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ABOGADO RAIS: Persecución judicial en contra de su patrocinado se debe a “competidores inescrupulosos”
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, apoderado legal del empresario Enrique Rais, ha vuelto a reiterar la razón por la que existe una “persecución judicial penal ilegal” contra su cliente desde hace un par de meses atrás.
Según el experto jurídico es porque se le quiere dejar a Enrique Rais fuera de la renegociación de un contrato millonario para la disposición final de los desechos sólidos de las alcaldías que conforman el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Para el 2019 se vence el contrato firmado entre la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) con las alcaldías del AMSS para el adecuado manejo y tratamiento de la basura, lo que obliga a las autoridades edilicias a través de sus gobiernos municipales a iniciar a renegociar de un nuevo acuerdo comercial para no afectar a la población con el tema del manejo de la basura.
Sin embargo para el apoderado legal de Rais, intentar excluir a su patrocinador de las nuevas negociaciones se debe a que “competidores inescrupulosos recurriendo a imputaciones falsas y están detrás de la persecución judicial penal e ilegal que sufre el señor Enrique Rais”, afirmó Rafael Hernán Cortez Saravia.
Según Cortez Saravia apoderado el ganador de los nuevos se estará embolsando más de $480 millones por prestar el servicio de disposición final de los desechos sólidos.
El contrato firmado entre MIDES y las alcaldías del AMSS incluye además del servicio de recolección y disposición final de los desechos sólidos un retorno en las ganancias producidas por la actividad del relleno sanitario, lo que debe ser devuelto en obras de beneficio social a los habitantes de los municipios que son quienes al final pagan con sus tasas municipales por el citado servicio acotó el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia.
“Ante la imposibilidad de mejorar la oferta a las alcaldías por el servicio de disposición de la basura es que se busca dejar fuera al señor Enrique Rais con prácticas de competencia desleal”, subrayó el abogado Cortez Saravia señalando a la sociedad propietaria de un relleno sanitario ubicado en San Diego, departamento de La Libertad como la responsable de las imputaciones hacia su representado.
Desde el inicio del proceso judicial contra su representado, Rafael Hernán Cortez Saravia denunció “graves violaciones” al Código Procesal Penal, a la Ley Especial para la Intervención a las Telecomunicaciones (LEIT) y otros marcos legales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) haciendo imputaciones “sin ningún fundamento” contra el empresario Enrique Rais.
Rafael Hernán Cortez Saravia insistió en que violando el artículo 23 de la LEIT se intervino “ilegalmente” el teléfono celular de su patrocinado y “sin ningún indicio en su contra” se le hizo una acusación “fuera del plazo que establece la ley”, por lo que desde su punto de vista el proceso judicial que se sigue contra el señor Rais es “nulo de nulidad absoluta”.
A medida transcurre el tiempo se van revelando los verdaderos motivos por los que se busca sacar del negocio de la disposición final de la basura al señor Rais concluyó el abogado Rafael Hernan Cortez Saravia.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está siendo adoptado por países como Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, tanto en la administración de cárceles como en la construcción de nuevas instalaciones de alta seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Ecuador, la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, está en proceso de construcción y se espera que esté lista a finales de 2025. Esta prisión, diseñada al estilo de las megaprisiones salvadoreñas, tendrá capacidad para entre 700 y 800 internos de alta peligrosidad, según informó el Diario El Mercurio.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola manifestaron en marzo de 2024 su interés por replicar este modelo, y recientemente el alcalde de Lima solicitó asesoría técnica a El Salvador para construir una cárcel similar, en respuesta al aumento de la inseguridad.
Costa Rica también anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,000 reos, contando con la cooperación técnica salvadoreña, según declaró el ministro de Justicia Gerald Campos.
En Honduras, el gobierno de Roxana Castro implementa módulos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, siguiendo el modelo del Cecot.
Expertos en administración pública y seguridad destacan que este modelo ha transformado las cárceles salvadoreñas, con orden, disciplina, tecnología avanzada y programas innovadores como el Plan Cero Ocio, convirtiéndolo en un referente regional para el control efectivo y la rehabilitación en el sistema penitenciario.
