Internacionales
El misterio de «El monstruo de los Andes», el mayor asesino serial de la historia moderna del que hace 20 años no se tienen noticias
El colombiano Pedro Alonso López habría violado y matado a 300 niñas. Se perdió su rastro en 1998 y desde 2002 tiene una orden de captura de Interpol
El hombre, un colombiano llamado Pedro Alonso López, cara redonda, ojos achinados, con una sonrisa inmutable que parece dibujada debajo del grueso bigote, todo bajo una renegrida mata de pelo, sigue tercamente callado frente al comisario de Ambato, Ecuador.
Se lo interroga acerca de un delito cometido a la luz del día y ante testigos: el intento de rapto de Marie, 12 años, arrebatada de la mano de su madre, Carvina Porveda, al salir de un supermercado.
Capturado por esos testigos, que le cortaron el rápido escape, llevado a la comisaría, mudo durante una hora de interrogatorio, y con gestos propios de un loco, el comisario cortó por lo sano:
–Llamen al padre Gudino. Tal vez él consiga que suelte la lengua.
Una hora después, el reo estuvo cara a cara con el cura, Córdoba Gudino, y la presión de la sotana y la cruz dio resultado: Pedro habló toda la noche…
Al amanecer, el cura salió del cuarto, demudado:
–No puedo soportar un minuto más. Me ha confesado actos tan repulsivos, tan violentos, tan bestiales, que me negué a seguir oyendo…
La declaración fue difundida a la prensa eludiendo los detalles más escabrosos.
La síntesis: Pedro Alonso López era un asesino de niñas, y ese mismo año, 1980, lo sentenciaron a 16 años de prisión: en esa época y en Ecuador, la pena máxima.
Según narró el cura ante el comisario, «primero violaba a las niñas, y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban su máximo punto».
Retrocedamos hasta el 8 de octubre de 1948 y hasta Espinal, Tolima, Colombia.
Ese día y en ese lugar nace Pedro, séptimo hijo de un total de trece paridos por la prostituta Benilda López de Castañeda.
No conoció a Megdardo Reyes, su padre: lo mataron en una riña de taberna seis meses antes…
Benilda no tardó en mudarse con su prole a Santa Isabel, también comarca de Tolima.
Pésima decisión. Ese año de 1948 pasó a la historia como «La Violencia»: una guerra civil no declarada pero feroz que dejó atrás doscientos mil cadáveres.
Miseria, hambre, trece hijos en un solo cuarto separado del otro por una cortina, y los inequívocos jadeos y gritos del sexo en los encuentros de Benilda con sus clientes.
Benilda, que en 1957 descubre a Pedro, de 9 años, tratando de violar a su hermana menor –esa sórdida vida había hecho escuela–, y lo echa de la miserable casa.
Vagabundo, indigente y perdido en las calles de Bogotá, es violado más de una vez.
Inevitable: lleva, como el estigma de su vida, un universo de sexo con sólo dos leyes: violar y ser violado.
Así llega a sus 12 años, y lo adopta –piadosa– una familia norteamericana. Asiste a la escuela, un mundo desconocido. El débil tronco del arco parece enderezarse…
Pero el virus no ha muerto: violado por un profesor, vuelve a las calles. Al arroyo del que rara vez se sale.
Lentamente, el puzzle de su carrera y de su prontuario se aclara. A sus 21 años (1969), lo atrapan robando autos en un suburbio de Bogotá. Siete años de prisión.
Una noche, tres reclusos lo atacan, lo inmovilizan, lo violan hasta el hartazgo, y Pedro no tarda en vengarse: con una faca, clásica arma carcelaria y artesanal, los degüella.
Le elevan la pena a dos años más…
Alonso López buscaba niñas, las violaba y luego las asesinaba.[/caption]
Pero esa triple violación, más las sufridas en sus años de niño y de joven vagabundo, causa –según los psicólogos que analizaron su historia– un cortocircuito. Una actitud en reversa. Jura que nunca más lo violarían, y que en adelante sería un violador y asesino del que hablaría el mundo: la simiente de la locura.
