Internacionales
Pandillero de la MS-13 acusado de abusar y asesinar de una menor de 13 años en Los Angeles
La Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles anunció este viernes que Jorge Palacios, un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), fue declarado culpable por el asesinato en 2001 de una niña de 13 años, quien antes de morir fue violada.
La Fiscalía estableció que Palacios, de 38 años, habría ordenado el asesinato de la menor Jacqueline Piazza hace casi dos décadas. Su orden fue ejecutada, según la acusación, por tres miembros de la pandilla MS-13 identificados como Rogelio Contreras, Melvin Sandoval y Santos Grimaldi, de 40, 38 y 35 años respectivamente.
Los tres sospechosos, quienes enfrentan cargos en un juicio separado, presuntamente secuestraron a la niña y la transportaron en la cajuela de un carro a una zona remota del parque Elysian donde fue violada y asesinada, según los datos presentados por los procuradores.
El cadáver desnudo de la pequeña víctima fue descubierto el 28 de junio de 2001 con dos disparos en la cabeza, pero el caso permaneció sin resolverse hasta 2012 cuando los detectives al frente de la pesquisa descubrieron unas denuncias que vinculaban a los pandilleros con la muerte de Piazza.
La detención de los presuntos asesinos se logró a través de la colaboración entre los agentes de la división de Robo y Homicidio y el Departamento de Pandillas y Narcóticos.
Aunque el comunicado de la Fiscalía no precisa por qué la menor de edad fue blanco de ese mortal ataque en 2001, un reportaje publicado por el periódico Los Angeles Times indica que Palacios consideraba a la niña una amenaza a sus operaciones delictivas.
La noche del homicidio, señala el reporte, Palacios y su pareja en aquel entonces golpearon a Piazza antes de entregarla a los otros tres sospechosos.
La fiscal Rachel Green dijo al jurado que Palacios «tenía un problema» con la víctima de 13 años y «consideró que tenía la solución perfecta».
Green además señaló durante el juicio que la adolescente no era miembro de ninguna pandilla. «Con tan solo verla se sabía que era una niña normal, no una pandillera», expuso la fiscal.
Lawrence Forbes, el abogado defensor de Palacios, intentó argumentar que su cliente no ocupaba un rango suficientemente alto dentro de la MS-13 para ordenar la ejecución de alguna víctima. El pandillero se habría unido a la organización delictiva para «evitar el pago de impuestos» en las drogas que vendía, dijo Forbes.
No obstante, el jurado declaró a Palacios culpable de un delito por asesinato en primer grado y un cargo por secuestro para cometer una violación. Asimismo, el panel fijó como válidas las circunstancias especiales agregadas a la imputación formal, las cuales establecían que el crimen ocurrió en la comisión de una agresión sexual y actos lascivos a un niño.
El acusado también fue señalado por cargos relacionados con las armas y actividades de pandillas.
Palacios podría ser condenado a cadena perpetua y deberá comparecer ante los tribunales nuevamente el próximo 11 de abril. El juicio contra los tres presuntos cómplices del asesinato de Jacqueline Piazza comenzará la fase de los argumentos finales este lunes 5 de marzo.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
