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ABOGADOS: Sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais tras acción iniciada en su contra, la cual no era un asunto penal, sino mercantil
Tras la sentencia emitida el por el juzgado 3° de Instrucción de San Salvador el pasado 9 de octubre de “sobresease de definitivamente a los procesados José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Blanco Rais y José Mauricio Salvador Arrieta Gálvez, por la comisión del delito calificado provisionalmente de falsedad ideológica previsto y sancionado en el artículo 284 del código penal, en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente en perjuicio de las sociedades Cindesol inc. y Tradesal inc., representadas por el licenciado René Alberto Medrano”, los abogados defensores del señor Enrique Rais, informaron más detalles del caso esta mañana de viernes.
En conferencia de prensa los representantes legales del empresario salvadoreño y el licenciado Juan Andrés Santamaría, apoderado legal de Enrique Rais, informaron del caso penal que se promovió contra su cliente y demás personas allegadas a Rais, el cual según ellos siempre contó con múltiples ilegalidades cometidas por el exfiscal de la República, Douglas Meléndez.
En un principio la denuncia la formula en el 2016 el abogado Diego Balmore Escobar, a quien se identifica como amigo cercano del entonces Fiscal General Douglas Meléndez Ruiz; por este caso la agente fiscal Giovvana Jiménez citó a Enrique Rais, haciéndole creer que lo intimaría de la denuncia, el día 22 de agosto de 2016, sin embargo fue arbitrariamente detenido por otros hechos en un caso que también está cuestionado por el uso de prueba ilegal, por intervenciones telefónicas ilícitas.
“Ha existido una persecución penal ilegal contra Enrique Rais, montada por la Fiscalía, mientras estuvo bajo el mando de Douglas Meléndez”, resaltaron los defensores.
Otro punto importante que dieron a conocer los abogados de Rais, es que la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador notificó ayer, jueves 10 de octubre, que el caso Rais- Martínez, debe pasar a un tribunal ordinario de segundo grado, y no en un juzgado especializado antimafia.
“Debe ser conocido por un tribunal ordinario al no estar configurando un proceso que tenga vinculación con crimen organizado. La Cámara Especializado de lo Penal está dando la razón al equipo defensor y que los casos del señor Enrique Rais y otras personas vinculadas a él, no estamos frente a una estructural del crimen organizado. Los casos se formularon de otra manera, con intereses comerciales y una clara intención de perjudicarlo”, informó Santamaría.
En cuanto a la supuesta deuda con los ciudadanos canadienses Mateo Pasquale y Franco Pacetti, que exigieron a Enrique Rais $25 millones para regresarle certificados de acciones que ellos poseen, supuesetamente de forma fraudulenta, de la sociedad Tradesal Inc el abogado sostuvo que estos nunca pudieron probar su calidad y nunca se hizo uso del recurso mercantil y civil para cobrar la inexistente deuda.
«No lo hicieron porque saben que tenemos toda la documentación para probar que la deuda ya no existe, incluso, ha sido sobrepagada con intereses voraces por nuestro cliente. Fueron varios millones de dólares a lo que originalmente se había pactado por nuestro cliente».
Acá la Conferencia de Prensa.
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
