Internacionales
Daniel Ortega bajo presión por tras revocar medida que desató protestas en Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.
La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
“Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente”, declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.
“Creemos que ya no hay espacio para el diálogo”, agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Caos y saqueos
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.
Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que “esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas”.
La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
“Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil”, expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ambas organizaciones confirmaron que 25 personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.
El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.
Diálogo en entredicho
Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.
Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.
El estudiante Ramírez considera que la ola de muertes y censura desatada en los días de protesta cerraron la posibilidad de un diálogo.
“Ya no podemos aceptar más este gobierno, estamos protestando para que la pareja Ortega Murillo deje el poder”, sentenció Ramírez.
Sin embargo, el universitario reconoció que el movimiento que busca la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, carece de liderazgos y de planes para un futuro sin el actual mandatario.
A su juicio, los jóvenes que tomaron las calles no se sienten representados por los partidos opositores que se plegaron a Ortega los últimos años, ni por las cúpulas empresariales que lo apoyaron desde que volvió al gobierno en 2007.
“Desde la Revolución Sandinista de 1979, tenemos los mismos líderes políticos, ellos no dejan que surja nadie más. Nosotros queremos un liderazgo nuevo que nos represente a los jóvenes”, sostuvo Ramírez.
Por: El Salvador Times.
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
