Internacionales
Biden impulsaría con decretos una mayor apertura hacia los refugiados e inmigrantes que buscan asilo en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará tres decretos que apuntan a las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor y tratarán de rectificar las consecuencias de estas, incluso mediante el establecimiento de un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, según funcionarios de la alta administración.
Los últimos decretos se basan en las acciones tomadas en los primeros días en el cargo de Biden y comienzan a proporcionar una imagen más clara de las prioridades de inmigración de la administración.
«El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur. Fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y falló», dijo un alto funcionario de la administración. «El enfoque del presidente Biden es tratar la inmigración de manera integral, justa y humana».
Horas después de comenzar su presidencia, Biden tomó medidas para deshacer rápidamente muchas políticas de la administración de Trump en una serie de acciones ejecutivas. También envió un proyecto de ley de inmigración al Congreso. Pero su administración ya ha enfrentado obstáculos legales para implementar esas políticas.
La semana pasada, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones, a medida que avanza el caso.
Es probable que los desafíos legales continúen acosando a la administración mientras establece su agenda de inmigración. El martes, se espera que Biden siga sus acciones del primer día abordando la separación familiar, las causas fundamentales de la migración y el sistema de inmigración legal.
También se espera que el Senado confirme a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional el martes, luego de que la votación del lunes por la noche se retrasó debido al clima.
Crear un grupo de trabajo para reunificar familias
Durante su campaña presidencial, Biden se comprometió a establecer un grupo de trabajo enfocado en identificar y reunificar a familias separadas en la frontera México-Estados Unidos bajo la polémica política de «tolerancia cero» de la administración de Trump. El nuevo grupo de trabajo se deriva de esa promesa.
El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y trabajará en todo el gobierno de EE.UU., junto con socios, para encontrar padres separados de sus hijos bajo la administración anterior. CNN informó anteriormente que se espera que la primera dama, Jill Biden, tome un papel activo en el grupo de trabajo.
Se encargará de identificar a todos los niños separados de sus padres o tutores legales en la frontera sur, facilitar y permitir la reunificación de los niños con sus familias y proporcionar informes periódicos al presidente, incluido uno con recomendaciones.
Las consecuencias de la política de «tolerancia cero» que llevó a la separación de miles de familias todavía se sienten hoy. Los abogados no pueden comunicarse con los padres de 611 niños que fueron separados de sus familias por funcionarios fronterizos de EE.UU. Entre 2017 y 2018, según la última presentación judicial en un caso de separación familiar en curso.
«La administración de Biden está comprometida a remediar este terrible daño que la administración de Trump infligió a las familias», dijo un alto funcionario de la administración, calificando la política de Trump como un «fracaso moral» y una «vergüenza nacional».
El Departamento de Justicia también rescindió oficialmente la política la semana pasada en un memorando a los fiscales federales, a pesar de que ya había terminado.
Los casos de familias separadas se examinarán de forma individual para determinar los próximos pasos. «El objetivo del grupo de trabajo es uno, identificar, pero, dos, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden unir las familias, tomando en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración», dijo el funcionario.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
