Internacionales
Biden impulsaría con decretos una mayor apertura hacia los refugiados e inmigrantes que buscan asilo en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará tres decretos que apuntan a las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor y tratarán de rectificar las consecuencias de estas, incluso mediante el establecimiento de un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, según funcionarios de la alta administración.
Los últimos decretos se basan en las acciones tomadas en los primeros días en el cargo de Biden y comienzan a proporcionar una imagen más clara de las prioridades de inmigración de la administración.
«El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur. Fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y falló», dijo un alto funcionario de la administración. «El enfoque del presidente Biden es tratar la inmigración de manera integral, justa y humana».
Horas después de comenzar su presidencia, Biden tomó medidas para deshacer rápidamente muchas políticas de la administración de Trump en una serie de acciones ejecutivas. También envió un proyecto de ley de inmigración al Congreso. Pero su administración ya ha enfrentado obstáculos legales para implementar esas políticas.
La semana pasada, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones, a medida que avanza el caso.
Es probable que los desafíos legales continúen acosando a la administración mientras establece su agenda de inmigración. El martes, se espera que Biden siga sus acciones del primer día abordando la separación familiar, las causas fundamentales de la migración y el sistema de inmigración legal.
También se espera que el Senado confirme a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional el martes, luego de que la votación del lunes por la noche se retrasó debido al clima.
Crear un grupo de trabajo para reunificar familias
Durante su campaña presidencial, Biden se comprometió a establecer un grupo de trabajo enfocado en identificar y reunificar a familias separadas en la frontera México-Estados Unidos bajo la polémica política de «tolerancia cero» de la administración de Trump. El nuevo grupo de trabajo se deriva de esa promesa.
El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y trabajará en todo el gobierno de EE.UU., junto con socios, para encontrar padres separados de sus hijos bajo la administración anterior. CNN informó anteriormente que se espera que la primera dama, Jill Biden, tome un papel activo en el grupo de trabajo.
Se encargará de identificar a todos los niños separados de sus padres o tutores legales en la frontera sur, facilitar y permitir la reunificación de los niños con sus familias y proporcionar informes periódicos al presidente, incluido uno con recomendaciones.
Las consecuencias de la política de «tolerancia cero» que llevó a la separación de miles de familias todavía se sienten hoy. Los abogados no pueden comunicarse con los padres de 611 niños que fueron separados de sus familias por funcionarios fronterizos de EE.UU. Entre 2017 y 2018, según la última presentación judicial en un caso de separación familiar en curso.
«La administración de Biden está comprometida a remediar este terrible daño que la administración de Trump infligió a las familias», dijo un alto funcionario de la administración, calificando la política de Trump como un «fracaso moral» y una «vergüenza nacional».
El Departamento de Justicia también rescindió oficialmente la política la semana pasada en un memorando a los fiscales federales, a pesar de que ya había terminado.
Los casos de familias separadas se examinarán de forma individual para determinar los próximos pasos. «El objetivo del grupo de trabajo es uno, identificar, pero, dos, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden unir las familias, tomando en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración», dijo el funcionario.
Internacionales
Suecia prepara ley para obligar a aceptar pagos en efectivo en supermercados y farmacias
Muchos suecos llevan años sin tocar billetes, pues muy pocos comercios aceptan dinero en efectivo y prácticamente todos los pagos se realizan con tarjeta o a través de servicios en línea.
La mayoría de las sucursales bancarias ya no aceptan depósitos ni retiros de efectivo, por lo que los clientes se acaban orientando hacia servicios de banca en línea.
Sin embargo, a principios de marzo el banco central sueco recomendó a los hogares ahorrar 1.000 coronas (unos 93 euros) en efectivo por adulto para cubrir una semana de compras de productos de primera necesidad.
Además, instó a los suecos a asegurarse de disponer de varios medios de pago, entre ellos el efectivo, tarjetas de crédito y servicios de pago en línea mediante el celular, «en caso de perturbaciones temporales, de crisis o, en el peor de los casos, de guerra».
El proyecto presentado este miércoles exigiría también que los bancos permitan a sus clientes depositar dinero en efectivo y que las tiendas y las empresas tengan acceso a servicios para ingresar su recaudación diaria en efectivo.
Según estadísticas oficiales, la cantidad de dinero en efectivo en circulación en Suecia se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2008.
«La digitalización de la sociedad se ha producido muy rápidamente y ha creado muchas oportunidades, pero también ha entrañado ciertos riesgos», señaló en un comunicado el ministro de Administración Pública, Erik Slottner.
«Uno de los principales riesgos es que la exclusión digital se generaliza, especialmente entre las personas mayores», añadió el ministro.
Según él, es «importante, para reforzar nuestro nivel de preparación», exige a los supermercados y a las farmacias que acepten pagos en efectivo.
La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.
Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.
Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.
Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.
La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.
El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo».
El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.
«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», dijo el presidente colombiano.
En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.
El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.
Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.
«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las fuerzas armadas ideologizadas durante más de una década.
Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de la efervescencia nacional por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.
«Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.
Momentos después, Padrino le agradeció por «todo el apoyo brindado».
«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», escribió Padrino en Telegram.
La mandataria encargada designó en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.
González encabezó ante el servicio de inteligencia (Sebin).
Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica y de Vivienda.
«Lealtad y subordinación absoluta»
Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo.
Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión militar de Estados Unidos en la que murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.
Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, juró su «lealtad y subordinación absoluta» a Delcy Rodríguez.
«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó la mandataria interina, sin detallarlas.
Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a carga del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Reformó la ley petrolera y promulgó una amnistía histórica, al tiempo que avanza con cambios en su gabinete y en el ejército, entre ellos los generales que comandan la tropa en las regiones de Venezuela.
Fuerza Armada chavista
Bautizada como bolivariana por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no esconde su politización. Ha tenido entre sus lemas «¡Patria, socialismo o muerte!» y el actual «¡Chávez vive!».
La Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.
Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.
