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Internacionales

El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores

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El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.

La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.

Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.

Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.

Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.

La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.

Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.

Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.

Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.

La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.

Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.

SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES

Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.

Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.

Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.

El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.

Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.

La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.

Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.

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Internacionales

Ráfagas de viento y tormentas de polvo provocan múltiples accidentes en Texas

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Una serie de accidentes vehiculares tuvieron lugar en la carretera 285 en el Condado de Reeves en Texas, Estados Unidos, luego de que las ráfagas de viento alcanzaran los 121 km/h donde también ocurrió un choque masivo.

Además, las fuertes condiciones climáticas desataron fuertes tormentas de polvo, obstaculizando la visibilidad y cegando por completo a algunos conductores y desatando los accidentes viales.

Por este motivo, dicha carretera que moviliza millones de dólares en comercio y a miles de residentes a sus actividades diarias, permaneció cerrada para evitar un incremento en los accidentes, ya que la dificultad para ver, provocó que muchos automovilistas impactaran contra los vehículos ya accidentados.

Esto a su vez, dejó a muchas personas lesionadas, sin embargo, las autoridades locales no han revelado el balance de afectados ni las condiciones de salud de los mismos.

 

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Volcán de Fuego vuelve a lanzar rocas y ceniza

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Una vez más, el Volcán de Fuego volvió a alertar a los pobladores de la capital guatemalteca, ya que este sábado volvió a registrar el lanzamiento de columnas de gas, ceniza y rocas, según informó el instituto de vulcanología de Guatemala.

Estas expulsiones activaron las alertas, ya que su proximidad ronda las 15 por hora y tienen una intensidad moderada, alcanzando alturas de hasta 4,800 metros sobre el nivel del mar.

Además, los pobladores aseguran que unos fuertes retumbos se escuchan en las localidades aledañas, por lo que las autoridades elaboraron un reporte confirmando el suceso.

En las últimas semanas, este volcán ha mostrado un comportamiento diferente, ya que durante las madrugadas lanza material incandescente de gran tamaño en un radio de 200 metros, mientras que a 1 km de distancia caen rocas de un diámetro de 50 cm.

Las actividades turísticas en la zona se mantienen bajo vigilancia y advertencia, mientras que consideran restringir el tránsito aéreo para prevenir un accidente debido a la densidad de las columnas de gases y ceniza

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Internacionales

Qué se puede esperar del segundo mandato de Trump en Estados Unidos

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Donald Trump regresa este lunes a la Casa Blanca y se espera que lo haga con un aluvión de medidas ejecutivas que empiecen a dar forma a su gobierno y a transformar Estados Unidos, tal y como prometió en campaña.

En la campaña y en las semanas desde que ganó las elecciones ha ido presentando algunas de las líneas clave de lo que será su nuevo mandato, en el que va a poner el foco en controlar la frontera sur con México, deportar migrantes indocumentados e imponer aranceles a las importaciones para, dice, defender a los trabajadores estadounidenses.

En política exterior promete alinearse claramente con Israel en Medio Oriente, desafiar el ascenso de China y acabar con la guerra de Rusia en Ucrania gracias a su entendimiento con Vladimir Putin.

Antes de que empiece a tomar decisiones concretas, en BBC Mundo avanzamos qué se puede esperar del segundo mandato de Trump, que arranca este lunes.

Migración y frontera: «la mayor deportación de la historia»

La inmigración y la frontera fueron temas centrales de la agenda de Trump durante la campaña electoral. Y lo serán desde el lunes.

El republicano arreció su discurso antiinmigrantes afirmando que estos «envenenan la sangre del país» y haciéndoles responsables tanto de un supuesto aumento de la delincuencia -algo que no tiene base, según expertos y cifras oficiales- como del incremento en el precio de la vivienda.

Además, afirmó sin pruebas que hay países como Venezuela que supuestamente están vaciando sus cárceles e instituciones para enfermos mentales y enviando a estas personas a EE.UU.

