Internacionales
El pase COVID ya es obligatorio en Francia para 1,8 millones de trabajadores
El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde este lunes en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.
La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró hoy confiada en que esa obligación, fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas, no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.
Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial.
Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido.
Hasta el punto de que el gasto con tarjetas de crédito en esos y otros establecimientos sometidos a la obligación del pase covid en las últimas semanas de agosto es incluso superior al de 2019.
La única excepción – según reconoció Le Maire – han sido los grandes centros comerciales, que han sufrido “una caída significativa” del número de visitantes desde que es necesario presentar el certificado, cuando no hace falta para comprar en una tienda exterior.
Otro elemento de optimismo para el Ejecutivo es el ritmo de vacunación, con 48,4 millones de personas (un 71,8 % de la población) que hasta este domingo habían recibido al menos una dosis y 43,6 millones (un 64,6 %) que habían completado la pauta.
Ese ritmo es superior al del Reino Unido, Estados Unidos o Israel y está solo por debajo del de España entre los grandes países europeos.
Además, las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.
La ley estipula que los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.
Eso significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado pero no es imperativo para el cocinero, en la medida en que no atiende personalmente a los clientes.
SANCIONES PARA LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES
Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros, equivalente a unos 10.600 dólares.
Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.
Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido. Pero en la práctica ese escenario es poco probable, entre otras cosas porque la ley fija la vigencia de la obligación del certificado hasta el 15 de octubre.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, lo justificó porque el pase sanitario puede ser “fuente de discriminación” y el desencadenante de que no se renueven contratos de personas en condiciones precarias, sobre todo con contratos temporales.
Desde el 15 de septiembre, la obligación del certificado sanitario se extenderá a los sanitarios y otros profesionales que atienden a personas vulnerables, como trabajadores de residencias o bomberos.
La ministra de Trabajo señaló que en esta primera semana de “rodaje” su consigna es que los controles se hagan con “flexibilidad” y sin imponer sanciones.
Por lo que se refiere a los sindicatos, el primero del país -la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)- está con el Gobierno en favor de la medida, mientras que el segundo más importante, la Confederación General del Trabajo (CGT), se opone a la obligación y tiene intención de respaldar a los empleados que lleven su contencioso a Magistratura de Trabajo.
Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que «una civilización entera morirá» si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.
«Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump en su plataforma Truth Social.
No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la «edad de piedra».
Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.
El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.
Irán rechaza la presión de Washington.
Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.
Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, ha amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años».
«Más allá de la región»
«Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región», añadió.
En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.
«Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche», escribió usando mayúsculas como suele hacer.
De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene «herramientas» que por el momento no ha usado.
En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alboz (norte), según medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.
Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.
Las autoridades cerraron una importante autopista que conecta Tabriz (norte) con la capital tras un ataque, según la prensa iraní.
Además los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta las 17H30 GMT.
Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jarg en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr y un periodista del sitio de información estadounidense Axios.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo «una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras» en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.
«Estoy aterrorizada»
Los iraníes oscilan entre el miedo y la indiferencia.
«Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también», dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.
«Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas», pero «esto es una guerra y no tiene nada de gracioso», asegura.
Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, resta importancia al nuevo ultimátum.
«Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas», afirma.
En la región, los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican.
Según Axios, algunos países mediadores han propuesto la idea de un alto el fuego de 45 días.
Según la agencia de noticias iraní Irna, Teherán exige «el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», así como «la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones».
Dos millones por barco
Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.
Utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.
Sina Toossi, del Centro para la Política Internacional en Washington, estima que Irán «no cederá en sus intereses vitales, sobre todo en su control del estrecho de Ormuz, cueste lo que cueste».
Por de pronto la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.
En las últimas horas fue alcanzado el gigantesco complejo petroquímico de Jubail, en el este de Arabia Saudita, indicó a la AFP un testigo.
«Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto», advirtió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed al Ansari.
El pasado domingo, un tramo del km 48 de la carretera CA-4 en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras (zona cuesta de Los Limones, La Ceibita) se registró un fatal accidente de tránsito. Una rastra que movilizaba cianuro granulado en estado sólido impactó contra un microbús tipo coaster, el cual transportaba a hondureños que regresaban de una excursión en Guatemala, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, informaron medios locales.
El microbús volcó. Ocho personas fallecieron y las demás fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos del vehículo y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.
El mismo día por la noche, el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) emitió alerta roja indefinida en la zona del percance vial y 800 metros a la redonda del mismo. Esto debido a la peligrosidad de dicho material altamente tóxico para la salud.
Habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados, reportó la institución.
Personal de la Empresa Nacional Portuaria, Cuerpo de Bomberos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se trasladaron al lugar para realizar aseguramiento y evaluación para proteger a la población.
Se activó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa, por tiempo indefinido.
El jefe del poder judicial de Irán instó este martes a los tribunales a acelerar las sentencias relacionadas con la guerra contra Estados Unidos e Israel, incluida la pena capital, mientras que los activistas alertaron de un aumento de las ejecuciones de presuntos presos políticos.
Desde que empezó la guerra el 28 de febrero, Irán ha ahorcado a siete personas en relación con las manifestaciones de enero, seis por pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), una organización opositora prohibida, y a un ciudadano iranosueco acusado de espiar por cuenta de Israel.
Grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que decenas de personas podrían ser ejecutadas por las protestas de enero o como sospechosas de haber ayudado al enemigo durante la actual contienda.
«Es necesario acelerar la emisión de sentencias de pena de muerte y de confiscación de propiedades», dijo Gholam Hosein Mohseni Ejei a funcionarios judiciales de alto rango, en un encuentro retransmitido por televisión.
Recurrir a las leyes existentes contra el espionaje «es necesario para seguir dictando sentencias judiciales contra elementos y agentes del agresor enemigo con mayor rapidez», insistió.
La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, que vive en el exilio, afirmó en Telegram que, en vez de defender a los iraníes de la amenaza planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, la república islámica acelera «las ejecuciones, la represión y la confiscación de las propiedades de la oposición».
Entre los ejecutados por las protestas de enero había dos adolescentes arrestados durante la campaña de represión de las autoridades, que dejó miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos, que denunciaron juicios «extremadamente injustos».
«En medio de la actual guerra, que se ejecute a los presos políticos y a los manifestantes a través de procesos precipitados y no transparentes se considera un intento de instigar miedo y de mantener el control de la sociedad», afirmó la organización de defensa de los derechos humanos Abdorrahman Boroumand Center, radicada en Estados Unidos.
Organizaciones como esa acusan a las autoridades iraníes de recurrir a la tortura para obtener confesiones falsas de los detenidos, que son transmitidas después por televisión.
