Internacionales
El crimen organizado le roba la calma a Costa Rica
Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en una cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela se realizan simulacros de tiroteo: Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico.
El 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo período de 2022, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo», dijo a la AFP el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora. «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó. Según una encuesta de la Universidad de Costa Rica, el 41.3 % de las personas consultadas consideraron la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, 13.5 puntos porcentuales más que un sondeo realizado en septiembre.
«Es un hecho novedoso», afirmó el historiador Hugo Vargas. «A cada rato hay muertes.
Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», declaró a la AFP Mario Rodríguez, un jubilado de 74 años.
El septuagenario extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.
«Da un poco de temor, más que todo por los hijos. Tal vez tengan que ir al colegio o a hacer un trabajo con sus compañeros. Ya ni pueden jugar a la bola en un parque porque puede pasar una balacera», comentó de su lado la comerciante Alexa Mujica, de 37 años.
LUCHA ENTRE BANDAS
Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.
Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81 % de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.
«No es una crisis generalizada de inseguridad», sostuvo Zamora.
El Gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales.
En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35.3 por cada 100,000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.
Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100000 personas, en un país con 5.1 millones de habitantes.
El año pasado ya se alcanzó un récord con una tasa de 12.6 homicidios. El promedio mundial es de ocho por cada 100,000 personas, según la ONU.
Ante el agravamiento de la situación, siete proyectos de ley para reforzar la seguridad pública esperan análisis en el Congreso.
«TORMENTA PERFECTA»
Zamora expresó que al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).
En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario «construir las bases de una Policía profesional, capacitada», para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.
Con 17,000 efectivos, la Fuerza Pública (Policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal «profesionalizado» y «altamente violento», según Zamora.
«La Policía sabe y conoce normalmente las 340 bandas que operan en el país», precisó. El director del OIJ, Randall Zúñiga, coincidió en que, para equilibrar esa «lucha desigual», faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta Policía judicial 1,080 efectivos adicionales a los 3,500 actuales.
«No podemos tapar el Sol con un dedo», subrayó Zúñiga a la AFP, calificando la situación de «tormenta perfecta».
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó, por su parte, la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.
«Si abandonamos a la población, los criminales organizados van a sustituir al Estado», advirtió.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