Estos señalamientos recuerdan los que hizo en 2015, cuando lanzó su primera candidatura a la Casa Blanca y acusó a México de estar enviando hacia EE.UU. a «gente con un montón de problemas».

De cara a un nuevo mandato, Trump prometió expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la «mayor deportación» de la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones del centro de estudios Pew, para 2022 había en EE.UU. unos 11 millones de migrantes indocumentados, aunque Trump y su campaña aseguran que son muchos millones más.

Numerosos expertos han alertado de que una deportación masiva de migrantes sería costosa y difícil de acometer, además de que podría tener efectos negativos sobre ciertas áreas de la economía en las que la mano de obra indocumentada juega un papel clave.

Según estimaciones hechas por la organización FWD.US, en EE.UU. había durante la pandemia 5,2 millones de indocumentados en trabajos esenciales. Esto incluye en torno a 1,7 millones de personas que trabajaban en toda la cadena de producción y comercialización de alimentos.

Los sin papeles representan en torno a 17% de los trabajadores agrícolas y 13% del sector de la construcción, según un estudio del centro Pew de 2016.

Trump también prometió sellar la frontera con México y dijo que seguirá construyendo el muro entre ambos países, una de las promesas centrales de su primer mandato, durante el cual se erigieron unos 129 kilómetros (gran parte de ellos reemplazando verjas deterioradas) de los 727 kilómetros que tenía esa barrera cuando él abandonó la presidencia.

El republicano también plantea tomar otras medidas como restablecer la política que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que sus peticiones sean aprobadas y eliminar el derecho a la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos.

Economía: menos impuestos, más aranceles

El buen desempeño de la economía estadounidense durante el gobierno de Trump -antes de la llegada de la pandemia de covid-19- es uno de los aspectos que más favorecieron su candidatura.

¿Qué puede esperarse para un segundo mandato?

Trump prometió nuevos recortes de impuestos para extender los que ya realizó durante su primer mandato, cuando redujo la tasa corporativa a 21% y recortó también los impuestos de las personas naturales, aunque estos solo de forma temporal, hasta 2025.

El republicano dijo en la campaña que quiere bajar aún más las tasas corporativas hasta 15% y que eliminará los impuestos sobre las propinas y sobre los pagos que reciben de la Seguridad Social los pensionados.

También propuso incrementar la producción de energía en EE.UU. -aumentando la explotación de combustibles fósiles- pues considera que su alto costo contribuyó a la inflación.

Afirmó además que logrará reducir el costo de la vivienda iniciando un programa de construcción de casas en tierras federales, así como reduciendo la demanda al deportar a los inmigrantes indocumentados, a quienes responsabiliza del aumento de los precios.

También dijo que impondrá un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros. Muchos economistas han advertido, no obstante, que este tipo de medidas terminarán siendo pagadas por los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos.

En esta política de aumento de aranceles, China ocupará un lugar central, pues luego de haber iniciado una guerra comercial con Pekín durante su primer gobierno, Trump ahora contempla establecer aranceles de 60% a todos los bienes importados desde ese país.

El líder republicano también prometió adoptar un plan de cuatro años para eliminar la importación de bienes esenciales procedentes de China y establecer nuevas regulaciones para que las empresas estadounidenses inviertan en China “solamente cuando esas inversiones favorezcan a EE.UU.”.

En 2023, Estados Unidos importó de China bienes valorados por unos US$426.885 millones.

Es previsible que si Trump adopta estas medidas, la guerra comercial con Pekín se intensifique, lo que podría tener consecuencias no solamente para la relación bilateral, sino también para la economía global.

Las incógnitas sobre el aborto
La derogación del derecho al aborto en Estados Unidos es una de las mayores consecuencias políticas de la agenda republicana ejecutada por Trump durante su primer gobierno, pero durante la campaña de 2024 se convirtió para él en una suerte de campo minado electoral.

En su primer gobierno, Trump estableció una supermayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia con el nombramiento de tres nuevos magistrados.

Esa nueva mayoría derogó en 2022 el derecho al aborto a nivel federal (vigente desde 1973), que era justamente uno de los objetivos que el político republicano se había propuesto con estas designaciones.

