Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años, gerente de Medios de Pago del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), falleció este miércoles 14 de octubre de 2026 tras recibir dos impactos de bala en la espalda mientras caminaba por la 7.ª avenida y vía 1 de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, cerca del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Según la información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se originó en una discusión de tránsito entre el conductor de un automóvil tipo sedán blanco y un motorista que realizaba entregas a domicilio. Testigos indicaron que el automovilista sacó un arma de fuego y disparó contra el motorista; sin embargo, los proyectiles alcanzaron a Mazariegos Díaz, quien transitaba por el lugar y, de acuerdo con esa versión, no participaba en el altercado. Ambos involucrados huyeron del sitio y las primeras búsquedas policiales no lograron localizarlos.

Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron tras reportes de detonaciones. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron medicamentos por vía intravenosa, pero el gerente falleció en la escena. La PNC consignó preliminarmente el caso como muerte por balas perdidas, aunque aclaró que la investigación —a cargo de agentes y del Ministerio Público, que revisa cámaras de seguridad— deberá esclarecer la secuencia exacta, el móvil y las responsabilidades. El CHN confirmó a medios locales el cargo que desempeñaba la víctima.

Mazariegos Díaz lideraba desde 2022 proyectos de modernización de tarjetas de crédito y débito, canales electrónicos y pagos digitales en el CHN, institución bancaria estatal con más de 95 años de trayectoria, especializada en financiamiento de vivienda popular y programas sociales como Mi Primera Casa, con respaldo estatal para sus operaciones.

El incidente provocó el cierre parcial de carriles y afectó la circulación en una avenida transitada de la capital. Las autoridades continúan las diligencias para identificar a los responsables mientras se procesa la escena.

El Gobierno de México dio este miércoles un plazo de un mes a las redes sociales para ajustar sus sistemas y comenzar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida, que cuenta con el acuerdo de las plataformas, se anunció después de varios incidentes de violencia registrados en centros educativos del país.

«En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes», declaró Sheinbaum durante su conferencia diaria, tras firmar el decreto.

Las empresas Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft deberán cumplir con las restricciones. La mandataria advirtió que, si no lo hacen, el Gobierno avanzará hacia una ley que contemple sanciones.

Días antes, el Gobierno anunció que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataran a una subdirectora e hirieran a otras tres personas durante un ataque con armas blancas en una escuela de la ciudad de Torreón, en el norte de México.

Sheinbaum aseguró que, en ese caso y en otro incidente, se identificaron «similitudes» relacionadas con «un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales».

El nuevo decreto prohíbe que las plataformas digitales permitan a menores de edad acceder a «imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio».

Además, las redes sociales deberán alertar a las autoridades «cuando identifiquen contenido que atente contra la vida».

El pasado martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca. Sin embargo, según medios de comunicación, los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el centro educativo.

México es un país golpeado por la violencia del crimen organizado, aunque los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una nueva serie de operativos de seguridad acompañados de toques de queda, que se ejecutarán del 1 al 10 de noviembre en provincias de la región costera, como parte de las acciones del Gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», indicó el mandatario durante una entrevista con Radio Centro, en la ciudad de Ambato, ubicada en la zona central del país.

Noboa explicó que la medida se adoptará tras los resultados reportados por el Gobierno en anteriores operativos de seguridad y restricciones a la movilidad nocturna. Según el mandatario, estas acciones permitieron reducir los delitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

El presidente aseguró que durante el último toque de queda, aplicado del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias costeras, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, se registró una reducción del 40 % de los delitos.

Asimismo, afirmó que varias de las semanas recientes registraron algunas de las cifras más bajas de homicidios en lo que va del año.

«Estamos viendo también una reducción significativa de las extorsiones», añadió Noboa, quien destacó que los operativos de seguridad han permitido capturar a presuntos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas a cárteles de la droga.

El mandatario también señaló que, solo en septiembre pasado, las autoridades incautaron más de ocho toneladas de droga. Según su estimación, este decomiso representó una afectación de 400 millones de dólares a las economías criminales.

«Entonces, más que una percepción, me baso en los números, y los números muestran que está funcionando», sostuvo el presidente al ser consultado sobre los resultados de las medidas de seguridad.

Noboa afirmó que la lucha contra el crimen organizado requiere planificación a mediano y largo plazo. También destacó la necesidad de implementar medidas para prevenir que los jóvenes se incorporen a estructuras delictivas, mediante oportunidades de capacitación, empleo y educación técnica.

Desde 2024, el Gobierno de Noboa mantiene un «conflicto armado interno» contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una escalada de violencia en Ecuador.