Internacionales
Un coche bomba estalla en Quito sin dejar víctimas
El automóvil explotó a causa de la activación de «dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita», dijo el director de Investigaciones de la policía, el general Pablo Ramírez, a la prensa hacia la medianoche del miércoles.
Los bomberos indicaron que «el incendio vehicular fue controlado» y que «no existen personas afectadas».
La policía informó el jueves que está investigando informes sobre un segundo vehículo «incinerado» en Quito.
Horas después del primer incidente, Ramírez señaló que agentes detuvieron a varios kilómetros del sitio del estallido a seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, que tienen antecedentes por extorsión, robo y asesinato, y que estarían involucrados en el hecho.
«Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas», apuntó el jefe policial.
Previamente, el presidente Guillermo Lasso expresó por la red X, antes Twitter, que «la Policía está levantando evidencias para determinar si se trató de un accidente o es un hecho provocado».
Presos trasladados
Este tipo de hechos es inusual en la capital ecuatoriana. En enero de 2018 se registró el estallido de un coche bomba en un poblado fronterizo con Colombia (norte) para atentar contra un cuartel policial, que dejó daños materiales y 23 heridos leves.
En los hechos del miércoles, el auto quedó destruido, según fotografías difundidas por la policía por la red X, en la que apuntó que «individuos habrían dejado abandonado el vehículo estacionado» y que se «habría encontrado con un artefacto de mecha lenta».
Dos ciudadanos «que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado líquido inflamable, que produjo la explosión del automotor, en cuyo interior existían 2 cilindros de gas», añadió la institución, que confirmó que no se registraron víctimas.
La explosión se produjo cerca de un edificio donde funcionaban oficinas del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que el miércoles trasladó a presos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, que han protagonizado varias masacres carcelarias en el país, que dejan más de 430 reclusos muertos desde 2021.
Ramírez sostuvo que el traslado de presos «posiblemente sería» lo que motivó el estallido del coche bomba en ese sitio.
Guardias retenidos
Ante la guerra que sostienen organizaciones con nexos con carteles mexicanos y colombianos, Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción por 60 días para todo el sistema penitenciario de Ecuador, lo que le permite emplear a militares para el control de los reclusorios.
Bajo ese mandato, cientos de soldados y policías intervinieron el miércoles para buscar armas, municiones y explosivos en una cárcel localizada en la ciudad andina de Latacunga (sur), de las principales de la nación y uno de los escenarios de las matanzas entre presos.
En protesta por la intervención, presos de la cárcel de la ciudad de Cuenca (sur andino) retuvieron a guardias penitenciarios. «Los servidores retenidos están en buen estado», señaló el SNAI, sin precisar si ya fueron liberados.
La ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste), la segunda de Ecuador, se ha convertido en un bastión de la violencia narco, que ha recrudecido con autos bomba, masacres carcelarias, cadáveres desmembrados y colgados de puentes, secuestros y extorsiones.
Bandas del narcotráfico, que usan los reclusorios como centros de operaciones, también se enfrentan en las calles, donde la tasa de homicidios subió al récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble del año anterior.
Desde 2021, Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, ha incautado unas 530 toneladas de cocaína.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