Este cambio tuvo consecuencias. En la actualidad, hay 14 estados en los que existe una prohibición total o casi total del aborto y hay otros tres estados, en los que solamente se permite antes de la sexta semana de embarazo, momento para el cual es frecuente que las mujeres ni siquiera se hayan enterado de que están embarazadas.

Por causa de estas prohibiciones ha habido casos de mujeres que han muerto debido a que los médicos no les prestaron la atención sanitaria requerida por temor a ser procesados penalmente.

Estas medidas derivaron en reveses políticos para los republicanos que desde 2022 perdieron varias elecciones, incluso en estados tradicionalmente conservadores, en los que una mayoría de los votantes consideran que las restricciones impuestas al aborto han ido demasiado lejos.

Esto obligó a Trump a hacer una suerte de juego de equilibrismo durante la campaña en la que al mismo tiempo que se adjudicó como un éxito propio la derogación de este derecho por parte de la Corte Suprema, evitó fijar una posición firme, diciendo que cada estado debe decidir sobre la regulación de este asunto.

¿Qué piensa hacer al respecto en un nuevo mandato?

Durante la campaña, Trump negó que en caso de llegar a la Casa Blanca vaya a firmar una prohibición nacional del aborto y criticó la legislación de Florida que prohíbe esta práctica después de la sexta semana de embarazo, pero también dijo que se opone a una iniciativa electoral para establecer el derecho al aborto en ese estado.

Una política exterior aislacionista

La propuesta aislacionista llamada «Estados Unidos primero» fue fuente de numerosas polémicas durante el primer gobierno de Trump y será nuevamente la guía de su política exterior en su regreso a la Casa Blanca.

La Agenda 47, el programa de gobierno de Trump, establece entre sus objetivos prevenir la Tercera Guerra Mundial y restablecer la paz en Europa y en Oriente Medio.

A los socios europeos de EE.UU. les preocupa el regreso de Trump a la presidencia.

“No puedo edulcorar estas advertencias. Donald Trump es la pesadilla de Europa, y su amenaza de retirarse de la OTAN resuena en los oídos de todo el mundo”, le dijo durante la campaña electoral a la BBC Rose Gottemoeller, ex vicesecretaria general de la OTAN.

Una de los mayores preocupaciones de los europeos se relacionan con la guerra en Ucrania.

El candidato republicano dijo que Kyiv debió haber hecho concesiones a Moscú antes de la guerra para así evitar el conflicto y criticó el apoyo económico y militar que su país le ha dado a Ucrania tras la invasión de Rusia por considerar que ha sido excesivo y que ha servido más para alargar el conflicto que para solucionarlo.

Trump dijo que si él hubiera estado en la Casa Blanca, esa guerra no habría ocurrido y sostiene que pondrá fin a esa guerra en 24 horas, a través de un acuerdo negociado con Rusia. Ahora ya está matizando ese lapso exprés que se impuso para solucionar un conflicto que va camino de cumplir su tercer año.

Sus críticos, no obstante, creen que de esta forma lo único que logrará es darle mayor fuerza a Vladimir Putin.

En relación con la guerra en Gaza, Trump se declaró como el «protector de Israel» aunque criticó la forma como ese país ha llevado el conflicto e hizo llamamientos para que el gobierno de Benjamín Netanyahu consiga la victoria pronto y regrese a la normalidad.

«Lograré la paz en Medio Oriente y pronto», dijo en una entrevista con la televisora saudita Al Arabiya.

Esta semana se atribuyó el mérito de un cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamás que entra en vigor este domingo, víspera de su toma de posesión.

Trump también prometió expandir los llamados Acuerdos de Abraham que él ayudó a establecer en 2020 y a través de los cuales cuatro países árabes acordaron normalizar relaciones diplomáticas con Israel: Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin y Sudán.

Esos acuerdos han sido criticados por haber dejado de lado la causa palestina, que históricamente ha sido el principal obstáculo para el establecimiento de vínculos entre Israel y los países árabes.

