Internacionales
Honduras extradita a EE. UU. a un supuesto traficante de fentanilo
Honduras entregó este miércoles a Estados Unidos a un supuesto traficante de fentanilo casi dos meses después de cancelar el tratado de extradición entre ambos países, informó la policía.
«Ya se fue» el avión de la agencia antidrogas estadounidense DEA que transporta a Javier Marín Gonzales y que despegó del aeropuerto de Palmerola, unos 50 km al norte de Tegucigalpa, dijo a la AFP el portavoz de la policía, Edgardo Barahona.
Marín Gonzales, de 25 años, había sido capturado el 7 de septiembre y la justicia hondureña autorizó el 7 de octubre su extradición, solicitada por la justicia federal de California (oeste de Estados Unidos).
Según las investigaciones, era «uno de los líderes» encargados de «dirigir, gestionar y distribuir fentanilo en la bahía de San Francisco», California, dijo el Poder Judicial en un comunicado.
El fentanilo es un opioide sintético producido legalmente por laboratorios y usado en la medicina como analgésico, pero también es empleado como droga.
En Estados Unidos ha causado una epidemia de adicciones, con más de 70.000 fallecimientos anuales por sobredosis, hasta convertirse en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.
El pasado 28 de agosto la presidenta izquierdista hondureña, Xiomara Castro, dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, alegando que podría servir para preparar un «golpe de Estado» en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su marido, el exmandatario Manuel Zelaya.
En base a este tratado vigente de 1912, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar acusados de narcotráfico.
Uno de ellos fue el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado en junio pasado por una corte de Nueva York a 45 años de cárcel acusado de «conspirar» para enviar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
Marín Gonzales es el segundo supuesto narco hondureño extraditado a Estados Unidos tras la decisión de poner fin al tratado. El primero fue Mario José Cálix, entregado el 4 de septiembre.
Según el tratado, a partir de su denuncia sigue vigente por seis meses, por lo que caducará el 28 de febrero.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
