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Estas serían las prioridades de los Demócratas al retomar la Cámara Baja en EE.UU.
El Partido Demócrata consiguió este martes retomar el control de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense y, si bien la «marea azul» no llegó a convertirse en tsunami (quedó lejos de su sueño de retomar el Senado), su mayoría en la Cámara Baja implicará una profundización de la confrontación entre la oposición y el gobierno de Donald Trump, que tendrá controles más estrictos y un menor margen de acción.
Necesidad de consenso
En primer lugar, y como resultado obvio, la Casa Blanca necesitará de un mayor consenso para aprobar sus iniciativas en el Poder Legislativo.
Trump respiró aliviado tras mantener el control (y aumentar la diferencia) en el Senado, hemiciclo donde se vota la confirmación de puestos en el gabinete y se aprueban a jueces federales. Sin embargo, tener al Congreso dividido lo obligará a moderar sus políticas más polémicas para aprobar las leyes, en batallas clave como la del presupuesto del próximo año fiscal. De no hallar un consenso, la discusión volverá a significar un nuevo «shut down», el cierre parcial del gobierno federal.
De esta forma, se reducen las esperanzas republicanas de conseguir el financiamiento para la construcción del prometido muro en la frontera con México.
Es posible que el presidente acuda a la opción de firmar más órdenes ejecutivas, gobernando por decreto, aunque su capacidad es limitada por el marco constitucional. Si insiste en este camino, es posible que sus medidas sean impugnadas en la Justicia, donde eventualmente se podría llegar a la Corte Suprema, tribunal de mayoría conservadora.
Investigaciones y declaraciones
Con la nueva conformación de la Cámara Baja, los demócratas podrán presidir la mayoría de los comités, manejando los procesos y aprobando medidas muy significativas.
El Comité Judicial podría, por ejemplo, aprobar la apertura de un proceso de impeachment contra Donald Trump, y posteriormente ser aprobado por una mayoría simple en el pleno, aunque de no tener argumentos de peso, el caso no tendría éxito en el Senado donde se necesitan dos tercios. De todas formas, la iniciativa marcaría un elevadísimo grado de confrontación.
Las comisiones podrían también abrir investigaciones parlamentarias contra el presidente o sus funcionarios, negadas o frenadas hasta ahora bajo el control republicano.
Como parte de la fiscalización y control del gobierno, se prevé que los demócratas citen a declarar a funcionarios y asesores de Trump, con testimonios que luego pueden ser hechos públicos, afectando la imagen del mandatario y su gestión. Entre los voceados por la prensa estadounidense para ser convocados ante los congresistas, figuran Donald Trump Jr. y Jared Kushner (yerno del presidente), quienes tuvieron un importante rol en la campaña y se reunieron con representantes rusos.
«A Donald Trump puede que no le guste escuchar esto, pero por primera vez su Administración será hecha responsable por sus actos. Aprenderá que no está por encima de la ley», declaró a CNN Jerry Nadler, quien se espera que lidere el Comité Judicial a partir de enero. Aunque aseguró que tendrá mesura en su rol, adelantó que investigará los presuntos conflictos de interés por parte del presidente y una posible violación del protocolo de seguridad con respecto a los funcionarios de la Casa Blanca.
La buscada declaración de impuestos
Fue un tema caliente durante la campaña presidencial del 2016. Donald Trump se negó a revelar sus declaraciones de impuestos y aseguró que eventualmente serían públicas, una promesa que nunca se cristalizó. El control demócrata en la Cámara Baja podría zanjar el asunto.
Richard Neal, el demócrata de mayor rango en el Comité de Medios y Arbitrios, se apresta a tomar la presidencia de la comisión y ya anunció su voluntad de conseguir esos documentos. También estará habilitado a hacerlo Maxine Waters, futura titular del Comité de Finanzas y una de las críticas más férreas del presidente.
El debate sobre la fortuna de Trump volvió a ser comentada en las últimas semanas luego de publicarse una investigación del New York Times que reveló una multimillonaria evasión fiscal por parte de la familia del magnate republicano.
En principio, la Cámara no necesita pedírselos al mandatario, sino que debe solicitarlos al Servicio de Impuestos Internos (IRS). No obstante, se espera que Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, se rehúse a hacerlos públicos, lo que hace prever una nueva batalla judicial.
Protección para el fiscal Mueller
Donald Trump ha dado entender que planea despedir al fiscal general, Jeff Sessions, y en las últimas semanas hubo fuertes rumores sobre la posible salida de su adjunto, Rod Rosenstein, lo que allanaría el camino para poner fin a la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la intromisión del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses y una presunta coordinación con el Partido Republicano.
La posibilidad asustó al Partido Demócrata, que ahora cuenta con herramientas para asegurar la continuidad. En manos de los republicanos, el panel cerró su investigación en marzo y aseguró que no había encontrado evidencias, lo que enfureció a la oposición.
En caso de que un nuevo Fiscal General cierre la pesquisa, su trabajo puede continuar en la Cámara de Representantes, ya que los congresistas pueden abrir una investigación propia en base a los avances logrados en 18 meses de trabajo.
«Deberemos revisar lo que Mueller ha podido hacer y decir, ya sea por acusaciones o reportes», indicó Adam Schiff, futuro titular del Comité de Investigación. «Podremos proteger a nuestras instituciones y ver completa a esta investigación», agregó.
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Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
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«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
