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Estas son las 10 zonas de EE.UU. donde la ICE podría hacer las redadas anunciadas por Trump

El presidente Donald TrumpD anunció una gran movilización nacional para detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos pero, ¿dónde se haría la mayoría de esos operativos?
Según The Washington Post el esfuerzo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría enfocado en “las mayores ciudades” de los Estados Unidos, donde se concentra el número más alto de indocumentados.
Regularmente, según sus propios reportes, ICE no se enfoca a una sola ciudad para realizar un operativo, ya que planea de acuerdo a las oficina de campo, como la de Nueva Inglaterra, que contempla los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, donde a principios de mayo se detuvo a varios 146 extranjeros como parte de una movilización nacional para identificar a quienes tenían o tuvieron cargos por manejar bajo influencia (DUI)
También sus principales operativos en centros de trabajo, con el objetivo de detener a inmigrantes sin permisos para trabajar e intentar fincar responsabilidad contra quienes los contratan, se han centrado en zonas metropolitanas.
Al informar de sus nuevas acciones, en 2018 la agencia reportó sus principales acciones en empresas de California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Carolina, Oregon, Pennsylvania, Texas, el estado de Washington y Washington, D.C.
De esos 19 estados, al menos 11 forman parte de la lista de las 20 zonas metropolitanas con más indocumentados, según un cruce de datos con base en información del Pew Research Center y ICE.
El corredor (1) Nueva York-Nueva Jersey es la más grande; seguida por (2) California; las ciudades de (3 y 4) Texasforman parte de dos zonas metropolitanas, según los cruces de datos; (5) el estado de Florida se encuentra en dos posiciones, incluida la 19; el corredor metropolitano de (6) Illinois; las ciudades de (7) Washington DC y Marylandforman un mismo corredor; la zona de (8) Las Vegas y (9) Denver, Colorado, donde recientemente se aprobaron leyes para proteger a indocumentados, y (10) Houston, Arizona.
De los 10.5 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, alrededor del 65% se concentran en 20 zonas metropolitanas, lideradas por Nueva York-Newark-New Jersey y Los Angeles-Long Beach-Anaheim.
En Florida una movilización de este tipo sería más fácil actualmente, debido a la nueva norma en la entidad que obliga a las autoridades policiacas de cualquier condado a cooperar con “La Migra”.

La razón de que estos inmigrantes se concentren en esos puntos es porque gustan de vivir donde está la gran mayoría de los residentes legales (con “green card”) o ciudadanizados, ya que el 65 por ciento de ellos se concentra en las grandes metrópolis, indica un análisis del Pew Research Center.
Esa distribución no ha cambiado mucho en la última década, indica el estudio, ya que al menos 19 de esas zonas metropolitanas estuvieron en posiciones similares la década anterior.
Debido a esa concentración de población, cobra sentido que los más grandes operativos de ICE sean en las zonas que muestran los mapas que integran este artículo.
La nueva movilización anunciada por el presidente Trump podría dejar miles de inmigrantes detenidos, considerando que un operativo multiestatal de mayo derivó con la captura de 1,191 extranjeros, reportó el director adjunto de campo de la agencia en Boston, Todd Michael Lyons.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína

Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
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¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
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Presidente de Colombia prohíbe la entrada a la fiscal general de Guatemala

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.