Gerardo Salluco se prepara para pasar su segunda noche estacionado en la larga fila de autobuses, a la espera de que abra una estación de servicio sin combustible que vigilan dos militares. Sus viajes se tornaron eternos desde que escasea el diésel en Bolivia.

El país de mayoría indígena, que la semana pasada se estremeció con un golpe militar fallido denunciado por el gobierno, lidia con su peor crisis desde el llamado milagro económico, cuando en 2006 el gobierno del presidente socialista Evo Morales nacionalizó la industria del gas.

Está por caer el día y Salluco todavía tiene la expectativa de que la fila comience, por fin, a avanzar.

«Ya voy por la segunda noche, así que (es) agotador esperar, porque de repente empiezan a vender, así que tengo que estar atento», señala este chofer de 49 años cubierto con un suéter gris térmico.

Hace doce años que Salluco transporta pasajeros entre Bolivia y Chile. El fin de semana llegó a La Paz para surtirse de diésel, pero «no hay». «Estamos mal, no hay por qué ni cómo negarlo», se lamenta.

En El Alto, una ciudad contigua a La Paz y fortín político de la izquierda en el poder, Claudio Laura también detuvo su camión cisterna en una larga hilera de vehículos que desemboca en otro puesto desabastecido de combustible.

«Llegué a la fila a las cuatro de la tarde y esta noche me quedé a dormir acá», dice este hombre de 33 años. Laura trae combustible de Perú o Chile, pero ahora no tiene cómo moverse.

«Nos quieren distraer»

Bolivia, que junto a Chile y Argentina conforma el triángulo del litio, un recurso clave en la transición de energías limpias, enfrenta desde el año pasado una sequía de dólares y de diésel y gasolina.

El gas, el motor que movió la economía desde su nacionalización, perdió fuerza por la falta de inversiones en exploración.

A 2022 las exportaciones cayeron poco más del 50% con respecto a 2013, cuando alcanzaron su tope máximo. El país echó mano de sus reservas en dólares para mantener los subsidios al combustible que importa a precios internacionales.

A mediados de junio, el gobierno de Luis Arce ordenó el envío de militares a las estaciones de servicio para evitar el contrabando interno o hacia Perú y Argentina.

Según la estatal petrolera YPBF, buena parte del problema proviene de los rumores de escasez que circulan en las redes sociales, que generan una «sobredemanda» de combustible.