vacaciones igual se llevan los carros para uso personal”, indicó una de las fuentes y que la otra corroboró, agregando que también hay problemas cuando hay una nueva flotilla de vehículos para la institución.
Indicó que han sucedido casos que cuando la institución tiene nuevos vehículos, algunas de las jefaturas “son los primeritos” en salir a pedir que se les cambie el que tienen asignado por un modelo más reciente.
“Siempre quieren estrenar todos los carros y ahí dejan todos jodidos los que andaban”, señaló el otro elemento de seguridad pública.
Esta nueva denuncia se suma a la que hicieron algunos elementos de la institución sobre el estado de los carros patrullas en todo el país, quienes dijeron que se encuentran en mal estado
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
