Internacionales
Uno de los pequeños sobrevivientes de la masacre de los Lebarón deberá ser operado por un balazo en la mandíbula
Un pariente de los miembros de la familia asesinados en una emboscada de un cártel de drogas en el norte de México afirmó que cinco niños que sobrevivieron al tiroteo se encuentran en condición estable en un hospital de Arizona.
Aaron Staddon, de Queen Creek y esposo de una familiar de las víctimas, declaró que los menores están recuperándose, aunque uno de ellos necesitará una extensa cirugía plástica por el disparo que sufrió en la mandíbula.
Dijo que su esposa está devastada y que la familia espera que los niños sean transportados de un hospital de Tucson a una instalación de Phoenix este miércoles.
En total, las autoridades mexicanas precisaron que el saldo mortal del ataque fue de tres mujeres adultas y seis menores de edad. En tanto, seis menores quedaron heridos, una menor ilesa y otra niña desaparecida, que fue hallada horas después. Cuando las ráfagas cesaron, los niños sobrevivientes escaparon hacia el monte, la mayoría salió al camino cuando cayó el sol y escucharon que sus familiares los estaban buscando. La última en ser encontrada fue Mackenzie, una niña que caminó 14 kilómetros con una herida de bala, pasó más de 12 horas escondida en la sierra, pero logró sobrevivir.
El ataque del lunes contra integrantes de la familia LeBarón, un grupo de mormones con doble nacionalidad asentado desde hace generaciones en el norte de México, ocurrió en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos, zona montañosa donde actúan bandas criminales.
En declaraciones a la prensa, el fiscal general del estado de Chihuahua, César Peniche Espejel, precisó que el lugar donde ocurrió el ataque a la familia LeBarón es conocido por los múltiples enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes para controlar la plaza fronteriza con Estados Unidos y que en esa zona operan, entre otros, “Los Jaguares”.
“Hay un grupo que nosotros tenemos identificado que se denomina ‘Los Jaguares’, que son los que operan en esa región. Este grupo estaría vinculado con el Cártel de Sinaloa y opera entre los estados de Chihuahua y Sonora. Su líder es Francisco Arvizu, alias “El Jaguar”, detalló.
Las LeBarón llegaron a México en la década de 1920 y se estableció en el estado de Chihuahua. Hace 10 años esta familia sorprendió al país cuando se negó a ceder a la exigencia de un grupo criminal y no pagó el rescate de Erick LeBarón, de 17 años. Desde entonces, han encarado a estos grupos de la delincuencia.
“Este es el momento para que México, con la ayuda de EEUU, le declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!”, escribió Donald Trump en Twitter. Luego, sostuvo una conversación con el presidente mexicano, Andrés López Obrador, quien pidió mayor cooperación para evitar el paso de armas estadounidenses al territorio mexicano.
Según el secretario de seguridad mexicano, Alfonso Durazo, el ataque pudo ser el resultado de “una confusión” de grupos delictivos que se disputan el control de la región. Pero LeBarón dijo que tras la reconstrucción de los hechos están convencidos de que fue un ataque directo contra las mujeres, que viajaban conduciendo cada una de ellas una camioneta con niños a bordo.
En el sitio de la masacre, el Rancho las Moras, en Bavispe, Sonora, miembros de la comunidad mormona observaban desolados los restos calcinados de una de las camionetas mientras que en otras dos se veían restos de sangre y vidrios y puertas destruidos por las balas. En el vehículo calcinado fueron encontrados los restos de una mujer y cuatro niños pequeños, dos de ellos gemelos de menos de un año.
“Le abrieron fuego en cuanto (la camioneta) empezó a subir el cerro (…) suponemos que después de dispararles fueron a quemarlos”, relató LeBarón, cuya familia suma unas 5.000 personas. Otra de las mujeres atacadas “salió del vehículo y levantó los brazos y le dispararon a quemarropa”, añadió con voz consternada LeBarón. El cuerpo de la tercera mujer fue localizado dentro de la camioneta y bajo su regazo su hija de tres meses, que logró ser rescatada con vida.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
