Internacionales
El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores
El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
Será Donald Trump quien decidirá qué petroleras tienen su bendición y protección para operar en Vene zuela, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sacaron de la ecuación hace una semana al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien ahora guarda prisión junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York.
Trump y su equipo se reunieron ayer en la Casa Blanca, ante la mirada y preguntas de la prensa, con una veintena de empresas multinacionales petroleras y del sector energía. Los poderosos empresarios acudieron al llamado del republicano, pero demostraron gran cautela a la hora de hacer compromisos de comenzar a invertir de inmediato en Venezuela, como es el deseo de Trump, sin seguridad jurídica, un marco comercial establecido y estabilidad política.
«Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela», advirtió el mandatario, que busca que los inversores pongan $100,000 millones para reactivar la anticuada infraestructura venezolana, ya sea plantas petroleras o eléctricas.
En la rueda de prensa participaron los altos ejecutivos de ExxonMobil, Cono coPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hil corp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, la única que sobrevivió a la era de las expropiaciones de Hugo Chávez, todos de Estados Unidos. Del ámbito internacional acudie ron Repsol, Shell, Eni, y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue tajante. Explicó que hoy por hoy no se puede invertir en Venezuela. «Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no se puede invertir, por lo que es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comercia les y en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber una reforma en la legislación sobre hidrocarburos del país», expresó Woods, que también le recordó a Trump que la gigantesca petrolera perdió todos sus recursos dos veces a manos del chavismo.
Fue en 2007 que la empresa abandonó Venezuela, cuando Chávez nacionalizó a la industria y esta no se doblegó y terminó perdiendo sus activos.
El director ejecutivo de ConocoPhi llips, Ryan Lance, elogió a Trump, como todos en la mesa, pero tampoco hizo compromisos. Conoco, dijo Lance, perdió $12,000 millones ante Chávez. Una buena «amortización», le respondió a Trump.
«Todo va a salir muy bien y habrá mucho dinero de sobra y ese será para Estados Unidos», señaló Trump.
«Son las compañías más grandes del mundo. Saben los riesgos. Los vamos a ayudar y van a estar ahí [en Venezuela] por mucho tiempo. Estaremos ahí, juntos, por mucho tiempo. Estarán haciendo que bajen los precios del petróleo. Estados Unidos será un gran beneficiario por lo que hemos hecho», añadió. El dirigente también dijo que cree que las compañías petroleras utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.
«Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos», acotó. Harold Hamm, fundador de Continental Resources y amigo de Trump, tampoco se mostró positivo, destacando que necesita estabilidad política y regulatoria para invertir.
Para Trump, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está cooperando con él de la forma adecuada. «Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están “Buscando la Paz” […], por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió también ayer el presidente en su plataforma Truth.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.
La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios.
El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.
El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo.
Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.
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En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que «ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países».
El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.
La diputada Gladys Aurora López, miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras, fue atacada con un explosivo mientras daba declaraciones en el edificio del parlamento.
La diputada se encontraba cerca de un elevador contestando preguntas de los periodistas en el parlamento de Honduras, cuando fue víctima del ataque.
Tras la explosión la diputada hondureña sufrió lesiones en la parte posterior de la cabeza y la espada, informaron medios de comunicación locales.
“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, dijo el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reaccionando al ataque.
Hasta el cierre de esta nota la policía hondureña no ha informado sobre la detención de sospechosos de cometer el atentado.
