Internacionales
El misterio de «El monstruo de los Andes», el mayor asesino serial de la historia moderna del que hace 20 años no se tienen noticias
El colombiano Pedro Alonso López habría violado y matado a 300 niñas. Se perdió su rastro en 1998 y desde 2002 tiene una orden de captura de Interpol
El hombre, un colombiano llamado Pedro Alonso López, cara redonda, ojos achinados, con una sonrisa inmutable que parece dibujada debajo del grueso bigote, todo bajo una renegrida mata de pelo, sigue tercamente callado frente al comisario de Ambato, Ecuador.
Se lo interroga acerca de un delito cometido a la luz del día y ante testigos: el intento de rapto de Marie, 12 años, arrebatada de la mano de su madre, Carvina Porveda, al salir de un supermercado.
Capturado por esos testigos, que le cortaron el rápido escape, llevado a la comisaría, mudo durante una hora de interrogatorio, y con gestos propios de un loco, el comisario cortó por lo sano:
–Llamen al padre Gudino. Tal vez él consiga que suelte la lengua.
Una hora después, el reo estuvo cara a cara con el cura, Córdoba Gudino, y la presión de la sotana y la cruz dio resultado: Pedro habló toda la noche…
Al amanecer, el cura salió del cuarto, demudado:
–No puedo soportar un minuto más. Me ha confesado actos tan repulsivos, tan violentos, tan bestiales, que me negué a seguir oyendo…
La declaración fue difundida a la prensa eludiendo los detalles más escabrosos.
La síntesis: Pedro Alonso López era un asesino de niñas, y ese mismo año, 1980, lo sentenciaron a 16 años de prisión: en esa época y en Ecuador, la pena máxima.
Según narró el cura ante el comisario, «primero violaba a las niñas, y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban su máximo punto».
Retrocedamos hasta el 8 de octubre de 1948 y hasta Espinal, Tolima, Colombia.
Ese día y en ese lugar nace Pedro, séptimo hijo de un total de trece paridos por la prostituta Benilda López de Castañeda.
No conoció a Megdardo Reyes, su padre: lo mataron en una riña de taberna seis meses antes…
Benilda no tardó en mudarse con su prole a Santa Isabel, también comarca de Tolima.
Pésima decisión. Ese año de 1948 pasó a la historia como «La Violencia»: una guerra civil no declarada pero feroz que dejó atrás doscientos mil cadáveres.
Miseria, hambre, trece hijos en un solo cuarto separado del otro por una cortina, y los inequívocos jadeos y gritos del sexo en los encuentros de Benilda con sus clientes.
Benilda, que en 1957 descubre a Pedro, de 9 años, tratando de violar a su hermana menor –esa sórdida vida había hecho escuela–, y lo echa de la miserable casa.
Vagabundo, indigente y perdido en las calles de Bogotá, es violado más de una vez.
Inevitable: lleva, como el estigma de su vida, un universo de sexo con sólo dos leyes: violar y ser violado.
Así llega a sus 12 años, y lo adopta –piadosa– una familia norteamericana. Asiste a la escuela, un mundo desconocido. El débil tronco del arco parece enderezarse…
Pero el virus no ha muerto: violado por un profesor, vuelve a las calles. Al arroyo del que rara vez se sale.
Lentamente, el puzzle de su carrera y de su prontuario se aclara. A sus 21 años (1969), lo atrapan robando autos en un suburbio de Bogotá. Siete años de prisión.
Una noche, tres reclusos lo atacan, lo inmovilizan, lo violan hasta el hartazgo, y Pedro no tarda en vengarse: con una faca, clásica arma carcelaria y artesanal, los degüella.
Le elevan la pena a dos años más…
Alonso López buscaba niñas, las violaba y luego las asesinaba.[/caption]
Pero esa triple violación, más las sufridas en sus años de niño y de joven vagabundo, causa –según los psicólogos que analizaron su historia– un cortocircuito. Una actitud en reversa. Jura que nunca más lo violarían, y que en adelante sería un violador y asesino del que hablaría el mundo: la simiente de la locura.
