Internacionales
Trump será juzgado a partir de marzo en Nueva York por el caso de los pagos a una actriz porno
Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal, a partir del 25 de marzo, por un caso de pagos para comprar el silencio de una actriz porno, anunció este jueves un juez de Nueva York.
La decisión, que confirmó la fecha de inicio del juicio, llega en plena campaña electoral del multimillonario republicano de 77 años para volver a la Casa Blanca.
«Hay muchos aspectos a considerar» sostuvo el juez del caso, Juan Merchan, al rechazar los pedidos de la defensa de Trump para posponer el inicio del juicio, que iniciará con la selección del jurado a partir del 25 de marzo.
El caso «nunca hubiera sido presentado» si no estuviera «postulándome» a presidente, declaró Trump en su red social Truth Social previo a la audiencia en el Tribunal de Distrito de Manhattan, al que llegó poco antes de las 9h00 locales (14h00 GMT).
Hasta ahora, los numerosos casos judiciales que enfrenta el expresidente -sobre el que pesan 91 cargos penales- no han socavado su popularidad, y las encuestas le dan como favorito en un posible duelo contra el actual mandatario Joe Biden en noviembre.
Pagos a la actriz Stormy Daniels
El magnate está acusado de 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130.000 dólares a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que el político siempre ha negado.
Los pagos en sí no son ilegales, pero Trump los anotó como «honorarios jurídicos» en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.
Asimismo, según documentos judiciales, el magnate compró el silencio de terceros al menos dos veces más. Pagó 30.000 dólares a un portero de la Torre Trump que afirmaba tener información sobre un hijo del magnate fruto de una relación extramatrimonial, y otros 150.000 a una mujer que aseguraba tener un romance con el expresidente.
Trump se declaró no culpable de los cargos en su contra el 4 de abril del año pasado y se dice víctima de una «caza de brujas» para impedir que vuelva a la Casa Blanca.
El multimillonario no ha escatimado críticas al juez Merchan, que ya instruyó en 2022 otro caso contra la empresa familiar por fraude fiscal.
«ME ODIA», dijo en su plataforma Truth Social.
Los expertos no creen que a la fiscalía le sea fácil demostrar las acusaciones que pesan sobre el expresidente, por lo que resulta incierto que pueda ser condenado a una pena de cárcel.
Montaña rusa judicial
Sus abogados también lo representaron este jueves en Atlanta, Georgia, donde Trump fue acusado de conspirar para interferir en la elección de 2020 en la que fue derrotado por Biden.
La audiencia tenía como objetivo inhabilitar a la fiscal Fani Willis por una supuesta relación con otro fiscal, y que desestimar los cargos contra el exmandatario.
Obligado a declarar este jueves, el fiscal Nathan Wade afirmó que su relación con Willis comenzó «alrededor de marzo» de 2022.
El viernes está previsto el anuncio de la multa que le impondrá el juez Arthur F. Engoron, que instruyó otro caso por fraude fiscal, y que podría elevarse a 370 millones de dólares como reclama la fiscalía, que se sumarían a los más de 80 millones que ha sido condenado a pagar recientemente por difamar a una escritora que lo acusó de violarla en la década de los 90.
Y Trump enfrenta otro posible juicio en Washington. Este proceso en la justicia federal debía comenzar el 4 de marzo pero fue reportado hasta evaluar la eventual inmunidad penal del expresidente en este caso en el que se le acusa de conspiración para revertir los resultados de la elección en 2020.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
