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Abogado ambientalista: ¿alcalde Henry Flores, está Salume por encima de la Ley?
La municipalidad de Santa Tecla, se encuentra -a criterio del abogado ambientalista Edgar Lemus- ante un reto principal para demostrar que en esta nueva etapa no caben los actos de corrupción e impunidad que fueron evidenciados en las últimas dos administraciones en que gobernó el partido ARENA en ese municipio.
El motivo de estas palabras se debe a la solicitud de pronta acción que ha presentado este día para que el señor Alcalde de San Tecla, Henry Flores, haga cumplir la ley e inicie un procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa PULSEM, que administra el botadero municipal del puerto de La Libertad y que es propiedad de Salume, por haber infringido la Ley de contrataciones del Estado, al mentir para que le fuera conferido en el año 2017 un contrato para darle tratamiento a la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla por lo cual cobró unos $850 mil dólares aproximadamente.
“El problema es que la empresa de Salume presentó una oferta manifestando que contaba con un permiso ambiental suficiente para darle tratamiento a unas 120 o 190 toneladas de basura producida diariamente en el municipio de Santa Tecla, pero en la realidad, a esa fecha solamente contaba con un permiso para operar un botadero mixto -entre manual y mecanizado- con una capacidad según el reglamento para el manejo de basura, para disponer diariamente un máximo de 42 toneladas de basura en el sitio», manifestó el denunciante.
De acuerdo a Lemus, la infracción se comete cuando se declaran hechos falsos para obtener el contrato de disposición final de la basura, ya que los términos de referencia especificaban claramente que se requería un sitio para disponer la basura que contara con los permisos ambientales para darle adecuado tratamiento a todos los desechos que allí se depositaran. Pero la empresa de Salume, presentó un permiso que le autorizaba a construir la ampliación del Botadero Municipal, mas no le otorgaba permiso de funcionamiento. A la fecha, la empresa de Salume se encuentra sometida a un proceso judicial de reclamación de daños ambientales precisamente por haber estado prestando servicios a otros clientes sin el permiso ambiental correspondiente.
La Ley de Contratación del Estado establece que es una infracción grave el hecho de aportar datos falsos para obtener una contratación pública y la empresa o persona que lo haga, debe ser sometida a un procedimiento administrativo sancionatorio, siendo la condena aplicable, la inhabilitación por cinco años para contratar con cualquier institución del Estado, incluyendo las municipalidades e instituciones oficiales autónomas.
Más allá de tratarse de la empresa de una de las personas económicamente poderosas en el país, se busca confirmar con hechos y no palabras que el Alcalde Henry Flores se está apartando de toda la estela de corrupción que ensombrece la gestión municipal que tuvo Roberto d’Aubuisson que fue quien favoreció fraudulentamente a Salume con este tipo de contratos, como también lo hizo con la negociación opaca, carente de toda transparencia realizada en su momento con TECLASEO, sobre la que nunca rindió cuentas el Ex Alcalde. Detalló también el abogado.
Finalmente hizo público que en los próximos días estará presentando un aviso penal ante la Fiscalía en contra de la empresa de Salume y el exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y quienes formaron parte de su Concejo Municipal durante sus dos periodos a cargo, por los delitos de Estafa, Peculado y Negociaciones Ilícitas.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