Liberado en 1978, comprende que su plan criminal exige movilidad, trashumancia, para no ser apresado.
Primera etapa: Perú. No hay en los archivos demasiados detalles, pero sí la certeza de que violó «a decenas de niñas de entre 8 y 12 años», según un trascendido publicado por un par de diarios.
En otra fase de la investigación se comprobó su modus operandi. Recorría tribus indígenas de la región de Ayacucho, sur peruano, ofrecía trabajo y regalos a las niñas aborígenes, las llevaba con ese anzuelo a parajes solitarios, y perpetraba cuatro movimientos aterradores:golpes, violaciones, estrangulamientos, necrofilia…, sin dejar rastros.
Por entonces empezaron a llamarlo «El monstruo de los Andes«.
Pero las huellas de sangre y muerte que dejó en Ayacucho fueron el principio del fin.
Una partida de nativos lo siguió a lo largo de kilómetros, lo capturaron, lo desnudaron, le quitaron cuanto llevaba encima… y lo torturaron durante horas, condenándolo a ser enterrado vivo.
Pero el último acto fue impedido por un misionero norteamericano:
–Matarlo es inútil y perverso. Entréguenlo a la policía.
Y así fue…
Pero la policía peruana esquivó el bulto: lo deportó a Ecuador, donde se había detectado una notoria desaparición de mujeres muy jóvenes –casi niñas– que en principio se atribuyó a una red de traficantes de esclavas sexuales: la vieja y terrible «trata«.
Pero el providencial desborde de un río (una «riada», según los ecuatorianos) que inundó gran parte de Ambato reveló, al bajar las aguas, los cadáveres de cuatro niñas asesinadas con el mismo método del monstruo.
Deportado y preso en Colombia, largos interrogatorios policiales y psiquiátricos fueron levantando el telón.
Con cierta precisión en algunos casos –no en todos–, sumando lugares y épocas, confesó que había violado y asesinado «a unas trescientas niñas».
Robert Ressler, investigador y experto criminalista del FBI, juzgó que Pedro Alonso López tenía un claro perfil de asesino múltiple. En su informe, escribió: «A menudo, este tipo se criminales padece obsesiones de algún género relacionadas con sus madres. El hilo común parece ser el elemento sexual: madres con muchos compañeros sexuales e hijos que lo presencian o lo saben. Por supuesto, los hijos de prostitutas son los más probables prototipos si han estado expuestos a esas conductas agresivas y a la desatención de sus madres».
Declarado inimputable, fue recluido en un hospital psiquiátrico.
En 1998, a sus 50 años, ¡se lo juzgó sano, y lo liberaron!
Interpol lo busca desde el 2002 por el asesinato de 350 personas.
Si esa cifra es exacta, el monstruo de los Andes lograría un execrable récord: el mayor homicida serial de la historia moderna.
Pero desde entonces, nada se sabe de su paradero.
Tampoco si está vivo o muerto.
Un grupo de padres de víctimas prometió hacer justicia por mano propia si el monstruo quedaba libre…, y hay sospechas de que cumplieron su palabra. Pero no pruebas…
Benilda, su madre, jura que está vivo, «porque siempre que alguien cercano a mí se ha muerto, su espíritu se me ha revelado, y con Pedro no ocurrió».
En el 2012, en Tunja, capital del departamento de Boyacá, alguien mató de modo parecido a la niña Andrea Marcela Buitrago, y el programa de tevé Crónicas RCN insinuó que el crimen parecía llevar el sello de Pedro Alonso López.
Las últimas noticias referidas a él datan de mediados de noviembre del 2018. Síntesis: «Se desconoce su paradero«.
Vivo o muerto, el misterio permanece.
Y los días, las lluvias, los soles, las hojas del almanaque, siguen cayendo sobre las sepulturas de las niñas que debieron vivir, crecer, estudiar, ser novias, ser madres…, pero se perdieron en las sombras de La Bestia.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
