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Daniel Ortega bajo presión por tras revocar medida que desató protestas en Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.
La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
“Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente”, declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.
“Creemos que ya no hay espacio para el diálogo”, agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Caos y saqueos
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.
Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que “esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas”.
La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
“Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil”, expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ambas organizaciones confirmaron que 25 personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.
El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.
Diálogo en entredicho
Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.
Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.
El estudiante Ramírez considera que la ola de muertes y censura desatada en los días de protesta cerraron la posibilidad de un diálogo.
“Ya no podemos aceptar más este gobierno, estamos protestando para que la pareja Ortega Murillo deje el poder”, sentenció Ramírez.
Sin embargo, el universitario reconoció que el movimiento que busca la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, carece de liderazgos y de planes para un futuro sin el actual mandatario.
A su juicio, los jóvenes que tomaron las calles no se sienten representados por los partidos opositores que se plegaron a Ortega los últimos años, ni por las cúpulas empresariales que lo apoyaron desde que volvió al gobierno en 2007.
“Desde la Revolución Sandinista de 1979, tenemos los mismos líderes políticos, ellos no dejan que surja nadie más. Nosotros queremos un liderazgo nuevo que nos represente a los jóvenes”, sostuvo Ramírez.
Por: El Salvador Times.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana se mantendrán altas concentraciones de polvo del Sahara sobre el territorio salvadoreño.
La institución advirtió que esta condición podría representar un riesgo para la salud, principalmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias.
De acuerdo con el MARN, las concentraciones del fenómeno se mantuvieron altas este viernes, una condición que también se prevé para el sábado 8 y domingo 9 de agosto. Además, indicó que la visibilidad permanecerá brumosa y que el nivel de riesgo para la salud es alto.
Ante este escenario, el MARN recomendó a los grupos más vulnerables evitar la exposición al aire libre y utilizar mascarilla en caso de que necesiten salir de sus viviendas.
Asimismo, exhortó a la población en general a reducir los esfuerzos físicos intensos o prolongados en espacios abiertos.
«Hoy se mantiene presencia del Polvo del Sahara en concentraciones altas. Conoce los detalles y toma las precauciones necesarias», publicó la institución en la red social X.
El ministerio agregó que, pese a la presencia del polvo del Sahara, se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas.
Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales del MARN y adoptar las medidas de prevención necesarias para reducir los efectos de este fenómeno atmosférico, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones de salud.
México y Perú restablecieron este viernes sus relaciones diplomáticas, luego de que permanecieran rotas desde noviembre por decisión de Lima, que denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las cancillerías de ambos países comunicaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a «los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú».
Uno de los principales puntos de tensión entre ambos gobiernos fue el asilo político concedido por México a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece detenido.
Poco después de conocerse el comunicado, Sheinbaum informó durante su conferencia diaria que Chávez había recibido el salvoconducto y estaba a punto de llegar a México. La entrega del documento constituía una condición de su Gobierno para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse tras la caída y detención de Castillo por su intento de disolver el Congreso a finales de 2022. En ese momento, México concedió asilo a la esposa y los hijos del exmandatario.
Posteriormente, la justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por esos actos, una sentencia que el Gobierno mexicano considera ilegal.
El comunicado emitido por las cancillerías no ofreció mayores detalles sobre el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas.
Sheinbaum también indicó que Chávez viajó a México en un avión militar y calificó la entrega del salvoconducto como «una acción de buena voluntad» de la presidenta Keiko Fujimori.
Las autoridades mexicanas informaron el martes sobre el desmantelamiento de cuatro refinerías clandestinas, donde fueron incautados casi un millón de litros de derivados ilegales, como parte de las acciones contra el procesamiento ilícito de combustible.
De acuerdo con las autoridades, aunque grupos criminales han robado durante años combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la operación de estos «centros de procesamiento ilícito de combustible» representa una modalidad reciente.
La fiscalía no reportó personas detenidas durante los operativos.
Las plantas clandestinas fueron localizadas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el centro de México. Como parte de las intervenciones, las autoridades incautaron combustible, contenedores y maquinaria utilizada en estas instalaciones.
Asimismo, la fiscalía difundió fotografías en las que se observan grandes tanques industriales y un sistema de tuberías interconectadas dentro de las refinerías clandestinas.
Según el comunicado oficial, el constante movimiento de camiones cisterna escoltados por otros vehículos despertó las sospechas de las autoridades y permitió detectar las operaciones ilegales.
Las autoridades también señalaron que el robo de combustible provocó pérdidas cercanas a los 530 millones de dólares para Pemex al cierre del segundo trimestre, cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo período de 2025.
Como antecedente, recordaron que una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una explosión en 2019, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas.
