Internacionales
El crimen organizado le roba la calma a Costa Rica
Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en una cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela se realizan simulacros de tiroteo: Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico.
El 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo período de 2022, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo», dijo a la AFP el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora. «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó. Según una encuesta de la Universidad de Costa Rica, el 41.3 % de las personas consultadas consideraron la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, 13.5 puntos porcentuales más que un sondeo realizado en septiembre.
«Es un hecho novedoso», afirmó el historiador Hugo Vargas. «A cada rato hay muertes.
Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», declaró a la AFP Mario Rodríguez, un jubilado de 74 años.
El septuagenario extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.
«Da un poco de temor, más que todo por los hijos. Tal vez tengan que ir al colegio o a hacer un trabajo con sus compañeros. Ya ni pueden jugar a la bola en un parque porque puede pasar una balacera», comentó de su lado la comerciante Alexa Mujica, de 37 años.
LUCHA ENTRE BANDAS
Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.
Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81 % de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.
«No es una crisis generalizada de inseguridad», sostuvo Zamora.
El Gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales.
En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35.3 por cada 100,000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.
Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100000 personas, en un país con 5.1 millones de habitantes.
El año pasado ya se alcanzó un récord con una tasa de 12.6 homicidios. El promedio mundial es de ocho por cada 100,000 personas, según la ONU.
Ante el agravamiento de la situación, siete proyectos de ley para reforzar la seguridad pública esperan análisis en el Congreso.
«TORMENTA PERFECTA»
Zamora expresó que al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).
En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario «construir las bases de una Policía profesional, capacitada», para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.
Con 17,000 efectivos, la Fuerza Pública (Policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal «profesionalizado» y «altamente violento», según Zamora.
«La Policía sabe y conoce normalmente las 340 bandas que operan en el país», precisó. El director del OIJ, Randall Zúñiga, coincidió en que, para equilibrar esa «lucha desigual», faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta Policía judicial 1,080 efectivos adicionales a los 3,500 actuales.
«No podemos tapar el Sol con un dedo», subrayó Zúñiga a la AFP, calificando la situación de «tormenta perfecta».
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó, por su parte, la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.
«Si abandonamos a la población, los criminales organizados van a sustituir al Estado», advirtió.
El pasado domingo, un tramo del km 48 de la carretera CA-4 en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras (zona cuesta de Los Limones, La Ceibita) se registró un fatal accidente de tránsito. Una rastra que movilizaba cianuro granulado en estado sólido impactó contra un microbús tipo coaster, el cual transportaba a hondureños que regresaban de una excursión en Guatemala, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, informaron medios locales.
El microbús volcó. Ocho personas fallecieron y las demás fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos del vehículo y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.
El mismo día por la noche, el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) emitió alerta roja indefinida en la zona del percance vial y 800 metros a la redonda del mismo. Esto debido a la peligrosidad de dicho material altamente tóxico para la salud.
Habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados, reportó la institución.
Personal de la Empresa Nacional Portuaria, Cuerpo de Bomberos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se trasladaron al lugar para realizar aseguramiento y evaluación para proteger a la población.
Se activó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa, por tiempo indefinido.
El jefe del poder judicial de Irán instó este martes a los tribunales a acelerar las sentencias relacionadas con la guerra contra Estados Unidos e Israel, incluida la pena capital, mientras que los activistas alertaron de un aumento de las ejecuciones de presuntos presos políticos.
Desde que empezó la guerra el 28 de febrero, Irán ha ahorcado a siete personas en relación con las manifestaciones de enero, seis por pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), una organización opositora prohibida, y a un ciudadano iranosueco acusado de espiar por cuenta de Israel.
Grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que decenas de personas podrían ser ejecutadas por las protestas de enero o como sospechosas de haber ayudado al enemigo durante la actual contienda.
«Es necesario acelerar la emisión de sentencias de pena de muerte y de confiscación de propiedades», dijo Gholam Hosein Mohseni Ejei a funcionarios judiciales de alto rango, en un encuentro retransmitido por televisión.
Recurrir a las leyes existentes contra el espionaje «es necesario para seguir dictando sentencias judiciales contra elementos y agentes del agresor enemigo con mayor rapidez», insistió.
La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, que vive en el exilio, afirmó en Telegram que, en vez de defender a los iraníes de la amenaza planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, la república islámica acelera «las ejecuciones, la represión y la confiscación de las propiedades de la oposición».
Entre los ejecutados por las protestas de enero había dos adolescentes arrestados durante la campaña de represión de las autoridades, que dejó miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos, que denunciaron juicios «extremadamente injustos».
«En medio de la actual guerra, que se ejecute a los presos políticos y a los manifestantes a través de procesos precipitados y no transparentes se considera un intento de instigar miedo y de mantener el control de la sociedad», afirmó la organización de defensa de los derechos humanos Abdorrahman Boroumand Center, radicada en Estados Unidos.
Organizaciones como esa acusan a las autoridades iraníes de recurrir a la tortura para obtener confesiones falsas de los detenidos, que son transmitidas después por televisión.
En los últimos diez días, más de 180 personas murieron o están desaparecidas tras naufragios en el Mediterráneo, informó el martes la ONU, que contabiliza cerca de 1,000 decesos desde inicios de año en esta peligrosa ruta migratoria.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que, solo en lo que va de 2026, al menos 990 personas han muerto en el Mediterráneo.
Se trata de «uno de los inicios de año más mortíferos» desde 2014, cuando se comenzó a recopilar estos datos.
La agencia indicó que, desde el 28 de marzo, al menos 181 personas han muerto o desaparecido en cinco naufragios distintos.
En el incidente más reciente, ocurrido el domingo, más de 80 migrantes desaparecieron cuando su embarcación volcó en el Mediterráneo tras partir de Libia, con unas 120 personas a bordo.
«Estas tragedias muestran, una vez más, que demasiadas personas siguen arriesgando sus vidas en rutas peligrosas», declaró la directora de la OIM, Amy Pope.
«Salvar vidas debe ser la prioridad. Pero también necesitamos esfuerzos más sólidos y coordinados para frenar a traficantes y contrabandistas que explotan a personas vulnerables, y ampliar vías seguras y regulares, para que nadie se vea obligado a emprender estos viajes mortales», agregó.
