Internacionales
Biden impulsaría con decretos una mayor apertura hacia los refugiados e inmigrantes que buscan asilo en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará tres decretos que apuntan a las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor y tratarán de rectificar las consecuencias de estas, incluso mediante el establecimiento de un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, según funcionarios de la alta administración.
Los últimos decretos se basan en las acciones tomadas en los primeros días en el cargo de Biden y comienzan a proporcionar una imagen más clara de las prioridades de inmigración de la administración.
«El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur. Fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y falló», dijo un alto funcionario de la administración. «El enfoque del presidente Biden es tratar la inmigración de manera integral, justa y humana».
Horas después de comenzar su presidencia, Biden tomó medidas para deshacer rápidamente muchas políticas de la administración de Trump en una serie de acciones ejecutivas. También envió un proyecto de ley de inmigración al Congreso. Pero su administración ya ha enfrentado obstáculos legales para implementar esas políticas.
La semana pasada, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones, a medida que avanza el caso.
Es probable que los desafíos legales continúen acosando a la administración mientras establece su agenda de inmigración. El martes, se espera que Biden siga sus acciones del primer día abordando la separación familiar, las causas fundamentales de la migración y el sistema de inmigración legal.
También se espera que el Senado confirme a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional el martes, luego de que la votación del lunes por la noche se retrasó debido al clima.
Crear un grupo de trabajo para reunificar familias
Durante su campaña presidencial, Biden se comprometió a establecer un grupo de trabajo enfocado en identificar y reunificar a familias separadas en la frontera México-Estados Unidos bajo la polémica política de «tolerancia cero» de la administración de Trump. El nuevo grupo de trabajo se deriva de esa promesa.
El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y trabajará en todo el gobierno de EE.UU., junto con socios, para encontrar padres separados de sus hijos bajo la administración anterior. CNN informó anteriormente que se espera que la primera dama, Jill Biden, tome un papel activo en el grupo de trabajo.
Se encargará de identificar a todos los niños separados de sus padres o tutores legales en la frontera sur, facilitar y permitir la reunificación de los niños con sus familias y proporcionar informes periódicos al presidente, incluido uno con recomendaciones.
Las consecuencias de la política de «tolerancia cero» que llevó a la separación de miles de familias todavía se sienten hoy. Los abogados no pueden comunicarse con los padres de 611 niños que fueron separados de sus familias por funcionarios fronterizos de EE.UU. Entre 2017 y 2018, según la última presentación judicial en un caso de separación familiar en curso.
«La administración de Biden está comprometida a remediar este terrible daño que la administración de Trump infligió a las familias», dijo un alto funcionario de la administración, calificando la política de Trump como un «fracaso moral» y una «vergüenza nacional».
El Departamento de Justicia también rescindió oficialmente la política la semana pasada en un memorando a los fiscales federales, a pesar de que ya había terminado.
Los casos de familias separadas se examinarán de forma individual para determinar los próximos pasos. «El objetivo del grupo de trabajo es uno, identificar, pero, dos, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden unir las familias, tomando en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración», dijo el funcionario.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
