Internacionales
Daniel Ortega bajo presión por tras revocar medida que desató protestas en Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.
La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
“Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente”, declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.
“Creemos que ya no hay espacio para el diálogo”, agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Caos y saqueos
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.
Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que “esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas”.
La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
“Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil”, expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ambas organizaciones confirmaron que 25 personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.
El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.
Diálogo en entredicho
Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.
Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.
El estudiante Ramírez considera que la ola de muertes y censura desatada en los días de protesta cerraron la posibilidad de un diálogo.
“Ya no podemos aceptar más este gobierno, estamos protestando para que la pareja Ortega Murillo deje el poder”, sentenció Ramírez.
Sin embargo, el universitario reconoció que el movimiento que busca la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, carece de liderazgos y de planes para un futuro sin el actual mandatario.
A su juicio, los jóvenes que tomaron las calles no se sienten representados por los partidos opositores que se plegaron a Ortega los últimos años, ni por las cúpulas empresariales que lo apoyaron desde que volvió al gobierno en 2007.
“Desde la Revolución Sandinista de 1979, tenemos los mismos líderes políticos, ellos no dejan que surja nadie más. Nosotros queremos un liderazgo nuevo que nos represente a los jóvenes”, sostuvo Ramírez.
Por: El Salvador Times.
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, en una vivienda de la colonia Praderas, al norte de Piedras Negras, Coahuila, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de entre 35 y 40 años según distintos reportes, fue hallada sin vida. Su pareja, Ángel de Jesús N., de 45 años, fue quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido y se entregó a las autoridades en el lugar.
La necropsia confirmó la extrema violencia del ataque: más de 20 heridas de arma blanca y la amputación de una de sus manos. El caso se investiga bajo protocolo de feminicidio. Personal de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, encabezado por Katy Salinas, se desplazó desde Saltillo para apoyar las diligencias. El presunto agresor fue ingresado al Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras y enfrenta proceso.
Vecinos de la colonia contaron que la pareja se veía “amorosa” en el día a día, aunque reconocían discusiones frecuentes y celos. Familiares de Karla señalaron problemas por adicciones —se mencionó consumo de metanfetaminas por parte del hombre, pendiente de confirmar con toxicológicos— y desacuerdos económicos, pues él habría perdido el empleo. No existían denuncias formales previas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En redes, la hija de la víctima, Bere Mendoza, publicó mensajes de dolor e indignación exigiendo justicia: “Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así”. El contraste con las fotos de la pareja en las que aparecían abrazados y sonrientes generó aún más rechazo en la comunidad.
Con este caso, Coahuila suma al menos una docena de presuntos feminicidios en lo que va de 2026. Los funerales de Karla se realizaron en Funerales Socorro a partir del 15 de octubre. La investigación continúa para determinar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio.
Un menor de 17 años, identificado como Abraham M.G. alias “El Zancudo”, fue vinculado a proceso por feminicidio en agravio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán, Puebla.
pueblaonline.com.mx
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente citó a la estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac y la llevó a una casa abandonada en el barrio de Xoloco. Ahí la sometió, la golpeó con un bloque y los puños, le provocó lesiones con tijeras y la estranguló con una corbata escolar.
El cuerpo fue localizado en la madrugada del 6 de octubre tras la búsqueda de familiares. La Fiscalía General del Estado de Puebla determinó como causas de muerte traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento. El imputado permanece en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) mientras avanza el proceso.
unotv.com
Internacionales
¡25 AÑOS A CADENA PERPETUA! Salvadoreño es condenado en Estados Unidos por asesinar a su exsuegra durante celebración familiar
Un salvadoreño originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos, tras declararse culpable del asesinato de su exsuegra. El sentenciado fue identificado como Erick Efrén Corado González, de 29 años, quien recibió la condena el jueves 15 de octubre de 2026, en un tribunal del condado de Nassau, Nueva York, por el crimen de Ana Ruth Espinoza, de 51 años, ocurrido en septiembre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía del condado de Nassau, el crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2024, cuando la víctima y varios familiares salían de una celebración de cumpleaños en el restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, Long Island. Corado González, quien se encontraba separado de la hija de Espinoza y no había sido invitado a la reunión, se acercó a la mujer en el estacionamiento del establecimiento y la atacó con un arma blanca. El esposo de la víctima también resultó lesionado cuando intentó intervenir, mientras otro familiar fue amenazado durante el incidente.
Tras el ataque, Ana Ruth Espinoza fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó de Nueva York, pero fue detenido ese mismo 29 de septiembre en Linden, Nueva Jersey, y posteriormente trasladado al condado de Nassau para enfrentar la justicia. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron un cuchillo en el estacionamiento del restaurante y un arma de imitación en el vehículo del acusado.
Corado González se declaró culpable el 3 de septiembre de 2026 de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, antes de recibir su sentencia definitiva. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 30 años a cadena perpetua, el tribunal estableció una condena de 25 años a cadena perpetua, lo que significa que deberá cumplir al menos ese período antes de poder optar a una eventual libertad condicional. La fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, lamentó el impacto del crimen en la familia de Ana Ruth Espinoza, a quien sus seres queridos recordaron como una madre y abuela profundamente apreciada.