Liberado en 1978, comprende que su plan criminal exige movilidad, trashumancia, para no ser apresado.
Primera etapa: Perú. No hay en los archivos demasiados detalles, pero sí la certeza de que violó «a decenas de niñas de entre 8 y 12 años», según un trascendido publicado por un par de diarios.
En otra fase de la investigación se comprobó su modus operandi. Recorría tribus indígenas de la región de Ayacucho, sur peruano, ofrecía trabajo y regalos a las niñas aborígenes, las llevaba con ese anzuelo a parajes solitarios, y perpetraba cuatro movimientos aterradores:golpes, violaciones, estrangulamientos, necrofilia…, sin dejar rastros.
Por entonces empezaron a llamarlo «El monstruo de los Andes«.
Pero las huellas de sangre y muerte que dejó en Ayacucho fueron el principio del fin.
Una partida de nativos lo siguió a lo largo de kilómetros, lo capturaron, lo desnudaron, le quitaron cuanto llevaba encima… y lo torturaron durante horas, condenándolo a ser enterrado vivo.
Pero el último acto fue impedido por un misionero norteamericano:
–Matarlo es inútil y perverso. Entréguenlo a la policía.
Y así fue…
Pero la policía peruana esquivó el bulto: lo deportó a Ecuador, donde se había detectado una notoria desaparición de mujeres muy jóvenes –casi niñas– que en principio se atribuyó a una red de traficantes de esclavas sexuales: la vieja y terrible «trata«.
Pero el providencial desborde de un río (una «riada», según los ecuatorianos) que inundó gran parte de Ambato reveló, al bajar las aguas, los cadáveres de cuatro niñas asesinadas con el mismo método del monstruo.
Deportado y preso en Colombia, largos interrogatorios policiales y psiquiátricos fueron levantando el telón.
Con cierta precisión en algunos casos –no en todos–, sumando lugares y épocas, confesó que había violado y asesinado «a unas trescientas niñas».
Robert Ressler, investigador y experto criminalista del FBI, juzgó que Pedro Alonso López tenía un claro perfil de asesino múltiple. En su informe, escribió: «A menudo, este tipo se criminales padece obsesiones de algún género relacionadas con sus madres. El hilo común parece ser el elemento sexual: madres con muchos compañeros sexuales e hijos que lo presencian o lo saben. Por supuesto, los hijos de prostitutas son los más probables prototipos si han estado expuestos a esas conductas agresivas y a la desatención de sus madres».
Declarado inimputable, fue recluido en un hospital psiquiátrico.
En 1998, a sus 50 años, ¡se lo juzgó sano, y lo liberaron!
Interpol lo busca desde el 2002 por el asesinato de 350 personas.
Si esa cifra es exacta, el monstruo de los Andes lograría un execrable récord: el mayor homicida serial de la historia moderna.
Pero desde entonces, nada se sabe de su paradero.
Tampoco si está vivo o muerto.
Un grupo de padres de víctimas prometió hacer justicia por mano propia si el monstruo quedaba libre…, y hay sospechas de que cumplieron su palabra. Pero no pruebas…
Benilda, su madre, jura que está vivo, «porque siempre que alguien cercano a mí se ha muerto, su espíritu se me ha revelado, y con Pedro no ocurrió».
En el 2012, en Tunja, capital del departamento de Boyacá, alguien mató de modo parecido a la niña Andrea Marcela Buitrago, y el programa de tevé Crónicas RCN insinuó que el crimen parecía llevar el sello de Pedro Alonso López.
Las últimas noticias referidas a él datan de mediados de noviembre del 2018. Síntesis: «Se desconoce su paradero«.
Vivo o muerto, el misterio permanece.
