Internacionales
Biden impulsaría con decretos una mayor apertura hacia los refugiados e inmigrantes que buscan asilo en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará tres decretos que apuntan a las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor y tratarán de rectificar las consecuencias de estas, incluso mediante el establecimiento de un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, según funcionarios de la alta administración.
Los últimos decretos se basan en las acciones tomadas en los primeros días en el cargo de Biden y comienzan a proporcionar una imagen más clara de las prioridades de inmigración de la administración.
«El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur. Fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y falló», dijo un alto funcionario de la administración. «El enfoque del presidente Biden es tratar la inmigración de manera integral, justa y humana».
Horas después de comenzar su presidencia, Biden tomó medidas para deshacer rápidamente muchas políticas de la administración de Trump en una serie de acciones ejecutivas. También envió un proyecto de ley de inmigración al Congreso. Pero su administración ya ha enfrentado obstáculos legales para implementar esas políticas.
La semana pasada, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones, a medida que avanza el caso.
Es probable que los desafíos legales continúen acosando a la administración mientras establece su agenda de inmigración. El martes, se espera que Biden siga sus acciones del primer día abordando la separación familiar, las causas fundamentales de la migración y el sistema de inmigración legal.
También se espera que el Senado confirme a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional el martes, luego de que la votación del lunes por la noche se retrasó debido al clima.
Crear un grupo de trabajo para reunificar familias
Durante su campaña presidencial, Biden se comprometió a establecer un grupo de trabajo enfocado en identificar y reunificar a familias separadas en la frontera México-Estados Unidos bajo la polémica política de «tolerancia cero» de la administración de Trump. El nuevo grupo de trabajo se deriva de esa promesa.
El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y trabajará en todo el gobierno de EE.UU., junto con socios, para encontrar padres separados de sus hijos bajo la administración anterior. CNN informó anteriormente que se espera que la primera dama, Jill Biden, tome un papel activo en el grupo de trabajo.
Se encargará de identificar a todos los niños separados de sus padres o tutores legales en la frontera sur, facilitar y permitir la reunificación de los niños con sus familias y proporcionar informes periódicos al presidente, incluido uno con recomendaciones.
Las consecuencias de la política de «tolerancia cero» que llevó a la separación de miles de familias todavía se sienten hoy. Los abogados no pueden comunicarse con los padres de 611 niños que fueron separados de sus familias por funcionarios fronterizos de EE.UU. Entre 2017 y 2018, según la última presentación judicial en un caso de separación familiar en curso.
«La administración de Biden está comprometida a remediar este terrible daño que la administración de Trump infligió a las familias», dijo un alto funcionario de la administración, calificando la política de Trump como un «fracaso moral» y una «vergüenza nacional».
El Departamento de Justicia también rescindió oficialmente la política la semana pasada en un memorando a los fiscales federales, a pesar de que ya había terminado.
Los casos de familias separadas se examinarán de forma individual para determinar los próximos pasos. «El objetivo del grupo de trabajo es uno, identificar, pero, dos, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden unir las familias, tomando en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración», dijo el funcionario.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
