Internacionales
Protestas en Perú: detienen a más de 200 manifestantes en una importante universidad pública en Lima
Más de 200 manifestantes que estaban dentro de una importante universidad pública en Lima fueron detenidos este sábado luego de que la policía entrara al centro educativo para desalojarlo.
El hecho sucede dos días después de la denominada “toma de Lima”, en la que manifestantes de diferentes puntos del país acudieron a la capital peruana para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió al presidente Pedro Castillo luego de que el pasado 7 de diciembre anunciara la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia y, como consecuencia, fuera destituido y arrestado.
El coordinador del equipo de prevención del delito de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo a la radio local RPP que la policía informó de la detención de 205 personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
“La información que ha sido remitida por la policía al Ministerio Público es que ellos han actuado en flagrancia en dos hechos: un ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades y una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos”, sostuvo.
De acuerdo a lo informado por la universidad en un comunicado, manifestantes ingresaron al edificio en la noche del viernes con sus rostros cubiertos, le quitaron los chalecos y equipos al personal de seguridad que había dentro y los expulsaron.
En la convocatoria para el pasado jueves a “la toma de Lima”, lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales para renovar el Ejecutivo y el Congreso, continuó la violencia desatada en el país desde la destitución de Castillo y manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron en las avenidas centrales de la capital.
Ese día, el primer ministro Alberto Otálora anunció la extensión del estado de emergencia a todo el país, incluido Lima, lo cual restringe algunos derechos civiles.
Las autoridades anunciaron este sábado que otro manifestante había muerto luego de protestas en la región sureña de Puno, donde estaciones de policía fueron incendiadas.
En las últimas seis semanas murieron al menos 50 personas en las manifestaciones en lo que se ha calificado de represión policial.
La Unión Europea (UE) condenó la violencia generalizada y lo que calificó como uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de la policía.
“La UE hace un llamado al gobierno y a todos los actores políticos a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y garantizar un diálogo inclusivo con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas como salida a la crisis”, dijo en un comunicado difundido este sábado.
Así mismo, el gobierno de Perú cerró este sábado y por tiempo indefinido la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los principales sitios turísticos del país, y el Camino del Inca que conduce al lugar debido a las protestas.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
