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Biden impulsaría con decretos una mayor apertura hacia los refugiados e inmigrantes que buscan asilo en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará tres decretos que apuntan a las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor y tratarán de rectificar las consecuencias de estas, incluso mediante el establecimiento de un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, según funcionarios de la alta administración.
Los últimos decretos se basan en las acciones tomadas en los primeros días en el cargo de Biden y comienzan a proporcionar una imagen más clara de las prioridades de inmigración de la administración.
«El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur. Fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y falló», dijo un alto funcionario de la administración. «El enfoque del presidente Biden es tratar la inmigración de manera integral, justa y humana».
Horas después de comenzar su presidencia, Biden tomó medidas para deshacer rápidamente muchas políticas de la administración de Trump en una serie de acciones ejecutivas. También envió un proyecto de ley de inmigración al Congreso. Pero su administración ya ha enfrentado obstáculos legales para implementar esas políticas.
La semana pasada, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones, a medida que avanza el caso.
Es probable que los desafíos legales continúen acosando a la administración mientras establece su agenda de inmigración. El martes, se espera que Biden siga sus acciones del primer día abordando la separación familiar, las causas fundamentales de la migración y el sistema de inmigración legal.
También se espera que el Senado confirme a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional el martes, luego de que la votación del lunes por la noche se retrasó debido al clima.
Crear un grupo de trabajo para reunificar familias
Durante su campaña presidencial, Biden se comprometió a establecer un grupo de trabajo enfocado en identificar y reunificar a familias separadas en la frontera México-Estados Unidos bajo la polémica política de «tolerancia cero» de la administración de Trump. El nuevo grupo de trabajo se deriva de esa promesa.
El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y trabajará en todo el gobierno de EE.UU., junto con socios, para encontrar padres separados de sus hijos bajo la administración anterior. CNN informó anteriormente que se espera que la primera dama, Jill Biden, tome un papel activo en el grupo de trabajo.
Se encargará de identificar a todos los niños separados de sus padres o tutores legales en la frontera sur, facilitar y permitir la reunificación de los niños con sus familias y proporcionar informes periódicos al presidente, incluido uno con recomendaciones.
Las consecuencias de la política de «tolerancia cero» que llevó a la separación de miles de familias todavía se sienten hoy. Los abogados no pueden comunicarse con los padres de 611 niños que fueron separados de sus familias por funcionarios fronterizos de EE.UU. Entre 2017 y 2018, según la última presentación judicial en un caso de separación familiar en curso.
«La administración de Biden está comprometida a remediar este terrible daño que la administración de Trump infligió a las familias», dijo un alto funcionario de la administración, calificando la política de Trump como un «fracaso moral» y una «vergüenza nacional».
El Departamento de Justicia también rescindió oficialmente la política la semana pasada en un memorando a los fiscales federales, a pesar de que ya había terminado.
Los casos de familias separadas se examinarán de forma individual para determinar los próximos pasos. «El objetivo del grupo de trabajo es uno, identificar, pero, dos, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden unir las familias, tomando en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración», dijo el funcionario.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
