Internacionales
Uno de los pequeños sobrevivientes de la masacre de los Lebarón deberá ser operado por un balazo en la mandíbula
Un pariente de los miembros de la familia asesinados en una emboscada de un cártel de drogas en el norte de México afirmó que cinco niños que sobrevivieron al tiroteo se encuentran en condición estable en un hospital de Arizona.
Aaron Staddon, de Queen Creek y esposo de una familiar de las víctimas, declaró que los menores están recuperándose, aunque uno de ellos necesitará una extensa cirugía plástica por el disparo que sufrió en la mandíbula.
Dijo que su esposa está devastada y que la familia espera que los niños sean transportados de un hospital de Tucson a una instalación de Phoenix este miércoles.
En total, las autoridades mexicanas precisaron que el saldo mortal del ataque fue de tres mujeres adultas y seis menores de edad. En tanto, seis menores quedaron heridos, una menor ilesa y otra niña desaparecida, que fue hallada horas después. Cuando las ráfagas cesaron, los niños sobrevivientes escaparon hacia el monte, la mayoría salió al camino cuando cayó el sol y escucharon que sus familiares los estaban buscando. La última en ser encontrada fue Mackenzie, una niña que caminó 14 kilómetros con una herida de bala, pasó más de 12 horas escondida en la sierra, pero logró sobrevivir.
El ataque del lunes contra integrantes de la familia LeBarón, un grupo de mormones con doble nacionalidad asentado desde hace generaciones en el norte de México, ocurrió en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos, zona montañosa donde actúan bandas criminales.
En declaraciones a la prensa, el fiscal general del estado de Chihuahua, César Peniche Espejel, precisó que el lugar donde ocurrió el ataque a la familia LeBarón es conocido por los múltiples enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes para controlar la plaza fronteriza con Estados Unidos y que en esa zona operan, entre otros, “Los Jaguares”.
“Hay un grupo que nosotros tenemos identificado que se denomina ‘Los Jaguares’, que son los que operan en esa región. Este grupo estaría vinculado con el Cártel de Sinaloa y opera entre los estados de Chihuahua y Sonora. Su líder es Francisco Arvizu, alias “El Jaguar”, detalló.
Las LeBarón llegaron a México en la década de 1920 y se estableció en el estado de Chihuahua. Hace 10 años esta familia sorprendió al país cuando se negó a ceder a la exigencia de un grupo criminal y no pagó el rescate de Erick LeBarón, de 17 años. Desde entonces, han encarado a estos grupos de la delincuencia.
“Este es el momento para que México, con la ayuda de EEUU, le declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!”, escribió Donald Trump en Twitter. Luego, sostuvo una conversación con el presidente mexicano, Andrés López Obrador, quien pidió mayor cooperación para evitar el paso de armas estadounidenses al territorio mexicano.
Según el secretario de seguridad mexicano, Alfonso Durazo, el ataque pudo ser el resultado de “una confusión” de grupos delictivos que se disputan el control de la región. Pero LeBarón dijo que tras la reconstrucción de los hechos están convencidos de que fue un ataque directo contra las mujeres, que viajaban conduciendo cada una de ellas una camioneta con niños a bordo.
En el sitio de la masacre, el Rancho las Moras, en Bavispe, Sonora, miembros de la comunidad mormona observaban desolados los restos calcinados de una de las camionetas mientras que en otras dos se veían restos de sangre y vidrios y puertas destruidos por las balas. En el vehículo calcinado fueron encontrados los restos de una mujer y cuatro niños pequeños, dos de ellos gemelos de menos de un año.
“Le abrieron fuego en cuanto (la camioneta) empezó a subir el cerro (…) suponemos que después de dispararles fueron a quemarlos”, relató LeBarón, cuya familia suma unas 5.000 personas. Otra de las mujeres atacadas “salió del vehículo y levantó los brazos y le dispararon a quemarropa”, añadió con voz consternada LeBarón. El cuerpo de la tercera mujer fue localizado dentro de la camioneta y bajo su regazo su hija de tres meses, que logró ser rescatada con vida.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
