Internacionales
Hombres armados ingresan a vivienda y asesina a cinco personas y lesionan a otra en Putumayo, Colombia
El pasado martes 13 de diciembre se registró una masacre en municipio de Orito, Putumayo (departamento fronterizo con Perú), que dejó cinco personas muertas y una más herida.
Según testigos, las víctimas se encontraban al interior de una vivienda del barrio La Esperanza, que queda al lado de un pozo petrolero, cuando hombres armados entraron y dispararon indiscriminadamente contra las seis personas que estaban allí. Cuatro murieron al instante, y las otras dos quedaron heridas; posteriormente, uno de los heridos murió por la gravedad de las heridas, según informó la emisora Blu Radio.
La persona sobreviviente al ataque armado está siendo atendida en el hospital del municipio, pero su estado es crítico. Los móviles y autores de la masacre son desconocidos. Las versiones de los testigos sobre los hechos todavía son materia de investigación, pero, al parecer, la zona funciona como un expendio de drogas.
Justamente, a finales de noviembre se realizó en la Casa de Nariño un consejo de seguridad debido al recrudecimiento de la violencia en Putumayo, en el que el presidente Gustavo Petro anunció una intervención integral en el departamento, mediante un refuerzo de seis pelotones del Ejército Nacional allí con 400 soldados para mejorar las condiciones de seguridad en la zona.
A su vez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que la estrategia de seguridad que adoptará el gobierno en Putumayo se concentrará en atacar a las estructuras criminales que le quitan la tranquilidad a la población.
“Dentro de este marco anunciamos que trasladaremos seis pelotones adicionales con 400 soldados y oficiales que van a estar al frente de las operaciones y control pleno del territorio, aumentando la forma en cómo se va a interceptar en tierra y fluvial toda actividad criminal. Estarán al frente de las operaciones y control pleno del territorio, aumentando la forma como interceptaremos tanto territorial como fluvialmente todo comportamiento de ilegalidad”, sostuvo Prada.
Cabe recordar que en ese mismo departamento, 23 personas murieron en un enfrentamiento armado entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, de las disidencias de las Farc, que fue registrado el pasado 19 de noviembre en las veredas de Los Pinos y Las Delicias, municipio de Puerto Guzmán.
Al respecto, el presidente Petro dijo desde Barrancabermeja, Santander: “Mire lo que vimos en Putumayo,¿ustedes creen que esos son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre las disidencias que dicen ser de las antiguas Farc masacrándose de manera dantesca”.
“Que los combatientes son mercenarios, el cual implica acumular un dinero para pagar mensualidades que no puede salir sino de la economía ilegal, la economía ilegal se vuelve la base real de esas agrupaciones, para comprar armas y seres humanos”, agregó.
Según reporta Indepaz, al 1 de diciembre se registran 91 masacres en todo el país que dejan 289 víctimas en lo que va corrido del 2022. La última de estas había ocurrido el lunes 28 de noviembre en Leticia, Amazonas, y terminó con cuatro personas asesinadas, que fueron identificadas como Leonardo Alexander Moreno Manuares, Antoni Manuares y Khan Carlos Valderrama.
Aquella masacre fue perpetrada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas cuando se encontraban departiendo en un establecimiento comercial de la capital amazónica.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
