Internacionales
El crimen organizado le roba la calma a Costa Rica
Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en una cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela se realizan simulacros de tiroteo: Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico.
El 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo período de 2022, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo», dijo a la AFP el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora. «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó. Según una encuesta de la Universidad de Costa Rica, el 41.3 % de las personas consultadas consideraron la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, 13.5 puntos porcentuales más que un sondeo realizado en septiembre.
«Es un hecho novedoso», afirmó el historiador Hugo Vargas. «A cada rato hay muertes.
Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», declaró a la AFP Mario Rodríguez, un jubilado de 74 años.
El septuagenario extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.
«Da un poco de temor, más que todo por los hijos. Tal vez tengan que ir al colegio o a hacer un trabajo con sus compañeros. Ya ni pueden jugar a la bola en un parque porque puede pasar una balacera», comentó de su lado la comerciante Alexa Mujica, de 37 años.
LUCHA ENTRE BANDAS
Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.
Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81 % de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.
«No es una crisis generalizada de inseguridad», sostuvo Zamora.
El Gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales.
En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35.3 por cada 100,000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.
Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100000 personas, en un país con 5.1 millones de habitantes.
El año pasado ya se alcanzó un récord con una tasa de 12.6 homicidios. El promedio mundial es de ocho por cada 100,000 personas, según la ONU.
Ante el agravamiento de la situación, siete proyectos de ley para reforzar la seguridad pública esperan análisis en el Congreso.
«TORMENTA PERFECTA»
Zamora expresó que al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).
En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario «construir las bases de una Policía profesional, capacitada», para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.
Con 17,000 efectivos, la Fuerza Pública (Policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal «profesionalizado» y «altamente violento», según Zamora.
«La Policía sabe y conoce normalmente las 340 bandas que operan en el país», precisó. El director del OIJ, Randall Zúñiga, coincidió en que, para equilibrar esa «lucha desigual», faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta Policía judicial 1,080 efectivos adicionales a los 3,500 actuales.
«No podemos tapar el Sol con un dedo», subrayó Zúñiga a la AFP, calificando la situación de «tormenta perfecta».
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó, por su parte, la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.
«Si abandonamos a la población, los criminales organizados van a sustituir al Estado», advirtió.
Sincelejo, Sucre. – Dos mujeres, madre e hija, fueron enviadas a prisión luego de quitarle la vida a un perro pastor alemán llamado Rommy, bajo el argumento de que el animal estaba “poseído por un mal espíritu”.
El hecho ocurrió en el municipio de Sincelejo, donde vecinos alertaron sobre gritos relacionados con un supuesto intento de “liberar” al perro de un espíritu maligno. Al llegar la Policía, el canino ya había sido asesinado e incinerado.
Teresita Alcocer y Arlin Cuello Alcocer fueron capturadas y presentadas ante la Fiscalía, donde se legalizó la detención y se les imputaron cargos por maltrato animal con circunstancias de muerte agravada. Debido a su comportamiento durante las audiencias, ambas fueron remitidas a una evaluación psiquiátrica.
El caso ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen que las responsables permanezcan tras las rejas y no sean liberadas como en situaciones similares anteriores.
Un alguacil estadounidense y un inmigrante en situación irregular resultaron heridos durante una operación de la policía migratoria en Los Ángeles, informó el Gobierno.
El incidente ocurrió el martes cuando oficiales de inmigración, apoyados por alguaciles federales, intentaban recapturar a un “extranjero ilegal”. Según Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, el migrante utilizó su vehículo para embestir a la patrulla en un intento de escapar.
“Temiendo por la seguridad del público y de los agentes, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y dispararon en defensa propia”, explicó McLaughlin.
El migrante recibió un impacto en el codo, mientras que un agente resultó herido en la mano por una bala que rebotó. Ambos fueron trasladados a un hospital.
El uso de vehículos policiales para bloquear automóviles se ha convertido en una práctica habitual durante las redadas migratorias del Gobierno estadounidense.
Perú. – El presidente interino José Jerí decretó estado de emergencia en la ciudad de Lima y la provincia del Callao por un periodo de 30 días, en respuesta al incremento sostenido de la violencia y la delincuencia organizada que afecta al país. La medida entró en vigor a partir de la medianoche del 22 de octubre.
El decreto permite la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público, así como la suspensión del derecho al libre tránsito y reunión en determinadas zonas. También autoriza la realización de operativos e inspecciones en barrios con alta incidencia delictiva.
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de tensión social y política, marcado por protestas y una creciente percepción de inseguridad entre la población. Según encuestas recientes, la delincuencia es considerada el principal problema nacional por la mayoría de los peruanos.
El Gobierno anunció que la medida será evaluada al finalizar los 30 días para determinar si se mantiene o se extiende a otras regiones del país.
