Internacionales
Cuarentena para todos los que lleguen a EE.UU.: Biden pone en marcha su estrategia anticovid
El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves la estrategia con la que su Administración planea afrontar la pandemia del coronavirus.
El mandatario firmó una serie de nuevas órdenes ejecutivas contra el covid-19 que incluyen medidas como el uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos, trenes y autobuses, así como la autorización de un mayor uso de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) para acelerar la vacunación en el país.
«Hoy firmo una acción ejecutiva para usar la Ley de Producción de Defensa y todas las demás competencias disponibles para ordenar a todas las agencias federales y la industria privada que aceleren la elaboración de todo lo que se necesita para proteger, probar, vacunar y cuidar a nuestro pueblo», declaró el jefe de Estado.
En un discurso transmitido por la cuenta en Twitter de la Casa Blanca, el presidente declaró que todas las personas que tengan previsto viajar a EE. UU. deberán hacerse una prueba de covid-19 antes de volar y someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días al llegar al país.
Biden calificó la crisis sanitaria de «tiempo de guerra», recordó que el virus ya se ha cobrado 400.000 vidas, más que el total de bajas sufridas por el país durante la Segunda Guerra Mundial, e hizo un pronóstico sombrío al afirmar que la mortalidad por covid-19 podría superar el medio millón en febrero.
La Administración Biden quiere centrar sus esfuerzos contra el coronavirus a nivel federal, a diferencia de su predecesor, Donald Trump, que delegó el control de la planificación en los estados, lo que derivó en políticas dispares a lo largo de todo el país.
Las órdenes ejecutivas de este jueves se traducirán en la creación de una comisión responsable de impulsar la detección de covid-19, de abordar la escasez del suministro de pruebas, así como de establecer protocolos para viajeros internacionales y dirigir recursos a las comunidades minoritarias más afectadas.
- La Ley de Producción de Defensa de EE.UU. fue promulgada en 1950 tras el comienzo de la guerra de Corea en respuesta a la falta de mano de obra y equipamiento, y desde entonces varios presidentes la han invocado para hacer frente a emergencias como desastres naturales.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
