Internacionales
El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores
El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la «seguridad nacional» pero que La Habana tachó de «brutal acto de agresión».
La decisión añade presión al régimen cubano, que apenas puede suministrar la mitad de sus necesidades en materia de electricidad.
La orden ejecutiva es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a «una emergencia nacional», lo que permite iniciar «un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes. «Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba», indica el documento publicado por la Casa Blanca.
«El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos», añade una hoja explicativa. El jueves en la noche, el gobierno cubano tachó de «brutal acto de agresión» la orden ejecutiva del republicano.
«Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba», escribió en la red social X el canciller Bruno Rodríguez.
México, contra la espada y la pared
Trump advirtió tras la exitosa operación militar que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro que Cuba debía negociar «antes de que sea demasiado tarde».
La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria. istra en la actualidad crudo vital para la isla. Entre enero y septiembre del año pasado, la petrolera mexicana Pemex exportó a la isla 17,200 barriles de crudo diarios y 2,000 de derivados, por un total de $400 millones, según datos oficiales. Pero después de una reunión con Washington esa cifra pasó a ser de 6,000.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró el jueves que su gobierno seguiría siendo «solidario» con Cuba. Pero dio declaraciones confusas. Sheinbaum había confirmado recién el martes que ha habido suspensiones en el envío de petróleo a Cuba aunque lo hizo con mucha ambigüedad, sugiriendo que es parte de los vaivenes que existen en el suministro a la isla y de una «decisión soberana» de México y de la energética estatal no provocada por presiones externas.
Trump y Sheinbaum hablaron telefónicamente el jueves, y ambos calificaron de «productiva» la conversación.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
