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ABOGADO RAIS: Persecución judicial en contra de su patrocinado se debe a “competidores inescrupulosos”
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, apoderado legal del empresario Enrique Rais, ha vuelto a reiterar la razón por la que existe una “persecución judicial penal ilegal” contra su cliente desde hace un par de meses atrás.
Según el experto jurídico es porque se le quiere dejar a Enrique Rais fuera de la renegociación de un contrato millonario para la disposición final de los desechos sólidos de las alcaldías que conforman el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Para el 2019 se vence el contrato firmado entre la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) con las alcaldías del AMSS para el adecuado manejo y tratamiento de la basura, lo que obliga a las autoridades edilicias a través de sus gobiernos municipales a iniciar a renegociar de un nuevo acuerdo comercial para no afectar a la población con el tema del manejo de la basura.
Sin embargo para el apoderado legal de Rais, intentar excluir a su patrocinador de las nuevas negociaciones se debe a que “competidores inescrupulosos recurriendo a imputaciones falsas y están detrás de la persecución judicial penal e ilegal que sufre el señor Enrique Rais”, afirmó Rafael Hernán Cortez Saravia.
Según Cortez Saravia apoderado el ganador de los nuevos se estará embolsando más de $480 millones por prestar el servicio de disposición final de los desechos sólidos.
El contrato firmado entre MIDES y las alcaldías del AMSS incluye además del servicio de recolección y disposición final de los desechos sólidos un retorno en las ganancias producidas por la actividad del relleno sanitario, lo que debe ser devuelto en obras de beneficio social a los habitantes de los municipios que son quienes al final pagan con sus tasas municipales por el citado servicio acotó el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia.
“Ante la imposibilidad de mejorar la oferta a las alcaldías por el servicio de disposición de la basura es que se busca dejar fuera al señor Enrique Rais con prácticas de competencia desleal”, subrayó el abogado Cortez Saravia señalando a la sociedad propietaria de un relleno sanitario ubicado en San Diego, departamento de La Libertad como la responsable de las imputaciones hacia su representado.
Desde el inicio del proceso judicial contra su representado, Rafael Hernán Cortez Saravia denunció “graves violaciones” al Código Procesal Penal, a la Ley Especial para la Intervención a las Telecomunicaciones (LEIT) y otros marcos legales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) haciendo imputaciones “sin ningún fundamento” contra el empresario Enrique Rais.
Rafael Hernán Cortez Saravia insistió en que violando el artículo 23 de la LEIT se intervino “ilegalmente” el teléfono celular de su patrocinado y “sin ningún indicio en su contra” se le hizo una acusación “fuera del plazo que establece la ley”, por lo que desde su punto de vista el proceso judicial que se sigue contra el señor Rais es “nulo de nulidad absoluta”.
A medida transcurre el tiempo se van revelando los verdaderos motivos por los que se busca sacar del negocio de la disposición final de la basura al señor Rais concluyó el abogado Rafael Hernan Cortez Saravia.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
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De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
