Internacionales
Policía dejó morir a su hijo a maltratos: lo sentencian a 25 años de cárcel en Nueva York
Michael Valva, ex oficial de policía NYPD, fue sentenciado ayer a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra, según la acusación en Long Island.
“Ante una sala del tribunal abarrotada, Valva se derrumbó al expresar remordimiento: ´Estoy lleno de vergüenza, roto y afligido´, dijo, mientras comparecía ante el juez William Condon en el Tribunal Penal de Suffolk en Riverhead. ´Amaba a Thomas con todo mi corazón´… No quería que mi hijo muriera”, citó Pix11.
Former NYPD officer Michael Valva was sentenced to 25 years to life in prison on Thursday for the hypothermia death of his 8-year-old son, Thomas, in 2020. pic.twitter.com/HxwgPKRDMr
— PIX11 News (@PIX11News) December 9, 2022
El mes pasado Valva fuedeclarado culpable de todos los cargos en su contra incluido el más alto, asesinato en segundo grado. Se enfrentaba a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. La investigación determinó obligó a su hijo Thomas a dormir en un garaje sin calefacción a temperaturas bajo cero en enero de 2020, lo que provocó la muerte del maltratado niño en su hogar en Long Island.
La pesquisa realizada por las autoridades reveló evidencia de presunto abuso físico y negligencia por parte de Valva y su entonces novia, Angela Pollina, entre septiembre de 2017 y enero de 2020, incluidos informes del Distrito Escolar de East Moriches que alegan que en numerosas ocasiones Thomas y su hermano Anthony llegaron a la escuela con hambre, frío, sucios o marcados con rasguños, moretones y cortes.
Valva y Pollina fueron arrestados al mismo tiempo y acusados de homicidio en segundo grado y de poner en peligro a un menor al actuar con “indiferencia depravada a la vida humana”. Ambos se declararon “no culpables”.
Pollina sigue detenida y su juicio ocurrirá en una fecha aún no determinada. “Estaba claro a partir de toda la evidencia, una evidencia sustancial de que ella era la dictadora de la disciplina en ese hogar, que controlaba no sólo a Michael, sino que también tenía un amante en ese hogar que vivía con ella”, dijo el abogado defensor del policía, John LoTurco, durante el dramático juicio, según ABC News.
La muerte del menor el 17 de enero 2020 al parecer fue la culminación de años de abuso implacable sufrido por Thomas y sus hermanos, incluyendo pasar hambre, frío y torturas, trascendió en el juicio contra Valva en Riverhead.
“Los golpearé hasta que sangren”, escribió en un mensaje de texto Valva a Pollina sobre los niños, dijo al jurado la asistente del fiscal del condado Suffolk, Laura Newcombe, según Newday. “Es lo único que funciona”.
El último maltrato sucedió cuando el entonces policía obligó al niño a dormir en un garaje sin calefacción en su casa mientras la temperatura bajó a 19 grados F (-7C) y luego lo roció con agua helada, causándole hipotermia, dijo la fiscalía al jurado.
Justyna Zubko Valva, madre biológica de Thomas, había denunciado el abuso de sus tres hijos a manos de su ex esposo policía y en junio de 2020 presentó una demanda federal de $200 millos. Ella había perdido la custodia de sus tres niños también por supuesto abuso de poder de Valva. En el hogar donde murió Thomas también vivían tres hijas de Pollina.
La madre alegó en la demanda que los tribunales de Long Island, los funcionarios escolares y las agencias de servicios sociales no protegieron al niño de su abusivo padre policía, pese a las muchas señales antes de que muriera congelado.
“Zubko Valva había presentado pruebas ante el tribunal, CPS (servicios de protección infantil), la policía y los abogados de los niños (Tribunal de Familia) varias veces que mostraban el grave abuso físico, mental y sexual de sus hijos por parte de Valva y Pollina “, dijo entonces su abogado demandante. Días después de la muerte de Thomas, su madre recuperó la custodia de sus dos hijos sobrevivientes.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
