Internacionales
El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores
El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó una «visa de oro», un permiso de residencia vendido por cinco millones de dólares para atraer a grandes fortunas a Estados Unidos.
A bordo del Air Force One, el mandatario republicano mostró el jueves un prototipo donde aparece una imagen con su rostro y dijo a los periodistas que estará disponible «en menos de dos semanas».
«Soy el primer comprador», declaró. «Bastante emocionante, ¿no?», preguntó.
Trump aseguró que la nueva visa, una versión más cara de la tradicional ‘green card’ (tarjeta verde), atraerá a creadores de empleo y servirá para reducir el déficit nacional del país.
En febrero anunció que su administración esperaba vender «quizás un millón» de visas de este tipo y no descartó que los oligarcas rusos puedan optar a ella.
Un bombardeo israelí mató este viernes a un alto mando del movimiento islamista palestino Hamás, a su hijo y a su hija, en Sidón, la mayor ciudad del sur de Líbano, indicó una fuente palestina a AFP.
Las Brigadas Ezzedin al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron en un comunicado la muerte del «comandante y muyahidín de Qassam, Hassan Ahmad Farhat», de su hijo, Hamza Farhat, también miembro de las brigadas, y de su hija, y denunció «un cobarde asesinato»
El ejército israelí informó que sus fuerzas realizaron «un ataque dirigido en la región de Sidón, eliminando al terrorista Hassan Farhat, comandante de la sección oeste de Hamás en Líbano».
Farhat «orquestó numerosos ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes» desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás en Gaza hace ya casi 18 meses, detalló un comunicado castrense.
Un periodista de AFP vio un apartamento en llamas en el cuarto piso de un edificio, así como daños en inmuebles, tiendas y automóviles de la zona, densamente poblada.
El bombardeo provocó pánico en esta gran ciudad del sur de Líbano, alejada de la frontera con Israel, señaló el reportero de AFP.
La agencia nacional de información NNA indicó que tres personas murieron en un ataque con dron «hostil» que apuntó contra una zona residencial de la ciudad, pese a la tregua en vigor entre Israel y el movimiento libanés Hezbolá.
También informó que la fuerza aérea israelí bombardeó anoche la región meridional de Nabatiye.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció «una agresión flagrante contra la soberanía libanesa» y una «clara violación» del acuerdo de alto el fuego que rige desde el 27 de noviembre.
Sidón alberga el mayor campo de refugiados palestinos de Líbano.
El bombardeo se produjo tras el ataque israelí en el suburbio sur de Beirut el 1 de abril, que mató a un responsable de Hezbolá, aliado de Hamás.
El 28 de marzo, otro bombardeo israelí golpeó la zona, un bastión del grupo proiraní, por primera vez desde la entrada en vigor del cese el fuego.
En octubre de 2023, al inicio de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás, Hezbolá abrió un frente con Israel, en apoyo del movimiento islamista palestino, disparando cohetes casi diarios desde el sur del Líbano.
Las hostilidades se transformaron en guerra abierta en septiembre de 2024, con intensos bombardeos israelíes en Líbano, principalmente contra los bastiones de Hezbolá, cuya dirección quedó prácticamente diezmada.
Más de 40 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en el condado de Hays, Texas, en un operativo conjunto de las autoridades locales, estatales y federales.
Tras la investigación de más de un año, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), el Equipo de Respuesta Especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, en inglés), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE), el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Departamento del Alguacil del condado de Hays, se unieron también a la redada con un orden de allanamiento en un residencia de este condado.
El inmueble se encuentra situado en una zona lejana a la ciudad, en medio de varias hectáreas. La operación inició cerca de las 4 de la mañana del martes, comentaron vecinos a Univision 62.
«Las fuerzas del orden, incluidos el DPS, el FBI y socios federales, estatales y locales, han estado investigando a presuntos miembros de Tren de Aragua y la operación del martes es el resultado de este esfuerzo colaborativo para hacer que las comunidades de Texas sean más seguras», compartió en un comunicado DPS.
En la propiedad también se encontraban menores de edad y fueron incautados narcóticos. «Los fiscales estatales y federales evaluarán los posibles cargos basándose en la evidencia obtenida durante la orden de allanamiento y la investigación», detalla en un comunicado el FBI.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, agradeció la intervención de las autoridades.
«Gran trabajo del Departamento de Seguridad Pública de Texas y nuestros socios federales. Más de 40 criminales violentos de Tres de Aragua están ahora tras las rejas y fuera de nuestras calles. El Tren de Aragua intentó establecerse en Texas, pero no permitiremos que esta despiadada banda se arraigue en nuestro estado», compartió Abbott en sus redes sociales.
