Internacionales
Cementerios y las funerarias de Bolivia colapsaron por el aumento de muertes por COVID-19
Los cadáveres en Bolivia han comenzado a acumularse a medida que una feroz segunda ola del coronavirus ha superado la capacidad de las funerarias y cementerios, dijeron funcionarios a Reuters, lo que generó preocupaciones de que el creciente atraso en entierros podría convertirse en otro punto focal de infección.
Los cuerpos, algunos en ataúdes o envueltos en improvisadas mantas de lana de alpaca andina y bolsas de plástico, han inundado las funerarias en La Paz, la región más afectada de la nación andina.
Propietarios de funerarias protestan para reclamar la instalación de más hornos crematorios y espacios en los cementerios ante el incremento de fallecidos por el covid-19 en La Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz
Jorge Silva, viceministro de Protección al Consumidor de Bolivia, dijo que las autoridades encontraron cadáveres en los pisos de los garajes, patios traseros y pasillos de las funerarias. Alegó que algunos han tratado de beneficiarse indebidamente del reciente aumento de muertes, llevándose más cadáveres de los que pueden manejar con las debidas medidas de seguridad.
“Esto se constituye en negocio para estas empresas que prestan servicios y, lógicamente, ponen en riesgo la salud de la población”, sostuvo el funcionario y agregó que se conforman, así, “focos de infección”.
FOTO DE ARCHIVO. Una familia asiste al funeral de un pariente que falleció por coronavirus en el cementerio El Alto, La Paz, Bolivia. Agosto, 2020. REUTERS/David Mercado
Pero los propietarios de funerarias en El Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia, dijeron que muchos cementerios cerraron sus puertas para recibir muertos por COVID-19, dejándolos con pocas opciones.
“En El Alto no tenemos un lugar para traer a nuestros muertos”, dijo a Reuters Carmen Apaza, de la funeraria Taylor.
Foto de archivo. Dolientes asisten al entierro de su pariente en el cementerio Mercedario, en medio de la pandemia del coronavirus en El Alto, Bolivia. 21 de julio de 2020. REUTERS/David Mercado
Bolivia se encuentra entre los países más pobres de América del Sur. El reciente brote de infecciones ha puesto a prueba el debilitado sistema de salud de la nación andina, llevando a muchos hospitales al borde del colapso.
El país, que tardó en acordar por la compra de vacunas, ha recibido recientemente un lote de dosis de Sputnik V desde Rusia para comenzar su programa de vacunación y espera recibir un millón más a través del programa COVAX a finales de este mes.
Autoridades temen que el atraso en entierros pueda convertirse en otro punto focal de infección. EFE/Archivo
Bolivia ha reportado 225.910 infecciones y 10.687 muertes por coronavirus desde que comenzó el brote a principios del año pasado, según dato de Reuters. Las infecciones en los últimos días han alcanzado el 80% del pico de la primera ola.
Los expertos en salud de Bolivia estiman que enero fue el segundo mes más letal desde que comenzó la pandemia.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
