Internacionales
El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores
El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