Y los días, las lluvias, los soles, las hojas del almanaque, siguen cayendo sobre las sepulturas de las niñas que debieron vivir, crecer, estudiar, ser novias, ser madres…, pero se perdieron en las sombras de La Bestia.
Internacionales
Nueva Masacre: Tres hombres son asesinados a balazos dentro de una vivienda en Honduras
La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.
Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.
Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.
El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.
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La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.
Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.
La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.
La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.
Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:
Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.
Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.
Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.
Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.
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Tragedia en Honduras: familias enteras que regresaban de un retiro espiritual quedaron marcadas por la muerte en un fatal accidente en Santa Barbara
El siniestro, que tuvo lugar durante el retorno de un grupo de vecinos de Tegucigalpa tras un retiro religioso en Guatemala, una tragedia que ha marcado a una colectividad entera y pone en cuestión los controles de seguridad en el transporte de carga peligrosa.
El hecho, reportado por diversas fuentes locales, involucró un microbús tipo coaster, conducido por Javier Deras, de 48 años, quien viajaba junto a su esposa, su madre y otros familiares y vecinos. La familia, residente en la colonia La Torocagua de Tegucigalpa, compartía el viaje junto con otros miembros de la comunidad, en su mayoría habitantes de la misma cuadra o incluso de casas contiguas.
Entre las personas a bordo se contaban mujeres reconocidas en el sector, como doña Lila, cuya participación intensifica el carácter colectivo del duelo. Los lazos comunitarios han convertido la tragedia en un dolor compartido y la han dotado de un significado que supera la suma individual de las vidas perdidas.
La tragedia dejó al menos diez víctimas fatales y otras siete personas heridas, algunas en estado grave, según información recabada en el lugar. La cifra, validada por las autoridades, amplifica el impacto de un hecho con consecuencias físicas y emocionales de largo alcance. Entre las personas lesionadas se confirman menores de edad, incluido un niño de nueve años y una adolescente de diecisiete, testigos directos del accidente y portadores ahora de secuelas físicas y trauma emocional.
El accidente también destaca por la composición de sus víctimas: muchas de ellas eran familia, vecinos o amigos de toda la vida. Lidia Elena Cubas Murillo y su hija Lidia Abelina Zelaya Cubas murieron juntas en el trayecto, reflejo de la pérdida simultánea de dos generaciones.
Se identificaron, además, a Orestila Castellano, de 64 años, y María Cupertina Ortiz, de 61, cuyo hijo Manuel Amaya compartió la dificultad adicional que enfrentan los deudos para celebrar honras fúnebres debido a la presencia de cianuro en el lugar del siniestro y las restricciones impuestas por la magnitud del impacto.
La madre de Javier Deras, Francisca Zelaya, también figura entre los nombres de fallecidos. Según allegados, sufrió un infarto tras enterarse de la muerte de su hijo y falleció en un centro asistencial, un dolor que se suma a la cadena de pérdidas. La lista se completa con Mirna Álvarez, de 63 años, y Yarely Rodríguez, de 40, esposa de Deras, ampliando la tragedia a diferentes generaciones y reforzando el carácter luctuoso de este evento.
Las circunstancias del accidente abrieron una línea de indignación particularmente sensible. De acuerdo con las autoridades, el conductor de la rastra que transportaba cianuro no contaba con la licencia correspondiente para manejar carga pesada. Este dato relevante plantea dudas sobre el rigor de los controles vehiculares y la normativa de transporte, especialmente en relación con sustancias peligrosas como el cianuro.
El hijo de una de las víctimas detalló el desafío que ha supuesto para las familias la manipulación de los cuerpos y la organización de los sepelios: “Ella venía de Antigua Guatemala. Ya me decía que nunca iba a viajes, es la primera vez que salía así con personas particulares”, Según declaraciones de Manuel Amaya al referirse a la experiencia de su madre María Cupertina Ortiz.
