Internacionales
Honduras decreta emergencia nacional por inseguridad y declara la Guerra contra grupos criminales
Este jueves, Honduras decretó la emergencia nacional por la inseguridad que registra el país centroamericano y les declaró “la guerra” a los grupos criminales que operan en territorio nacional.
“Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios y las colonias, en las aldeas, en los municipios (y) en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad”, anunció la presidenta Xiomara Castro en un mensaje conjunto con la policía.
Con esta medida, la mandataria ha instruido a las autoridades de seguridad a establecer “estados de excepción y suspender garantías constitucionales” allá donde sea necesario. Asimismo ha ordenado que la Policía Militar y las Fuerzas Armadas lleven a cabo controles en la frontera.
Este anuncio de la mandataria hondureña se ha dado en el marco de la presentación de un plan de seguridad nacional con el que el país centroamericano le “declara la guerra” a los grupos criminales que practican la extorsión, la corrupción y el narcotráfico.
“La extorsión está inmersa en diferentes áreas de nuestro país, es una de las principales causas de la migración y cierre de pequeños y medianos comercios”, manifestó la presidenta hondureña, según recoge el diario local La Prensa.
Tal y como ha explicado Castro, el principal objetivo de su “plan antiextorsión” pasa por combatir a las maras y pandillas que operan en territorio hondureño y, especialmente, en las calles de la capital, Tegucigalpa.
La jefa de Estado ha incidido en que el Gobierno está ahora inmerso en la búsqueda de aquellos mecanismos que garanticen la restitución de la paz perdida, dice, durante los mandatos de Porfirio Lobo (2010 -2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Asimismo, Castro confirmó que dio instrucciones al organismo de telecomunicaciones (Conatel) para que vigile la venta de chips para teléfonos, un proceso que a partir de ahora solo se realizará previa identificación del comprador.
A nivel económico, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros deberá establecer también “medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de las personas”.
El proyecto surge en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión, impuesta en su mayoría por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18, ha crecido en los últimos meses.
El nuevo plan de seguridad, que entra en vigor jueves, no podrá aplicar por el momento la suspensión de garantías constitucionales hasta ser aprobada por el Congreso Nacional que ha demandado a la funcionaria un proyecto en contra de la extorsión.
Internacionales
Contabilizan más de 13 muertos tras descarrilamiento de Tren Interoceánico
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Internacionales
Techo de centro comercial colapsa por fuertes lluvias en Sudáfrica
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
Internacionales
Condenan desmantelamiento de un parque histórico de la comunidad china en Panamá
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.









