Internacionales
Daniel Ortega bajo presión por tras revocar medida que desató protestas en Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.
La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
“Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente”, declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.
“Creemos que ya no hay espacio para el diálogo”, agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Caos y saqueos
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.
Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que “esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas”.
La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
“Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil”, expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ambas organizaciones confirmaron que 25 personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.
El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.
Diálogo en entredicho
Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.
Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.
El estudiante Ramírez considera que la ola de muertes y censura desatada en los días de protesta cerraron la posibilidad de un diálogo.
“Ya no podemos aceptar más este gobierno, estamos protestando para que la pareja Ortega Murillo deje el poder”, sentenció Ramírez.
Sin embargo, el universitario reconoció que el movimiento que busca la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, carece de liderazgos y de planes para un futuro sin el actual mandatario.
A su juicio, los jóvenes que tomaron las calles no se sienten representados por los partidos opositores que se plegaron a Ortega los últimos años, ni por las cúpulas empresariales que lo apoyaron desde que volvió al gobierno en 2007.
“Desde la Revolución Sandinista de 1979, tenemos los mismos líderes políticos, ellos no dejan que surja nadie más. Nosotros queremos un liderazgo nuevo que nos represente a los jóvenes”, sostuvo Ramírez.
Por: El Salvador Times.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
