Internacionales
Un coche bomba estalla en Quito sin dejar víctimas
El automóvil explotó a causa de la activación de «dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita», dijo el director de Investigaciones de la policía, el general Pablo Ramírez, a la prensa hacia la medianoche del miércoles.
Los bomberos indicaron que «el incendio vehicular fue controlado» y que «no existen personas afectadas».
La policía informó el jueves que está investigando informes sobre un segundo vehículo «incinerado» en Quito.
Horas después del primer incidente, Ramírez señaló que agentes detuvieron a varios kilómetros del sitio del estallido a seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, que tienen antecedentes por extorsión, robo y asesinato, y que estarían involucrados en el hecho.
«Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas», apuntó el jefe policial.
Previamente, el presidente Guillermo Lasso expresó por la red X, antes Twitter, que «la Policía está levantando evidencias para determinar si se trató de un accidente o es un hecho provocado».
Presos trasladados
Este tipo de hechos es inusual en la capital ecuatoriana. En enero de 2018 se registró el estallido de un coche bomba en un poblado fronterizo con Colombia (norte) para atentar contra un cuartel policial, que dejó daños materiales y 23 heridos leves.
En los hechos del miércoles, el auto quedó destruido, según fotografías difundidas por la policía por la red X, en la que apuntó que «individuos habrían dejado abandonado el vehículo estacionado» y que se «habría encontrado con un artefacto de mecha lenta».
Dos ciudadanos «que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado líquido inflamable, que produjo la explosión del automotor, en cuyo interior existían 2 cilindros de gas», añadió la institución, que confirmó que no se registraron víctimas.
La explosión se produjo cerca de un edificio donde funcionaban oficinas del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que el miércoles trasladó a presos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, que han protagonizado varias masacres carcelarias en el país, que dejan más de 430 reclusos muertos desde 2021.
Ramírez sostuvo que el traslado de presos «posiblemente sería» lo que motivó el estallido del coche bomba en ese sitio.
Guardias retenidos
Ante la guerra que sostienen organizaciones con nexos con carteles mexicanos y colombianos, Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción por 60 días para todo el sistema penitenciario de Ecuador, lo que le permite emplear a militares para el control de los reclusorios.
Bajo ese mandato, cientos de soldados y policías intervinieron el miércoles para buscar armas, municiones y explosivos en una cárcel localizada en la ciudad andina de Latacunga (sur), de las principales de la nación y uno de los escenarios de las matanzas entre presos.
En protesta por la intervención, presos de la cárcel de la ciudad de Cuenca (sur andino) retuvieron a guardias penitenciarios. «Los servidores retenidos están en buen estado», señaló el SNAI, sin precisar si ya fueron liberados.
La ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste), la segunda de Ecuador, se ha convertido en un bastión de la violencia narco, que ha recrudecido con autos bomba, masacres carcelarias, cadáveres desmembrados y colgados de puentes, secuestros y extorsiones.
Bandas del narcotráfico, que usan los reclusorios como centros de operaciones, también se enfrentan en las calles, donde la tasa de homicidios subió al récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble del año anterior.
Desde 2021, Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, ha incautado unas 530 toneladas de cocaína.
Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.
«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».
Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.
«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.
Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».
El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».
Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.
Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.
Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación
Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.
En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.
Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión, informaron el sábado a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2,400 detenidos, la mayoría acusados de «terrorismo». Unas 2,000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
«¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?», señaló Romero.
La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz «se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio».
«Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal», indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.
Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un «centro de torturas» por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
Díaz «había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado», informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. «Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público», dijo.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
La explosión de un automóvil frente a un edificio policial en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron este sábado autoridades.
El estallido ocurrió minutos antes de las 12:00 pm (hora local), frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, una región en la que operan diversos cárteles del narcotráfico.
«Un vehículo con su conductor explotó» en el centro de esa localidad, reportó la Fiscalía General de México en la red social X.
La conflagración causó la muerte del conductor del automóvil y dos personas más, quienes fallecieron en un hospital mientras eran atendidas por las lesiones que sufrieron, añadió la Fiscalía.
Peritos especializados en explosivos trabajan para «obtener la identidad» de los responsables, agregó la institución.
El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, el cual es resguardado por fuerzas de seguridad federales.
En Michoacán operan al menos cinco cárteles narcotraficantes, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana, designados como «organizaciones terroristas extranjeras» por el presidente estadounidense, Donald Trump, en febrero.
En esa región, en octubre fue asesinado el líder de los limoneros locales, Bernardo Bravo, quien había denunciado ser víctima de extorsiones por parte de grupos criminales.
El mes siguiente, el popular alcalde Carlos Manzo, famoso por hacer frente a las mafias que operan en ese estado, fue abatido a balazos en un acto público.
Estos crímenes de alto perfil llevaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzar un plan de seguridad para Michoacán, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.
Ambos atentados provocaron protestas antigubernamentales, inclusive en Ciudad de México, donde el 15 de noviembre pasado ocurrió la movilización más violenta a la fecha contra la administración de Sheinbaum y su política de seguridad.
