Internacionales
Gobierno de Ecuador suspende por cinco meses a su vicepresidenta
El documento, firmado por una funcionaria de recursos humanos, dispone «la sanción con suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días» contra Abad, por una supuesta «falta grave» a la ley de servicio público, que establece sanciones por el «abandono injustificado» del cargo por tres días o más días consecutivos.
El presidente Daniel Noboa mantiene una tensa relación con su vicepresidenta, a quien designó como embajadora en Israel al inicio de su gobierno. En septiembre, en medio de la escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad.
El argumento para la suspensión es que Abad debía instalarse en Ankara, la capital turca, hasta el 1 de septiembre, pero la vicepresidenta llegó cinco días después.
En agosto, Abad denunció al presidente Noboa por violencia de género ante el máximo tribunal electoral con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que el mandatario tildó de «traición».
Noboa buscará la reelección en los comicios generales de febrero próximo con su partido ADN. La campaña comenzará en enero y en esta ocasión, su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa Crece Sin Desnutrición Infantil.
La ley ecuatoriana establece que un presidente en funciones puede hacer campaña por la reelección siempre y cuando encargue el poder a su vicepresidente.
El abogado de Abad, Damián Armijos, aseguró el viernes a medios que Noboa «ha buscado a toda costa impedir el ejercicio de la función pública de la señora vicepresidenta, pero también ha buscado amedrentarla, intimidarla, hostigarla con la finalidad de provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial».
El traslado de Abad a Israel tensó aun más la mala relación que mantenía con el mandatario desde la época de la campaña. A partir de entonces, la vicepresidenta ha sido crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una «persecución» en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias.
La Fiscalía también incluyó a Abad en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
