Internacionales
Protestas en Perú: detienen a más de 200 manifestantes en una importante universidad pública en Lima
Más de 200 manifestantes que estaban dentro de una importante universidad pública en Lima fueron detenidos este sábado luego de que la policía entrara al centro educativo para desalojarlo.
El hecho sucede dos días después de la denominada “toma de Lima”, en la que manifestantes de diferentes puntos del país acudieron a la capital peruana para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió al presidente Pedro Castillo luego de que el pasado 7 de diciembre anunciara la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia y, como consecuencia, fuera destituido y arrestado.
El coordinador del equipo de prevención del delito de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo a la radio local RPP que la policía informó de la detención de 205 personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
“La información que ha sido remitida por la policía al Ministerio Público es que ellos han actuado en flagrancia en dos hechos: un ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades y una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos”, sostuvo.
De acuerdo a lo informado por la universidad en un comunicado, manifestantes ingresaron al edificio en la noche del viernes con sus rostros cubiertos, le quitaron los chalecos y equipos al personal de seguridad que había dentro y los expulsaron.
En la convocatoria para el pasado jueves a “la toma de Lima”, lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales para renovar el Ejecutivo y el Congreso, continuó la violencia desatada en el país desde la destitución de Castillo y manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron en las avenidas centrales de la capital.
Ese día, el primer ministro Alberto Otálora anunció la extensión del estado de emergencia a todo el país, incluido Lima, lo cual restringe algunos derechos civiles.
Las autoridades anunciaron este sábado que otro manifestante había muerto luego de protestas en la región sureña de Puno, donde estaciones de policía fueron incendiadas.
En las últimas seis semanas murieron al menos 50 personas en las manifestaciones en lo que se ha calificado de represión policial.
La Unión Europea (UE) condenó la violencia generalizada y lo que calificó como uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de la policía.
“La UE hace un llamado al gobierno y a todos los actores políticos a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y garantizar un diálogo inclusivo con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas como salida a la crisis”, dijo en un comunicado difundido este sábado.
Así mismo, el gobierno de Perú cerró este sábado y por tiempo indefinido la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los principales sitios turísticos del país, y el Camino del Inca que conduce al lugar debido a las protestas.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
