Internacionales
Daniel Ortega bajo presión por tras revocar medida que desató protestas en Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.
La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
“Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente”, declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.
“Creemos que ya no hay espacio para el diálogo”, agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Caos y saqueos
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.
Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que “esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas”.
La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
“Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil”, expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ambas organizaciones confirmaron que 25 personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.
El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.
Diálogo en entredicho
Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.
Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.
El estudiante Ramírez considera que la ola de muertes y censura desatada en los días de protesta cerraron la posibilidad de un diálogo.
“Ya no podemos aceptar más este gobierno, estamos protestando para que la pareja Ortega Murillo deje el poder”, sentenció Ramírez.
Sin embargo, el universitario reconoció que el movimiento que busca la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, carece de liderazgos y de planes para un futuro sin el actual mandatario.
A su juicio, los jóvenes que tomaron las calles no se sienten representados por los partidos opositores que se plegaron a Ortega los últimos años, ni por las cúpulas empresariales que lo apoyaron desde que volvió al gobierno en 2007.
“Desde la Revolución Sandinista de 1979, tenemos los mismos líderes políticos, ellos no dejan que surja nadie más. Nosotros queremos un liderazgo nuevo que nos represente a los jóvenes”, sostuvo Ramírez.
Por: El Salvador Times.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó ayer la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), correspondiente al periodo enero-marzo de 2026. Los resultados, con cifras ajustadas por estacionalidad, muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó 0.8 % en términos reales respecto al cuarto trimestre de 2025, la mayor contracción trimestral registrada desde 2024.
A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.1 %, cifra que contrasta con el 1.8 % registrado en el cuarto trimestre del año previo y con el 0.6 % acumulado durante todo 2025.
Caída generalizada por sectores
El retroceso no se concentró en un solo sector. Las actividades primarias —que incluyen agricultura y ganadería— bajaron 1.4 % respecto al trimestre anterior, mientras que a tasa anual registraron una variación de -0.1 %.
Las actividades secundarias, que comprenden manufactura y construcción, cayeron 1.1 % trimestral y 1.1 % anual. Por su parte, las actividades terciarias —comercio y servicios— descendieron 0.6 % trimestral, aunque mantuvieron un crecimiento anual de 0.9 %.
Esta caída simultánea en los tres grandes sectores encendió alertas entre analistas. «Resulta preocupante observar que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral», afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, en declaraciones recogidas por Bloomberg. «Esto abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión», agregó.
Siller indicó además que su institución revisó a la baja su proyección de crecimiento anual para 2026, de 1.2 % a 1 %, aunque incorpora en el estimado el consumo adicional esperado por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.
El resultado llega en un entorno marcado por las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos han presionado la actividad exportadora del país, cuya economía depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. A ello se suma la incertidumbre derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para finales de este año.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió esta semana ante el Senado que el conflicto en Oriente Medio podría agravar aún más las perspectivas de crecimiento para 2026, según reportó Bloomberg. El banco central mantiene por ahora una proyección de crecimiento anual de 1.4 % para el año en curso.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia de inversión pública y privada conocida como «Plan México». A principios de abril, el Congreso aprobó una ley propuesta por su administración para agilizar la autorización de proyectos de infraestructura en carreteras, energía e infraestructura hídrica.
Desde que Sheinbaum asumió la presidencia a finales de 2024, el crecimiento de la inversión agregada ha pasado de alrededor de 2 % interanual a -6 % a finales del año pasado, según Bloomberg.
La mandataria ha argumentado en el pasado que los indicadores de bajo crecimiento del PIB no reflejan con fidelidad el bienestar de la población ni los avances en materia de reducción de pobreza.
El INEGI precisó que la estimación oportuna no reemplaza al cálculo tradicional del PIB, y que los resultados están sujetos a revisión conforme se incorpore nueva información estadística. La próxima publicación está prevista para el 30 de julio de 2026.
El empresario juzgado por corrupción en Madrid, Víctor de Aldama; junto al exministro español de Transportes, José Luis Ábalos; hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del gobierno de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada».
De Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García se sientan en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales socialistas o entes públicos como Puertos del Estado.
Este miércoles, estaba previsto que declarasen los tres acusados, pero solo hubo tiempo para uno, el empresario, cuyo interrogatorio se alargó más de seis horas. La vista se reanudará el jueves a las 08H00 GMT y el juicio podría acabar prolongándose hasta el martes 5 de mayo.
El No. 1
El primer acusado en declarar este miércoles fue De Aldama, que afirmó: «Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4».
Sánchez ya rechazó anteriormente las acusaciones de Aldama.
De Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela. También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó ayer repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán, cuyo costo estimó hasta ahora en alrededor de $25,000 millones.
Junto al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Dan Caine, Hegseth pasó varias horas frente a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, parlamentarios de ambos partidos han lamentado la falta de información proporcionada por el ejecutivo.
Adam Smith, el demócrata de más alto rango de la comisión, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y el plan para alcanzar objetivos.
Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.
Hegseth fue interpelado sobre el costo del conflicto.
El jefe del Pentágono preguntó al comité: «¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?».
El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de «mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día».
Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una «calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial».
Entretanto, el congresista demócrata Seth Moulton le preguntó a Hegseth si aconsejó al presidente estadounidense atacar a Irán. El secretario no respondió, pero calificó de «buena idea» la decisión de hacerlo.
A la pregunta de si se había tenido en cuenta la posibilidad de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundiales, respondió que el Pentágono había «analizado todos los aspectos de ese riesgo». Hasta la fecha, Teherán ejerce un cuasi bloqueo de la navegación en el estrecho y Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.