El próximo país que iba a integrarse a los acuerdos era Arabia Saudita, pero tras la guerra en Gaza, la monarquía saudita ha dicho que no lo hará hasta que no esté sobre la mesa una ruta para la creación de un Estado palestino, una posibilidad a la que hasta ahora se resiste el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

De esta forma, no queda claro cómo Trump lograría reimpulsar los Acuerdos de Abraham.

¿ Salvador o destructor de la democracia estadounidense?
La democracia en Estados Unidos es uno de los temas que estuvo en el centro de la campaña presidencial 2024. Pero se trata de un asunto sobre el cual había visiones divergentes.

Los republicanos afirman que un segundo gobierno de Trump serviría para “restaurar el gobierno de, para y por la gente”, así como para hacer respetar la Constitución y defender la integridad de las elecciones.

Los demócratas, en cambio, creen que la negativa de Trump a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, así como sus esfuerzos para revertir esos resultados y evitar la certificación de la victoria de Joe Biden (incluyendo el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021), son pruebas de que el exmandatario es una amenaza para la democracia.

Trump incluso ha prometido indultar a los condenados por el asalto al Capitolio, a los que considera como «rehenes» en la guerra que, dice, los demócratas libran contra él.

En todo caso, lo que sí parece claro es que los republicanos buscarán que un segundo mandato de Trump sea más eficaz y que la consecución de sus objetivos no se vea obstaculizada por los funcionarios de carrera que no concuerdan con las ideas del republicano.

Ciertamente durante el primer mandato de Trump hubo funcionarios de distintos rangos que moderaron o frenaron iniciativas del mandatario por distintas razones, incluyendo el considerarlas nocivas para el país o ilegales.

Por otra parte, los republicanos consideran que el gobierno de Trump se vio afectado negativamente por la falta de preparación de su propio equipo.

De hecho, el exmandatario dijo recientemente que su mayor error en el poder había sido escoger a “personas malas o desleales”.

Para sortear estos dos problemas, la Agenda 47 prevé que el primer día de gobierno Trump firme una orden ejecutiva que le permita colocar a personas de su confianza en posiciones clave del Ejecutivo que tradicionalmente han sido cubiertas por funcionarios de carrera.

Esto es algo que entusiasma a los trumpistas y, de hecho, es algo que él intentó al firmar en agosto de 2020 una orden ejecutiva similar cuyos frutos no cosechó pues poco después tuvo que abandonar la presidencia tras perder las elecciones.

“Esa norma, en efecto, permitiría a un presidente despedir a miles de empleados gubernamentales y reemplazarlos por sus partidarios”, explica Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Estados Unidos.

“Para los partidarios del exmandatario contar con un equipo de funcionarios y asistentes más dispuestos significará una presidencia de Trump menos caótica y más eficaz a la hora de impulsar políticas”, agrega.

Sin embargo, es una posibilidad que genera preocupación entre los críticos de Trump.

Barbara Perry, profesora de estudios presidenciales en el Centro Miller de la Universidad de Virginia, advierte que reemplazar a los funcionarios privaría a la administración pública del conocimiento y experiencia que estas personas han acumulado trabajando durante décadas de una forma no partidista.

“En Estados Unidos se abordó la reforma de la función pública en el siglo XIX, precisamente para librarse de las personas que estaban en esos cargos por razones políticas”, indica.

“Si eso ocurre no habrá frenos ni ningún elemento de contención para limitar la agenda y el extremismo de Trump”, agrega.

Esa situación se vería agravada, según la experta, por el hecho de que ya Trump cuenta con una supermayoría conservadora en la Corte Suprema y los republicanos controlan ahora, aunque por estrecho margen, las dos cámaras del Congreso.

La agenda 47, no obstante, plantea que estas medidas para copar el Ejecutivo con funcionarios afines a Trump servirán para desmantelar el llamado “Deep State” (Estado profundo), una supuesta red secreta de funcionarios no electos que controlarían el Estado, y luchar contra la corrupción dentro del gobierno.

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