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Maduro carga contra plataformas digitales al denunciar golpe «ciberfascista»
«¡Dile no a WhatsApp!», «Odio a través de TikTok e Instagram»: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremete contra las redes sociales después de ser un asiduo usuario. ¿Qué cambió? Una masiva protesta digital contra su reelección, que califica de golpe «ciberfascista».
El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman.
Anunciado el resultado, estallaron protestas que dejaron al menos 11 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y unos 2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro.
Entre las etiquetas más usadas en la red X, después de la elección, estaban #fraude y #VenezuelaLibre, así como #HastaElFinal, mantra de la líder opositora María Corina Machado, que no fue candidata por una inhabilitación.
En el otro polo se posicionó un #GanóMaduro.
Las manifestaciones, muchas en barrios populares que dominaba electoralmente el chavismo, fueron transmitidas masivamente por redes sociales, mientras la mayoría de los medios tradicionales guardaba silencio en un ambiente de «censura» y «autocensura», según denuncia la prensa.
La lectura de Maduro: promoción de «odio», «fascismo», «división» y «amenazas».
«Utilizaron el proceso electoral (…) para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos», ha dicho Maduro, que pidió a su Consejo de Seguridad «recomendaciones» para regular las redes sociales y evitar un «golpe de Estado ciberfacista criminal».
Son «multiplicadores conscientes del odio y el fascismo», señaló Maduro, que acusa igualmente al magnate Elon Musk de orquestar los «ataques contra Venezuela» y estar detrás de un «jaqueo masivo» contra el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora no ha presentado un escrutinio detallado.
«Campaña de terror»
«Yo voy a romper relaciones con WhatsApp», lanzó Maduro en un mitin en el palacio presidencial de Miraflores, el lunes. «A WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre».
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Maduro invitó al retiro «voluntario, progresivo y radical» de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta junto a Facebook o Instagram.
En su programa en la televisión estatal, que siguió al acto político, desinstaló ante las cámaras la aplicación, muy usada en Venezuela.
«No es completamente descabellado pensar puedan intentar bloquear el acceso a WhatsApp. Cuba lo hizo en 2021 durante las protestas masivas que hubo en la isla», explicó a la AFP David Aragort, experto en seguridad digital de la ONG Redes Ayuda.
Machado denunció una «campaña de terror».
«Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir», dijo la dirigente en un audio difundido por redes sociales desde la clandestinidad.
Machado, vetada en televisoras y radios del país, se comunica exclusivamente por redes sociales.
Cuando estallaron protestas, el lunes 29 de julio, circularon en estas plataformas videos de las manifestaciones, así como mensajes contra Maduro y a favor de la oposición.
«Los usuarios han usado esta plataforma como una ventana para informarse e informar a otros de lo que está ocurriendo en el país», indicó Aragort. «Se empezaron a ver transmisiones en vivo de cosas que no te vas a encontrar en ningún medio tradicional nacional».
«Medios, redes y paredes»
Maduro ya había criticado las redes sociales, denunciándolas en 2022 de «campañas» para «promover división y odio».
Pero en general ha sido un gran promotor de estas plataformas.«Medios, redes y paredes», sostenía al exigir su uso en el gobierno para difundir las noticias de su gestión.
Durante la campaña a la reelección grababa contenido exclusivo para TikTok con su esposa Cilia Flores e incluso sus mítines eran transmitidos en directo allí y en X, Instagram y Youtube. Sus cuentas, hasta ahora, siguen activas.
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
