Internacionales
Un coche bomba estalla en Quito sin dejar víctimas
El automóvil explotó a causa de la activación de «dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita», dijo el director de Investigaciones de la policía, el general Pablo Ramírez, a la prensa hacia la medianoche del miércoles.
Los bomberos indicaron que «el incendio vehicular fue controlado» y que «no existen personas afectadas».
La policía informó el jueves que está investigando informes sobre un segundo vehículo «incinerado» en Quito.
Horas después del primer incidente, Ramírez señaló que agentes detuvieron a varios kilómetros del sitio del estallido a seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, que tienen antecedentes por extorsión, robo y asesinato, y que estarían involucrados en el hecho.
«Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas», apuntó el jefe policial.
Previamente, el presidente Guillermo Lasso expresó por la red X, antes Twitter, que «la Policía está levantando evidencias para determinar si se trató de un accidente o es un hecho provocado».
Presos trasladados
Este tipo de hechos es inusual en la capital ecuatoriana. En enero de 2018 se registró el estallido de un coche bomba en un poblado fronterizo con Colombia (norte) para atentar contra un cuartel policial, que dejó daños materiales y 23 heridos leves.
En los hechos del miércoles, el auto quedó destruido, según fotografías difundidas por la policía por la red X, en la que apuntó que «individuos habrían dejado abandonado el vehículo estacionado» y que se «habría encontrado con un artefacto de mecha lenta».
Dos ciudadanos «que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado líquido inflamable, que produjo la explosión del automotor, en cuyo interior existían 2 cilindros de gas», añadió la institución, que confirmó que no se registraron víctimas.
La explosión se produjo cerca de un edificio donde funcionaban oficinas del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que el miércoles trasladó a presos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, que han protagonizado varias masacres carcelarias en el país, que dejan más de 430 reclusos muertos desde 2021.
Ramírez sostuvo que el traslado de presos «posiblemente sería» lo que motivó el estallido del coche bomba en ese sitio.
Guardias retenidos
Ante la guerra que sostienen organizaciones con nexos con carteles mexicanos y colombianos, Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción por 60 días para todo el sistema penitenciario de Ecuador, lo que le permite emplear a militares para el control de los reclusorios.
Bajo ese mandato, cientos de soldados y policías intervinieron el miércoles para buscar armas, municiones y explosivos en una cárcel localizada en la ciudad andina de Latacunga (sur), de las principales de la nación y uno de los escenarios de las matanzas entre presos.
En protesta por la intervención, presos de la cárcel de la ciudad de Cuenca (sur andino) retuvieron a guardias penitenciarios. «Los servidores retenidos están en buen estado», señaló el SNAI, sin precisar si ya fueron liberados.
La ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste), la segunda de Ecuador, se ha convertido en un bastión de la violencia narco, que ha recrudecido con autos bomba, masacres carcelarias, cadáveres desmembrados y colgados de puentes, secuestros y extorsiones.
Bandas del narcotráfico, que usan los reclusorios como centros de operaciones, también se enfrentan en las calles, donde la tasa de homicidios subió al récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble del año anterior.
Desde 2021, Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, ha incautado unas 530 toneladas de cocaína.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
