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851,934 DUI en exterior pueden usarse para elecciones de 2024
Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), dio a conocer ayer en la entrevista Frente a Frente que hay 851,934 documentos únicos de identidad (DUI) en el exterior, entre vigentes y vencidos, que podrán utilizarse para votar en las próximas elecciones de presidente y diputados legislativos.
Velasco detalló que de este total, alrededor de 650,000 documentos están vigentes; sin embargo, aclaró que la diáspora podrá ejercer su voto con DUI vigente o vencido.
También recordó que el plazo de inscripción de ciudadanos al registro electoral en el exterior aún sigue abierto, pues conforme a un decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa, el cierre para los connacionales finalizará en la primera semana de noviembre próximo, es decir, 90 días antes de las elecciones del 4 de febrero de 2024.
El funcionario destacó que a través de las mejoras e innovaciones que ha impulsado el gobierno del presidente Nayib Bukele a los servicios que brinda el Rnpn a la diáspora, es que se ha logrado un incremento significativo en la emisión de DUIs en el extranjero.
En ese sentido, detalló que han ejecutado un promedio de 140 ferias de identidad en el exterior en los últimos meses, a través de las cuales los salvadoreños pueden solicitar su documento de forma más fácil y cerca de sus lugares de residencia.
Además, el RNPN ha puesto a disposición de la diáspora el servicio de DUI Exprés, por medio del cual los documentos son enviados hasta la puerta de la casa de los connacionales luego de haber sido solicitados en ferias de identidad, consulados o jornadas móviles que realiza periódicamente la institución en algunas ciudades. «Sabemos que el ciudadano en el extranjero demanda su Documento Único de Identidad. En el exterior andamos por 170,000 generados al año», aseguró Velasco.
Por otro lado, el equipo técnico del TSE se reunió ayer para continuar con la evaluación de propuestas de diseño de las papeletas para el voto en el extranjero, la instalación de centros de votación y el plan de consulta ciudadana para los salvadoreños que residen en el exterior.
En la reunión participaron tres divisiones del TSE: la Dirección de Organización Electoral, la Unidad de Sistemas Informáticos y de registro electoral, y una representación de la empresa INDRA, que ejecutará el sistema de voto en el exterior.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