Los relatos indican que un microbús con al menos 17 pasajeros proveniente de un retiro religioso en Guatemala fue embestido por una rastra que transportaba cianuro en Quimistán, Santa Bárbara; el saldo es de al menos diez personas fallecidas y siete heridas, incluyendo menores de edad y varios miembros de la misma familia y comunidad, según confirmaron las autoridades locales y testimonios de vecinos.
La colonia La Torocagua, en Tegucigalpa, se ha convertido en un epicentro del dolor colectivo: buena parte de sus habitantes viajaba junta en el microbús y, ahora, comparte el luto en una cotidianidad marcada por la ausencia. Los vecinos se reconocen en las historias personales: viviendas vacías, sillas sin ocupar, y recuerdos de días recientes en que la comunidad preparaba con entusiasmo el viaje espiritual a Guatemala.
El testimonio recogido entre la población local revela el grado de cohesión social previo al incidente. La tragedia no ha dejado únicamente víctimas individuales, sino que ha fracturado relaciones cotidianas y un entramado de solidaridad.
En la evaluación de los hechos, la suma de factores humanos, la posible negligencia y las deficiencias en el control del transporte de materiales peligrosos han potenciado el impacto de este accidente. Sin embargo, para las familias y sobrevivientes, el dolor trasciende cualquier balance institucional: cada nombre perdido es una vida, una biografía interrumpida y un legado que permanece en la memoria de la comunidad
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¡Indignación en México! Asesinada por celos: dos “amigas” estrangularon a Leyla Monserrat y la justicia les cobra solo 5 mil pesos
Un triángulo amoroso entre adolescentes terminó en uno de los crímenes más salvajes de los últimos meses en Sonora. Leyla Monserrat Lares Becerra, de solo 15 años, fue brutalmente asesinada el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.Sus dos supuestas “mejores amigas”, de 13 y 15 años, la citaron con el engañoso pretexto de “darle una sorpresa”.
Una vez allí, la ataron, le vendaron los ojos y la estrangularon hasta quitarle la vida. No conformes con eso, grabaron el asesinato con un celular y luego enterraron su cuerpo en el patio de una vivienda, cubriéndolo con cal para acelerar la descomposición y borrar las evidencias.
El móvil del crimen, según confesaron las propias agresoras, fueron celos sentimentales: una de ellas estaba enamorada del mismo joven con quien Leyla mantenía una relación y no soportó la competencia.La investigación dio un giro clave cuando un video del crimen fue enviado anónimamente a la madre de la víctima, Carmen Becerra. Tras la detención y confesión de las menores, un juez del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia en marzo de 2026.
La joven de 15 años fue condenada a dos años y diez meses de internamiento, mientras que la de 13 años recibió once meses de libertad asistida. Ambas deberán pagar, de manera mancomunada, apenas 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral.
La cifra ha provocado una enorme indignación en todo el país. Carmen Becerra denunció que ni siquiera pudo despedirse dignamente de su hija: el ataúd llegó cerrado debido al terrible estado en que fue encontrado el cuerpo. Los gastos del funeral superaron los 30 mil pesos, y la familia aún no ha recibido ni un peso de la reparación económica, que considera una verdadera burla a su dolor.
El caso ha reabierto el debate sobre la legislación de justicia juvenil en México. Colectivos feministas y miles de usuarios en redes sociales exigen reformas urgentes para que crímenes de esta brutalidad no queden prácticamente impunes bajo el argumento de la minoría de edad de las responsables. Muchos consideran que se trató de un feminicidio y cuestionan que el sistema parezca proteger más a las victimarias que a las víctimas.
Mientras las dos adolescentes cumplen penas cortas y podrían pronto retomar sus vidas normales, la madre de Leyla Monserrat sigue sin poder cerrar su duelo y se pregunta cómo es posible que en México el valor de la vida de una niña de 15 años se mida en apenas cinco mil pesos.
