Internacionales
Latino de Arizona debe $3 millones de dólares por hospitalizaciones de sus padres por coronavirus
Un hombre en Arizona afronta la exorbitante cuenta de casi tres millones de dólares en facturas “que no paran de llegar” por la hospitalización de sus padres, quienes enfermaron de coronavirus hace seis meses y uno de ellos perdió la vida.
“Los recibos no se detienen. Se adeudan dos millones ochocientos mil dólares en cuentas médicas. Los hospitales no quieren hablar conmigo porque alegan que no soy el paciente. Mi madre legalmente es la responsable y solo se siente mortificada”, dijo Ricardo Aguirre, quien ha perdido 10 familiares por coronavirus desde que comenzó la pandemia.
Mencionó que después de sufrir el dolor de perder a su padre, José de Jesús, de 67 años, quien murió en septiembre de un paro cardiaco debido a complicaciones del virus, tiene que lidiar con los recibos de los hospitales, que fueron transferidos a su madre Martha Guadalupe, quien también se contagió y estuvo hospitalizada un largo periodo.
“De mi madre debo $700,000 dólares y de mi padre tengo una cuenta de dos millones de dólares, más otras cuentas. Si no pago nos dijeron que nos quitan la casa”, asegura Aguirre, quien aún no ha podido reactivar su “food truck” de comida mexicana.
“Estamos esperando que nos den permiso para poder empezar con el negocio”, comentó el mexicano, quien se vio obligado a cerrar el restaurante propiedad de la familia, “Tamales y Tacos Puebla”, debido a la crisis derivada de la pandemia.
Aguirre indicó que “ha hecho de todo” intentando lograr un acuerdo con los nosocomios y que se puedan reducir las cuentas, ya que sus padre contaban con el beneficio de Medicare y sus seguros médicos,de los cuales asegura deben “remanentes”.
Ante esta situación, el padre de cuatro hijos dijo que quizá el “calvario” que está viviendo podría deberse a la discriminación que ejercen los hospitales contra los hispanos que enferman de coronavirus.
“Puede ser que se deba a la discriminación, porque fácilmente me pudieron haber dicho que existen fondos federales o del Gobierno para ayuda a personas que enfermaron de coronavirus”, afirmó.
Actualmente, el inmigrante dijo que está recibiendo orientación para poder acceder a los fondos de ayuda del Gobierno, o las conocidas cuentas de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), ya que si los hospitales han recibido algún tipo de subvención o fondos de ayuda en general, no deben facturar a los pacientes vulnerables a la covid-19
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
